Por HAROLD FORSYTH
Hasta Quemar El Ultimo Cartucho

LOS acontecimientos vinculados con la compleja y delicada relación civil-militar han vuelto a poner sobre el tapete hechos y situaciones que tienen que ver, de modo directo, con el paradigma de un sistema democrático pleno y cabal como objetivo prioritario para la sociedad peruana.
Es cierto que el proceso de democratización que se inició en América Latina a fines de los años setenta muestra una región gobernada, con la sola excepción de Cuba, por jefes de estado y congresos elegidos por el voto popular. Pero, asimismo, no es menos cierto que las fuerzas armadas de la mayoría de los países latinoamericanos mantienen intactas su condición de poder fáctico, es decir, más allá de lo que expresamente señala la ley.
Esta realidad es una consecuencia de la flaqueza de las estructuras políticas ya que los espacios que dejan en su capacidad de decisión son llenados por los ejércitos que tienen, como valor añadido, un sentido de disciplina, espíritu de cuerpo y autopercepción mesiánica.
Esto ha sido particularmente notorio, por ejemplo, en la rebeldía del general paraguayo Lino Oviedo que sólo se resignó a dejar el Ejército luego de una agresiva presión de los Estados Unidos. El incidente protagonizado hace pocos meses por el general colombiano Harold Bedoya, que se resistió -sin éxito- a la autoridad del presidente Samper es, asimismo, un ejemplo representativo de una clara vocación de "separación de poderes" cuyo epítome es el general Pinochet.
Por todos estos hechos comentábamos, en un artículo anterior, que la estabilidad democrática de nuestras sociedades no sólo depende de la capacidad de ser eficientes sino, principalmente, de la posibilidad de dotar a las fuerzas armadas latinoamericanas de una nueva doctrina mejor ajustada a los requerimientos del siglo XXI y que les dé nuevas razones para existir luego del fin de la Guerra Fría. Por eso es que la reforna debe llegar también a la Fuerza Armada.
El enfrentamiento entre el Presidente de la República y el comandante general del Ejército se inscribe en este contexto y no es otra cosa que la onda expansiva del 5 de abril de 1992, fecha que equipara a Fujimori y Hermoza al convertirlos en socios de una empresa plagada de dificultades e incertidumbres. La suerte de uno está, en consecuencia, indisolublemente ligada a la del otro, como los siameses.
Pero la suerte del Perú y de la democracia no puede ni debe ajustarse al conflicto limítrofe entre dos personalidades. Aquí tenemos un problema concreto que es, simplemente, nuestro desconocimiento del rol que la fuerza armada se dispone a jugar en el proceso de transición democrática y de transferencia del poder en el año 2000.
Como la suerte del actual conflicto entre el Ejecutivo y el Ejército parece haber concluido en un virtual empate y en una recíproca neutralización, es escaso el margen de maniobra de la civilidad o de la clase política para modificar este hecho. No obstante, cualquier participación de fuerzas opositoras en el proceso electoral del año 2000 debe pasar por una definición previa del rol militar en el entendido de que los efluvios del 5 de abril deben culminar con la instalación del nuevo gobierno, libre de pecado original.
El coronel Bolognesi, en el cuarto de la respuesta, se negó a rendirse y aseguró al enemigo que cumpliría con sus deberes hasta quemar el último cartucho. Casi 120 años después, cabe preguntarse cuáles serían sus deberes en la hora presente. En todo caso, el último cartucho de la civilidad reside en que se asegure un proceso electoral transparente y serio para el año 2000. Coadyuvar a ese objetivo es un deber sagrado que cumplir y el país espera que la fuerza armada lo tenga presente.

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