Razón Ibérica
A siete días de la visita del presidente del gobierno español, el Defensor del Pueblo de ese país, Fernando Alvarez de Miranda y Torres, pone el punto sobre las íes.
CARETAS conversó con el Defensor del Pueblo español. Abogado de profesión fue presidente de la Cámara de Diputados de 1976 a 1979, cuando se redactó la Constitución española. Luego fue diputado por el partido de la mayoría, la Unión Centro Democrática que lideraba Adolfo Suárez hasta 1982. En el año '86, es uno de los fundadores de la Democracia Cristiana, y luego el presidente Felipe González le ofrece ser embajador en El Salvador en la presidencia de Napoleón Duarte. Fue nombrado Defensor del Pueblo de España el año 1994. Su mandato termina con el siglo. Tiene la posibilidad de ser reelecto, pero no piensa ir a la reelección. "Yo no soy candidato, creo que a los hombres hay que renovarlos, el permanecer en el poder no es bueno. Estuvo confinado por el general Franco en la isla de Buena Ventura por combatir a la dictadura. "Puedo haberme equivocado en muchas cosas pero el orgullo de ver restaurar en mi país el Estado de Derecho me compensa en todos los puntos", confiesa.
Diego García Sayán de la CAJ, Carlos Ayala, presidente de la CIDH y Fernando Alvarez de Miranda, Defensor del Pueblo de España en elocuente gesto. "Si el sistema demcrático peruano impide por completo que el poder cambie, hay un defecto", manifiesta el defensor. (259)
USTED se reúne con el Presidente José María Aznar esta semana.
-Me reúno por una circunstancia especial. Coincide con que este año se celebran 20 años de la Constitución Democrática del '78 y yo fui presidente de ese Congreso. El Presidente ha invitado a todos los que han presidido distintas legislaturas del Congreso y del Senado. Me reuniré con él este jueves 10.
-¿Qué le piensa decir del Perú?
-Lo que he visto. Creo que existe una prensa libre y eso es un dato muy importante en la democracia.
La mesa dispareja. Junto a los Defensores de España y Perú, el ministro de Justicia, Alfredo Quispe y, nada menos, que Francisco Acosta, el famoso "Presidente" del Tribunal Constitucional.
-Pero...
-Pero la situación la puede juzgar mejor él como político porque yo no lo soy. El Ombudsman no debe entrar en política porque invade un terreno que corresponde a otras instancias de la sociedad.
-Quiere decir que lo único que le queda a la democracia peruana es su prensa...
-Usted es muy agudo. Le diría que no. Evidentemente le queda algo más, como la esperanza en su momento de hacer producir alternancias en el poder. Si aquí me dice que el sistema democrático peruano impide por completo que el poder se cambie, le digo que hay un defecto. Aquí o en cualquier otro país la alternancia del poder es fundamental. Es una de las características de la democracia. La razón de Estado no justifica saltarse el propio Estado de Derecho. Sin alternancia, no hay democracia.
-En realidad también queda el Defensor del Pueblo.
Nosotros los respetamos y sabemos hasta qué punto el valor de los Defensores del Pueblo en América Latina es un valor altivo. Ellos dicen lo que piensan, se lo dicen al Estado, al Ejército, a la Justicia, y mantienen el verdadero espíritu del Ombudsman: independencia, libertad, respeto de derechos humanos y solidaridad.
-Respecto a la participación política en Panamá ha habido un referéndum y aquí el Congreso lo trabó...
-Me remito a lo que ha dicho el Defensor del Pueblo del Perú porque me parece que lo expresa mejor. No quiero, por respeto a un país anfitrión, ser más explícito.
-¿Cómo ve el tema de institucionalidad democrática en América latina?
-Creo que va por distintas fases. Nadie confiesa actualmente no ser democrático pero hay matices y distinciones. Hay democracias que están a medio camino de ser autocracias. Si el pueblo no está convencido de que la democracia es el régimen que debe dirigir la vida común del país, no se puede imponer de todas maneras. En el cono sur y en Latinoamérica han tenido un avance espectacular en el camino hacia la democracia.
-A pesar de todo hay una consolidación...
-Así es y uno de los elementos importantes para esta consolidación es la figura del Ombudsman como elemento de garantía constitucional que no son los elementos tradicionales de la justicia que a veces no funcionan, o están sometidos al poder. Si los Ombudsman responden a la imagen de la consolidación deben ser unas instituciones absolutamente independientes de los partidos, del poder, al incentivo de dejarse manejar por circunstancias coyunturales que puedan parecer simpáticas o antipáticas al poder público. Eso es lo que se puede conseguir y hay que hacer un esfuerzo entre todos para que en base a esa autoridad moral, que tenemos los Defensores del Pueblo, dirigirnos a las autoridades y esas autoridades nos hagan caso. En ocasiones lo hacen, en otras nos rechazan.
-¿Cuál es el recurso que les queda a los Defensores del Pueblo?
-Remitir un informe anual ante los cuerpos legisladores y plantear ante los representantes del pueblo los problemas que él ha detectado y pedirle a los legisladores que modifiquen las actitudes, bien por medio de censura al gobierno o por medio de cambio de leyes. Esa es la labor del Defensor del Pueblo, el ser garantía, ser independiente, y si no lo somos no cumplimos con los perfiles de lo que debe ser el Ombusdman.
-Usted ha dicho que no hay ninguna razón de Estado que valga para ir en contra de los derechos humanos.
-Así lo creo. Hablo de manera genérica sin hacer ninguna precisión de mi país o del Perú. Insisto en que las instituciones tienen su papel y el Defensor del Pueblo lo tiene en donde se produce la violación de los derechos humanos. Por eso si me pregunta si la razón de Estado puede aconsejar a utilizar una vía indirecta como es la fáctica, sin respetar sus derechos, diría no ni nunca. Un derecho humano de una persona vale más que una razón de Estado.
-En España tienen el problema del terrorismo...
-Tenemos un terrorismo que nos coloca en situaciones de violencia, sin embargo el presidente Aznar lo está combatiendo con los medios que el propio Estado de Derecho le proporciona. No utiliza ninguna vía indirecta. No nos lleva a ningún tipo de impunidades. Quienes hayan podido transgredir, con el mejor de los deseos, la ley, el orden, el sistema jurídico a todos se le aplica la ley.
-Usted está hablando del caso GAL.
-Estoy hablando en general, no estoy hablando de ningún caso específico. Estoy diciendo que la democracia hay que mantenerla con sistemas y procedimientos democráticos. No podemos utilizar para mantener la democracia unos procedimientos que no lo son.
-¿En España sería impensable que jueces militares juzgaran a civiles?
-Hoy es impensable. Existía en la época del franquismo. Aquello era una especie de farsa. En otros sitios se habla de Estado de Impunidad.
