Mar de Fondo


Cruzando El Umbral
Caso Cesti llega a la Corte Interamericana de DDHH y este viernes el caso Ivcher por seguir sus pasos.

A las 11 de la mañana del lunes 12, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció formalmente al gobierno peruano ante la Corte de San José de Costa Rica, por no acatar una acción de Hábeas Corpus que concedía la libertad a Gustavo Cesti Hurtado. Y es que la Comisión, con sede en Washington y compuesta por juristas de la talla de Claudio Grossman (decano de la facultad de Derecho de la American University de Washington), Robert Goldman, Oscar Fappiano (procurador de los DDHH en Argentina), etc., el primero de noviembre había emitido un informe en el que recomendaba al gobierno "ejecutar de inmediato la resolución de Hábeas Corpus emitida por la Sala Especializada de Derecho Público de Lima de fecha 12 de febrero de 1997, a favor de Cesti y en consecuencia disponer su libertad, dejar sin efecto el proceso que se le inició ante el fuero militar y las conclusiones a las que en ese proceso se ha arribado".

Gustavo Cesti: civil condenado por militares pese a indicios que apuntaban a Ernesto Miyagusuku.

Además la Comisión recomendaba indemnizar a Cesti e informar del cumplimiento de las recomendaciones en el plazo de un mes. Pero esto no sucedió, más aún el gobierno peruano pretendió recurrir a argumentos seudolegales para no aplicar el Hábeas Corpus, lo que le ha valido ganarse otra denuncia internacional ante la Corte Interamericana de DDHH, que ya falló por lo menos en dos oportunidades anteriores (Caso Páez y María Elena Loayza) contra el Perú, obligando al gobierno a acatar indefectiblemente la sentencia y sufragar las respectivas indemnizaciones con dinero del erario nacional.
Por otra parte, este viernes 16 es la fecha límite para que el gobierno responda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de la nacionalidad peruana al empresario Baruch Ivcher Bronstein. Por lo pronto, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema ha desestimado el recurso de queja presentado el mes pasado por el accionista mayoritario de Frecuencia Latina, en torno a la administración de dicho canal otorgada a los hermanos Mendel y Samuel Winter.
 El congresista Javier Diez Canseco (IU), quien presentó la denuncia en setiembre pasado ha manifestado que si el gobierno no atendiera las objeciones del prestigioso organismo internacional, el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  • Un estudio reciente de CEPAL ("La brecha de la equidad") señala que durante los años '90 sólo en cuatro países de Latinoamérica el gasto social fue menor al promedio de la región: Perú, Bolivia, Guatemala y Nicaragua. En los tres primeros, sin embargo, hubo un incremento respecto al inicio de la década anterior, mientras que en el último se registró una caída. Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, en cambio, incrementaron el gasto social sobre el promedio. El Perú está considerado entre los países de la región de gasto social medio: alrededor de 7% del PBI y US$ 160 per cápita. Los países de gasto social alto destinan en promedio para gasto social entre US$ 225 y US$ 705 per cápita.

  • La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo -incluyendo documentos valorados y notas de crédito negociables emitidas por SUNAT y Aduanas- pasó de 2,510.9 milllones en 1995 a 2,729 en 1996 y 3,037.4 a noviembre de 1997.

    LA PALABRA DEL MUDO

    El fantasmal presidente de Petroperú, Jorge Kawamura, acaba de confirmar el anuncio presidencial sobre la reducción del precio de los combustibles. Esta rebaja tiene dos componentes:

  • Un tardío reflejo del descenso de los precios internacionales del petróleo.
  • Una modificación de la estructura del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que venía perpetuando una distorsión: el consumo de combustibles que el país no produce. Léase kerosene en desmedro del consumo de gas licuado de petróleo (GLP) y petróleo pesado.
    Esta última medida, por cierto, tiende a crear el clima adecuado para cerrar el trato definitivo con el consorcio Shell-Mobil para la explotación de Camisea. El relevo de Alberto Pandolfi por Daniel Hokama en el ministerio de Energía y Minas parece apuntar en esa dirección. Pero esta reducción es parte de una lista más extensa que todavía está en el tintero. Además, desde luego, del requisito sine qua non: el desarrollo de un mercado que cubra la oferta inicial de gas seco. Pese a la premura del tiempo -quedan apenas unos meses para sellar el acuerdo- hay mucho pan por rebanar.
    En cuanto a la rebaja de la gasolina, si bien algunos grifos han variado susprecios en general no se oye padre. Los beneficios de la libre competencia no se sienten. Indecopi tiene la palabra.

    A TODAS LUCES

    Posta en el Colegio de Abogados: Vladimir Paz de la Barra y Delia Revoredo.

    Una concurrencia mayor de la habitual en actos similares (alrededor de dos mil personas) fue el marco de la juramentación de la primera decana en la historia del Colegio de Abogados de Lima, Delia Revoredo. Hubo asistentes e inasistentes notorios. Entre los primeros, titulares de los gremios empresariales (CONFIEP, SNI, CCL) y de organismos como el JNE, CNM y Fiscalía de la Nación, y entre los segundos, el presidente de la Corte Suprema, Víctor Castillo, y el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, ambos miembros de la Orden, y el factótum de la reforma judicial, José Dellepiane. Dos colegas de la Revoredo, el alcalde Alberto Andrade, y el ex secretario general de las NN.UU., Javier Pérez de Cuéllar, cosecharon nutridos aplausos del auditorio. En represntación del Ejecutivo solamente asistió la titular de Indecopi y secretaria ejecutiva de Promperú, Beatriz Boza, ex alumna de la decana.

    SAGRADA FAMILIA

    Magistrado Francisco Acosta: el vínculo sanguíneo por sobre todas las cosas.

    Francisco Acosta Sánchez, quien presume de ser presidente del Tribunal Constitucional, aunque en rigor es solamente vicepresidente encargado de la presidencia, diligentemente solicitó la semana pasada al Congreso que complete el disminuido organismo. Esto a pesar de que existe una acción judicial de sus ex colegas Manuel Aguirre y Guillermo Rey para ser restituidos.
    Acosta, pues, ejerce el cargo en toda su plenitud. Y tanto, que a la hora de contratar al personal que labora en su oficina habría optado por respetar escrupulosamente el vínculo sanguíneo. Esto, por cierto, en contra de las normas administrativas contra el nepotismo.
    Se sabe que Patricia Chávez Acosta y Fernando Delgado Acosta, laboran como secretaria y asesor del magistrado Acosta, respectivamente.
    Además Acosta ha incorporado a su equipo de trabajo a la abogada Giuliana Lastres Silva, a quien al parecer no le une vínculo familiar alguno. Pero, en cambio, existe una relación anterior.
    Lastres fue nada menos que asesora de la congresista Martha Hildebrandt cuando ésta preparaba la acusación contra los magistrados Aguirre, Rey y Delia Revoredo, que culminó con la destitución de estos últimos.
    Al parecer el profesionalismo demostrado por Lastres impresionó a Acosta.
    En febrero el Tribunal Constitucional entrará en vacaciones. Todo parece indicar que recién en marzo, por indicaciones de Acosta, se verá la Acción de Amparo presentada por la congresista Anel Townsend y trece periodistas sobre el espionaje telefónico. Para entonces Acosta contará nuevamente con su capacitado personal.

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