Sí, derecho a la CIDH
Demanda contra Estado peruano por vulneración de la institucionalidad se presentaría esta semana.
Delia Revoredo presentaría denuncia e informe sobre la situación de los derechos humanos.
Este jueves 9, en Washington D.C. la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Revoredo, presentaría la demanda contra el Estado peruano por la vulneración de la institucionalidad democrática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha denuncia está suscrita por los decanos de los colegios de abogados de todo el país, el alcalde de Lima, Alberto Andrade; el presidente de AMPE, Luis Guerrero Figueroa; el secretario general de la GTP, Juan José Gorriti, entre otros dirigentes gremiales. Junto con la denuncia presentará un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Estas acciones se producen menos de 48 horas después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Javier Valle Riestra, ante el pleno del Congreso. Revoredo, al parecer, habría decidido esperar a que éste concurra al Parlamento antes de pasar a los hechos.
Mientras la decana del CAL se disponía a presentar la denuncia y el informe mencionados, Peter Archard, del programa regional para América de Amnistía Internacional, hizo saber su posición respecto a los casos de Revoredo y su esposo Jaime Mur. "Toda la información que la organización ha recibido sobre este caso indica que tanto el señor Jaime Mur Campoverde como la doctora Delia Revoredo estarían siendo hostigados por razones políticas. Según Amnistía Internacional, estos abusos están íntimamente relacionados con el hecho que la doctora Delia Revoredo, en calidad de miembro del Tribunal Constitucional, notase en contra de que el señor Presidente Alberto Fujimori tuviese el derecho constitucional de presentarse en el año 2000 como candidato presidencial, y también por haber denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los recortes al Consejo de la Magistratura", señala.
RECONSTRUCCION Y RENUNCIA
Luis Hidalgo: roce con ministro Rodolfo Muñante habría motivado adiós a COFIDE.
Ha trascendido en medios finacieros que Luis Hidalgo Viacava habría presentado su carta de renuncia a la presidencia de Cofide como corolario de una seria desavenencia con el ministro de Agricultura, Rodolfo Muñante. Este habría solicitado recursos adicionales a Cofide para la compra de equipos y maquinarias que debían ser utilizados en el programa de reconstrucción post Niño. Pero, al parecer, el crédito requerido no estaba bien sustentado técnicamente, por lo que Cofide no lo aprobó. Sin embargo, las presiones políticas habrían sido tales que Hidalgo decidió renunciar. Luis Baba Nakao, quien ya ha desempeñado cargos importantes en áreas financieras del gobierno, sería su sucesor. En febrero pasado, Hidalgo había anunciado que Cofide ofrecería una línea de crédito por US$ 100 millones apara atenuar el impacto de El Niño, para después agregar una reprogramación de los créditos otorgados a través de las cajas rurales y municipales, que implicaba otros US$ 25 millones, en las zonas afectadas por el fenómeno. Pero cuando a fines de junio se supo que reconstruir el país demandaría un presupuesto no menor de US$ 1,500 millones y un plazo de tres años, se habría decidido presionar a Cofide precipitando la renuncia de Hidalgo.
SE BUSCAN ACCIONISTAS
El Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso para que todas las empresas que tengan accionistas que no hayan reclamado sus acciones, asuman la responsabilidad de buscarlos. El anunció el ministro de Industria, Gustavo Caillaux, en nombre del ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca, que le dejó su discurso para irse a Gran Bretaña con Fujimori.
La medida es mérito del congresista Antero Flores Aráoz, quien ha venido reclamando que se preserven los derechos de los accionistas de Telefónica del Perú "perdidos". Un funcionario de Telefónica del Perú, mencionó que hay alrededor de 120 millones de acciones de accionistas "no habidos" -5% de las acciones de la empresa- lo que equivale a cerca de US$ 250 millones. Caillaux informó que si Telefónica no encuentra a los accionistas, las acciones deberán pasar al Poder judicial, quien eventualmente las determinará en abandono. En ese caso, revertirán al Estado, que las venderá mediante el sistema de participación ciudadana y destinará los fondos a la lucha contra la pobreza. El ministro también dijo que la Comisión Nacional de Empresas y Valores, Conasev, se encarga de vigilar que la búsqueda sea efectiva. Por si acaso.
MESA SERVIDA
Víctor Joy Way: le espera delicada agenda como presidente del Congreso.
Dos listas llegaron a manos de Fujimori el domingo 5, con sendas propuestas para integrar la próxima directiva del Congreso. Una presidida por Víctor Joy Way e integrada por Oscar Medelius, Juan Hermoza Ríos y Luz Salgado. Otra encabezada por Oswaldo Sandoval, secundada por Ricardo Marcenaro, Carlos Blanco y Carmen Lozada. Fujimori se habría decidido inicialmente por la primera, pero Carlos Torres y Torres Lara habría mediado para que ambas se integraran dejando en el camino a los congresistas vinculados al SIN. Así, Marcenaro y Blanco habrían logrado cupo en lugar de Medelius y Hermoza.
El miércoles 8, a manera de calistenia, Joy Way tuvo a su cargo la exposición "Aporte orgánico del Congreso de la República en la reconciliación y rediseño de las instituciones nacionales" en el marco de un seminario organizado por la UNI.
El manejo del cargo no es un arcano para él: en 1996-1997 lo ejerció, imbuido inicialmente de ánimo contemporizador. Pero las cosas cambiaron cuando se aprobó la Ley de interpretación auténtica, entre otras perlas inconstitucionales. Luego, al final de su gestión, la agencia Ansa difundió alusiones suyas a un plan de gobierno de largo plazo (20 a 30 años). Joy Way aclaró que se había referido a un "plan nacional de desarrollo de largo plazo", y seguidamente partió a Harvard por varios meses.
Ahora el tema volverá a su agenda, pues la mayoría -si cumple con el emplazamiento de Javier Valle Riestra- deberá revisar, la cuestionada Ley de interpretación auténtica, entre otras que vulneran la institucionalidad del país.
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