Un Error de Grueso Calibre
El personalismo de Alberto Fujimori expone una vez más al país a una situación de división y enfrentamiento cuando el problema de la delincuencia pedía unidad y consenso. Y eso por incontrolable apetito político.

Sábado 9, cruce de Risso y Merino en Lince, 5 p.m. Una gavilla de delincuentes ametralló a un grupo de cambistas. Jhony Bocanegra cayó muerto. En los últimos 15 días la delincuencia segó por igual la vida de empresarios e inocentes de todas las clases sociales.

SIETE horas de debate entre el lunes y el martes pasados bastaron para que el Ejecutivo obtenga las facultades delegadas que le permitirán legislar en materia de seguridad ciudadana, saltándose a la garrocha no sólo al Legislativo que renunció el martes a sus potestades, sino también a las municipalidades y a la propia institución policial.
El clima que se fue generando desde hace dos semanas, después de que el presidente Alberto Fujimori sostuviera la necesidad de someter toda la estrategia contra la violencia y la delincuencia en las calles al arbitrio del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), inclinó la balanza a favor de una legislación drástica y pronta que haga frente al problema.
Desde hace más de un mes se debatía el punto: ¿cómo articular una estrategia para hacer frente a la ola de violencia que sacudía a ciudades del interior y, principalmente, a la capital? ¿Cuáles eran las causas y cúales los remedios?
Especialistas de toda índole coincidieron en que se precisaba de un plan nacional, que ya había sido planteado al cerrarse virtualmente la lucha antiterrorista con la caída de Sendero Luminoso y la prisión de Abimael Guzmán.

Arriba: congresistas Agustín Mantilla, defensor de la Policía Nacional, y Enrique Chirinos Soto, con renovado brío acusatorio. Seguido: congresistas Henry Pease y Luis Delgado Aparicio, las razones y las sinrazones que al final valieron de poco. La mayoría se impuso por 57 votos contra 24.

El gobierno había seguido una estrategia poco comprensible con relación a la Policía Nacional. Desde diversas posiciones se señalaba que la postración policial iba a conducir a un progresivo aumento de la delincuencia común, con el previsible añadido de ex narcotraficantes que se sumaban a las bandas criminales y de ex terroristas que devenían en gavillas de mercenarios.

Ministro del Interior, José Villanueva Ruesta. El silencio es lo de menos.

En 1996, al asumir la función de Director General de la PN, el general Antonio Ketín Vidal encareció la urgencia de un plan de seguridad y todo parecía encaminado a devolverle a la PN funciones primordiales, equipamiento y un programa de formación que le cambiara el rostro de necesidad y abandono.
En ese mismo año, y ante una solicitud del congresista PAP Lastenio Morales Costa, el entonces ministro del Interior general Juan Briones Dávila señalaba en un oficio de digna recordación que "La PN ha formulado un Plan Marco de Seguridad Ciudadana: orientado a potenciar las unidades Policiales, lo que implica optimizar el rendimiento del personal PNP en base a una mejor capacitación, renovación de procedimientos, adecuado entrenamiento y efectivo control, así como el mejoramiento de las coordinaciones y colaboración de la PNP con los municipios,visando fomentar la participación ciudadana en la solución de los problemas propios de la comunidad".
¿Qué fue de todo ello? Cayó en saco roto. El primero en renunciar a su función primordial de velar por la seguridad interna fue el gobierno. Y esta postura no era producto del descuido o la desaprensión sino que respondía a motivaciones mucho más complejas, a las que no eran ajenas las expectativas reeleccionistas del primer mandatario y de la cúpula palaciega que digita las cosas con sentido previsor aunque torcido.
Cuando hace dos meses la ola delictiva reveló la gravedad, extensión y virulencia del cáncer de la violencia, empezó a deslizarse una idea que, por cierto, se había ido precocinando en alguna oficina de las muchas que se subordinan al asesor Vladimiro Montesinos. Así como se triunfó ante el terrorismo (que le valió a Alberto Fujimori la reelección y el continuar navegando con una opinión pública favorable) era llegado el momento de restablecer la normalidad de la vida ciudadana, con mano dura y presteza, a lo largo de 1998. Ese éxito le abriría las puertas a una segunda reelección del ciudadano Fujimori.
No hay duda, pues, que la aprobación de las facultades delegadas es el producto de una trama perfectamente delineada con anterioridad, a la que no sería ajena una operación psicosocial consistente en inclinar a la opinión pública a una solución militarista, con eventual suspensión de garantías constitucionales, modificaciones judiciales y reformas de la Policía y del servicio de serenazgo.
A todo esto el propio Fujimori le ha llamado una acción rápida para evitar que la grave cuestión se politice. Una inversión copernicana de los términos, puesto que el primero en politizar el punto es el propio gobierno que utiliza un problema sentido por todos para hegemonizar una solución personalista. El salvador de las aguas turbias, otrora rojas de sangre por el terrorismo o color cholocate por obra de la naturaleza, era naturalmente el mismo gran actor: Alberto Fujimori.
Las filas gobiernistas rechazan estas explicaciones, primero, porque reniegan de una intención tan riesgosa y, segundo, porque niegan que exista un programa tendiente a reducir a la nada a los únicos que, mal que bien, con problemas y debilidades, han salido al frente de la delincuencia: la Policía y los municipios.
¿Tiene alguna lógica sospechar que la multiplicación de hechos sangrientos en las últimas dos semanas, que culminaron con la muerte del empresario minero Luis Hochschild, el rapto de su hijo, y los asesinatos a mansalva de varios cambistas, no son producto del azar? ¿Y que las respuestas policiales y las explicaciones de inteligencia fueron urdidas con el fin de demostrar que se vivía una situación insostenible que exigía punición y excepcionalidad jurídica?
No se precisa pensar mal, pero el comunicado de la familia Hochschild deja entrever que, de un lado, se agradece a la PN -no se hace expreso reconocimiento del gobierno en su conjunto- y de otro (pese a las noticias contradictorias de que no bien liberado el hijo del empresario asesinado ya se detectaron a las bandas que produjeron el hecho criminal) que se esperaba se diera con los criminales y los captores, desautorizando indirectamente las versiones antojadizas propaladas desde fuentes policiales teledirigidas.
A la oposición parlamentaria le ha sido difícil ir contra este operativo porque de inmediato iba a ser catalogada como reacia a una solución drástica. El vocero privilegiado del gobierno, el congresista Enrique Chirinos Soto, presidente de la Comisión de Constitución, no tuvo empacho en hacer las veces del chacal político tildando a la oposición de "Celestina del terrorismo", lo que constituye un cargo injusto aun cuando el debate hubiera estado demasiado caldeado.
Y por más que el oficialismo se empeñe en argumentar que el tiempo apremia, el expediente de yugular instituciones y procedimientos para darle gusto a Alberto Fujimori tiene una resonancia interna y exterior lamentable. La familia Hochschild ha marchado a Santiago de Chile de inmediato (en la capital sureña las informaciones fueron particularmente ácidas), el sector empresarial local no ha dejado de resentir la presunción que podrían haberse movido hilos para aprovechar este hecho desafortunado con fines políticos.
Y en el exterior la imposición del Ejecutivo añade argumentos a quienes como la administración costarricense -que dio finalmente asilo a la familia Mur-Revoredo, reconsiderando incluso su primigenia tibieza frente al gobierno peruano-, los organismos defensores de derechos humanos tipo la Junta Interamericana de la OEA, la Corte Interamericana de San José, y el propio Departamento de Estado norteamericano vienen estudiando con detalle el caso peruano.
No cabe duda que el país vive una situación de emergencia, que por lo mismo exige una concurrencia de la ciudadanía y de las instituciones primordiales de nuestra condición democrática. Se ha insistido hasta la saciedad que a las causas estructurales (el modelo económico que privilegia a los que más tienen y conduce a la exasperación a grandes capas marginadas de la población) se añaden fenómenos como la informalidad generalizada, la ilegalidad, el violentismo del narcotráfico y los remanentes espúreos del terrorismo. Frente a este conjunto complejo, las respuestas no pueden ser unilaterales por lo mismo que suponen varios tipos de delincuencia en grados, extensión y ubicación diferentes. Asimismo que en estos años, la violencia ha sido respondida con el concurso de la Policía y sus servicios especializados y con el serenazgo que se complementa con dicha acción.
¿Puede todo esto borrarse de un plumazo? ¿Por qué dejar sin iniciativa a los propios ciudadanos, con sus rondas y sus municipios? El gobierno se ha echado al hombro una vez más un pesado fardo y ha creado una situación política que divide y enfrenta a los peruanos. Un mal comienzo para una acción que se reclamaba de unidad nacional. Ese es el estilo con el que se dispara el régimen de Alberto Fujimori y su guía iluminado Vladimiro Montesinos.

Crimen en Cifras
Evolución y métodos de acción de los secuestradores.

USAN celulares, autos del año -que previamente han robado- y armas sofisticadas. Sus primeras víctimas las ubicaban en cualquier calle, casi siempre con la intención de exprimirles hasta el último céntimo de sus ahorros, a través de retiros inmediatos en cajeros automáticos. Más tarde, centraron la mira en los gerentes y administradores de entidades bancarias.
Ensayando nuevas estrategias -aparentar, por ejemplo, ser hombres de seguridad-, estas bandas de secuestradores han llegado incluso a proveerse de armas tipo AKM o FAL, que superan largamente a los humildes revólveres policiales. Pese a esto y sólo en lo que va del año, la Divise (División de Secuestros) de la PNP ha logrado desbaratar a no menos de 20 bandas de secuestradores al paso, entre cuyos cabecillas se encuentran, Enrique Ramos (a) "Kike", Eduardo Jiménez Aguirre (a) "Arroz con Leche" y Juan de La Cruz Sánchez (a) "Lagarto Juancho".
Y mientras que en 1997 se registraron 116 secuestros al paso -78 de los cuales fueron resueltos-, sólo entre enero y marzo del presente año se habrían producido no menos de 50.
De otro lado, de los aproximadamente 63 secuestros típicos -negociación con retención de la víctima- detectados por la Policía entre mayo de 1997 y mayo de 1998, se establece que estas bandas delictivas no sólo buscan a sus víctimas en los distritos medios y altos, sino también en los populares. No obstante que los casos más sonados se han producido en zonas residenciales.
Si las víctimas son empresarios, éstos son plagiados tanto al salir de sus casas (distritos altos), como cuando ingresan o salen de las fábricas de su propiedad (ubicadas en zonas industriales).
Otro detalle del accionar de estos grupos tiene que ver, además, con la frecuencia en que se producen los secuestros. Así, por ejemplo, en 1997 se registraron dos plagios el 4 de mayo, el 30 de julio, el 24 de agosto y el 30 de diciembre.
En 1998 se produjeron dos secuestros el 26 de enero y tres, el 30 del mismo mes. Entre el 4 y 5 de febrero hubo 4 plagios.
¿Por qué se producen dos o tres secuestros el mismo día? Acaso esto tiene que ver con que las bandas criminales disponen de armas de guerra que, en realidad, no son de su uso exclusivo? Un elemento más que abona a la especulación es que existen "services" que alquilan armas al gusto del cliente. En este caso a delincuentes organizados.
Es evidente, también, que la profesionalización de estos grupos criminales y su desusado poder de fuego, se ha convertido en una amenaza que afecta a todos por igual. La solución, por lo tanto, nos compete a todos. No estaría de más tomar propias precauciones. (Rosa Vallejos).

El Show del SIN
Hasta que se le vio al Asesor en las pantallas de TV.

Asesor Vladimiro Montesinos, planeada aparición televisiva.Le llovieron inusitadas alabanzas de las filas fujimoristas.

PESE a que los corifeos no se cansaron de decir que se trataba al fin y al cabo de un "ser de carne y hueso", de una inteligencia taladrante, la aparición el domingo del "responsable de la inteligencia" Vladimiro Montesinos en la pantalla chica fue un acontecimiento que le hace un flaco servicio.
Voz atiplada, parquedad en los gestos, un remoto acentillo mistiano, no estuvimos los televidentes ante un expositor asombroso sino frente a un doctor en lugares comunes y con inevitable aire provinciano. Un cruel francés le habría endilgado el epíteto de parvenu, pero habría exagerado puesto que de llegar ya llegó. Rodeado de ministros, fue la estrella de la cita de abril ante el Zar Antidrogas Barry MacCaffrey. Más articulado que el general victorioso, habló sin embargo un burócrata en cuyas manos el gobierno -harto escaso de cuadros relevantes- ha puesto gran parte del destino nacional. No hay ni un ogro ni un oráculo. Sólo carne y hueso. Para algunos el comienzo del SIN, para otros el comienzo del fin.