Por AUGUSTO ELMORE
Siempre pensé -y creo haberlo afirmado en esta página- que los peruanos no deberían recurrir a tribunales del exterior para lavar los trapos sucios de la casa. Pero ahora estoy convencido de que ya no existe otra vía, por cuanto la manipulación de la justicia en el país ha llegado a tal extremo que aquel parece el último recurso para hacerse oír. La actitud servil del actual Parlamento es cómplice de todo esto. Así, tal como van las cosas, la gente va a empezar a asilarse por docenas. La gente digo, menos Siura y compañía. Aunque quizá más tarde les llegue la hora de asilarse a ellos, junto a ciertos jueces prevaricadores de los que hay que hacer desde ya una lista.
Y más de lo mismo: el Consejo Supremo de Justicia Militar parece integrado por enemigos del Perú. Su solicitud de que el gobierno se aparte del Convenio de Costa Rica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la imagen del Perú. ¡Ni que fueran senderistas!
Atribuir el despoblamiento de algunas zonas rurales a la política informativa sobre métodos anticonceptivos, como hacen dos parlamentarios vinculados al extremismo católico, es un verdadero abuso de confianza. Ese despoblamiento obedece sin duda a las características económicas de dichas regiones, que obligan a la migración campesina, y no a que el Estado haya logrado imponer una meta de fecundidad. Y es probable que se deba más a la falta de utilización de la penicilina que al exceso en el uso de métodos anticonceptivos, inimaginable en dichas zonas, por cierto. Al parecer el fanatismo religioso es capaz de hacer perder la cordura. Lo digo con todo afecto y respeto a ambos parlamentarios. Lo que pasa es que yo no comulgo, y menos con ruedas de molino.
Uno de esos parlamentarios defiende su proyecto diciendo que "El Estado metido entre las sábanas de sus ciudadanos no resulta jamás un consejero desinteresado". ¿Y la Iglesia sí? ¿Ella sí tiene derecho de meterse entre esas sábanas, como insiste en hacerlo? Es por esa razón que dicho parlamentario propone una ley que pretende impedir que se informe acerca de los métodos de control de la natalidad en nada menos que 145 provincias peruanas. Lo que están haciendo quienes han presentado ese proyecto es coactar el libre albedrío de un buen número de peruanos, haciéndoles imposible el acceso a la inormación que necesitan para saber cuántos hijos tener, y no sólo los que les manda Dios, o la borrachera del sábado. ¿Es que acaso la verdad no nos hará libres?
Lo que se pretende en verdad es que sólo los curas, en el púlpito o el confesionario, manejen la natalidad de los peruanos. ¡A más peruanos, más católicos!, ésa debe ser la consigna.
Leo que encapuchados asaltaron Villa Mercedes, la casa del fundador del Apra. Deben haber sido agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), buscando a Haya de la Torre.
Un juez provisional pero supremo, de controvertida actuación en innumerables casos (el último vinculado al fallo alterado que aparentemente hizo firmar a cinco colegas supremamente distraídos), posee según me entero por la televisión una lujosa residencia en Monterrico. ¿De dónde pecata mea? De la sacristía ha de ser, pues.
¡Uy, qué audaz y crasa ignorancia la mía!: no saber que el señor Humberto Enrique Pejovés Macedo había tramitado y obtenido él solito, a sola firma, un préstamo de 6'5 millones de dólares para el Callao en su calidad de Gerente General de ESLIMP-Callao S.A., motivo por el que se siente merecedor de la alcaldía de esa Provincia Constitucional. Creo que mejor espera un poco, y se propone para la Presidencia de la república. No se merece menos.
¿Se acuerdan que no hace mucho me referí a los ingentes recursos dispendiados en avisos esotéricos publicados por doquier por el Reniec? ¿Se acuerdan de que sugerí que ese dinero debería haberlo invertido en algo más práctico, como informar a los ciudadanos la forma de obtener su nueva libreta electoral, documento nacional de identificación o como se termine llamando? Ahora, como resultado, tenemos este bolondrón en el que hasta el momento no se sabe con qué documento se identificarán los peruanos en el futuro. A ese organismo público, y a su controvertido director, debería otorgárseles el Premio a la Ineficiencia, que desde ahora sugiero sea instituido. Si hay a la Innovación, ¿por qué no a la Ineficiencia, que distingue a tantos?
