Entre Burlas y Veras
La marcha de los cuatro
suyos dejó en claro
que sólo las concentraciones
de apoyo al gobierno
consiguen que el presidente Fujimori
abra las puertas de Palacio -y los oídos- a manifestantes.
El jueves 11 quedó demostrado que el presidente Fujimori tiene una alergia a los alcaldes que debería ser médica y políticamente tratada. La exitosa marcha de los alcaldes, en la que el alcalde Alberto Andrade mantuvo bajo perfil con el fin de debaratar los cargos de "politizar" la movilización, culminó con una ostensible demostración de burla por parte del gobierno. Los alcaldes tuvieron que regresar como vinieron, sin que el Mandatario por lo menos preste oídos a sus reclamos. En lugar de eso se dispuso un aparatoso banquete, fotografiado desde todos los ángulos, al que sólo se permitió acceso a catorce burgomaestres, y se delegó al vicepresidente Ricardo Márquez la ingrata tarea de dar el portazo.
Alrededor de medio millar de alcaldes llegaron a las puertas de Palacio. En el medio de la turbamulta, Luis Guerrero, presidente de la AMPE.
CASI cuatro horas habían transcurrido en Palacio de Gobierno cuando el teléfono celular del vicepresidente Ricardo Márquez interrumpió la conversación -que se daba en términos amables pero sin resultados a la vista- entre los 14 alcaldes provinciales encabezada por Luis Guerrero, presidente de la AMPE, y los negociadores del presidente Fujimori. Ya habían comido un criollo cau-cau y expuesto cada uno sus exigencias.
El ministro Jorge Camet, que fue el otro enviado para negociar con los burgomaestres, parecía distraído hasta que vio a Ricardo Márquez hablar nervioso con el Presidente. Desde otro ambiente del Palacio, Fujimori le indicaba que no iba a recibir a nadie.
Alcalde Guerrero: se apresuró en anunciar éxito en la gestión. Ha convocado a un nuevo congreso para febrero.
Ruborizado, el vicepresidente se paró y se despidió diciendo que no se preocuparan, que "de todas maneras el Presidente los va a recibir". Luego Márquez y Camet salieron de la sala. Minutos después un asesor del vicepresidente llamó a Federico Salas Guevara, alcalde de Huancavelica y uno de los coordinadores de la "marcha de los cuatro suyos", para que diera la mala noticia: "Se los dije. Es una mecida, el Presidente no nos va a recibir", comentó Salas.
Ministro Jorge Camet: las espaldas como respuesta y reiteración.
Las mesas en Palacio estaban servidas para un centenar de personas y sólo las ocuparon los alcaldes Luis Guerrero, Federico Salas, Alexander Kouri del Callao, José Aguilar de Piura, Jorge Chávez de Iquitos, Róger Cáceres de Arequipa, Cristala Constatinides de Moquegua, Luis Beltrán de Abancay, Alejando Marín de Huaral, Luis Gonzales de Cusco, Eduardo Carhuarica de Pasco, Virgilio Purizaga de Pacasmayo, Walter Santa Cruz de Ambo y Leonardo Inga de Yurimaguas y algunos ubicuos fotógrafos que se dedicaron a tomar fotos a la rala asistencia.
Se habían impartido órdenes estrictas de que no se deje entrar a más alcaldes.
Afuera, como se esperaba, presuntos ex trabajadores municipales se desgañitaban lanzando puyas contra Alberto Andrade. Versiones interesadas informaban que el presidente Fujimori estaba atendiendo a una comisión de alcaldes, por lo que los integrantes de la marcha empezaron a festejar al compás de huaynos. Sin embargo, las tres horas de espera, bajo un sol inclemente, hizo que muchos de los asistentes a la marcha empezaran a retirarse de la Plaza Mayor.
"¿Ahora qué les decimos a los que nos esperan afuera?". Fue entonces que Kouri habría sugerido informar que en unos 15 días y tras la conformación de comisiones de trabajo, el petitorio de siete puntos sería resuelto.
En efecto, eso fue lo que se dijo a la salida de Palacio de Gobierno. Entonces nadie reparó que Kouri hizo mutis por el foro. Federico Salas por su parte no soportó una segunda mecida y tampoco asistió a la conferencia que se realizó seguidamente en el Municipio Metropolitano.
Guerrero ratificó lo pactado. Pero la alcaldesa de Moquegua Cristala Constantinides se puso de pie y desmintió al presidente de la AMPE diciendo que habían caído en una trampa. Constantinides llegó a decir que "está claro que con esto Kouri ya se ganó un espacio en Cambio 90". Para entonces la concurrencia ya estaba al tanto de las declaraciones del ministro Camet: "el Presidente ha sido bien claro en el sentido de que no se va a desactivar el ministerio de la Presidencia y no habrá ninguna comisión de trabajo con los alcaldes".
Alberto Andrade, discreta participación para no dar pie a versiones sobre "politización" de la marcha.
Alberto Andrade se mantuvo al margen. Un día antes de la marcha, el miércoles 10, a última hora hubo una reunión en su casa. Asistieron Fernando Andrade, Pablo Gutiérrez y Luis Guerrero, cada uno con sus respectivos asesores. Se planteó entonces que si no se lograba hablar con el Presidente, habría que organizar una misa en la Plaza con el cardenal. El arzobispado aceptó, pero el cardenal estaba de viaje así que se realizaría con un representante. Andrade dejó en claro que no iba a entrar a Palacio. No quería alimentar las versiones oficialistas de un aprovechamiento político de su parte.
Sin embargo el hecho es que las demandas de los alcaldes no parecen tener solución a la vista. El martes 16, se habría acordado una reunión entre algunos alcaldes provinciales y el vicepresidente Ricardo Márquez para el 29 de diciembre a las 4 p.m. para seguir con las negociaciones "iniciadas" en Palacio.
Esta vez los alcaldes irán con dos proyectos de ley que pondrán nuevamente en jaque a Márquez: el primero es para que los alcaldes puedan estar facultados para usar fondos de partidas distintas a cargo de dar cuenta al consejo municipal y a la Contraloría, algo similar por cierto al mecanismo autorizado por los Decretos de Urgencia que suele dar el Ejecutivo para la compra de maquinaria sin licitación. Esto para evitar que los alcaldes terminen con el acoso fiscal que ha llevado a algunos alcaldes a juicios penales. El segundo pedirá que los organismos públicos transfieran obras importantes a los gobiernos locales, como las carreteras. En este caso la planificación y la supervisión las haría el Ejecutivo y la ejecución el municipio respectivo.
