La Justicia Cuesta Abajo

La Justicia Cuesta Abajo
A seis años de iniciada la reforma judicial los oficialistas en el Congreso de la República se han convertido en su peor enemigo.

El jueves 10 se aprobó en el Congreso una ley mediante la cual aparentemente se restituyen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) las facultades de sanción a jueces y fiscales. Como se sabe, en abril pasado el Congreso cercenó esta atribución.
Desde entonces el crédito del Banco Mundial para la reforma del Poder Judicial (US$ 22 millones) quedó congelado.
Con la ley publicada el viernes 12 se buscaba revertir esta situación.
Pero los miembros estadounidenses del directorio del Banco Mundial (32% de los votos) se oponían hasta hace unos días al otorgamiento del préstamo.
El viernes Faustino Luna Farfán, presidente del CNM, hizó público su desacuerdo con la ley aprobada el día anterior. Pero el martes cambió de opinión. "Mi discrepancia partió de una lectura gramatical y aún interpretativa (...) vamos a abrir las ventanillas del Consejo para que los ciudadanos empiecen a presentar sus denuncias". (Atribuciones, por cierto, que en el texto de la ley aprobada ningún jurista encuentra).
¿Qué sucedió en las 72 horas que mediaron entre una y otra declaración?
El lunes 14, cuatro de los cinco miembros restantes del CNM, encabezados por el ex ministro de Justicia y vicepresidente de dicho organismo, Carlos Hermoza Moya, expresaron su complacencia con el proyecto aprobado.
La argumentación era similar a la del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Oscar Medelius. Como se sabe, éste preside dicha Comisión desde hace cuatro legislaturas, y ha estado detrás de todas las leyes oficialistas que han vulnerado la autonomía de los distintos órganos del sistema judicial peruano.
Este jueves 17, un día después del arribo del Jefe de Gobierno español, José María Aznar, el Banco Mundial decidiría si otorga o no el préstamo. Un rechazo, cuando junto con Aznar llega una importante delegación de empresarios en busca de horizontes de inversión, sin duda sería un revés. Esta semana la jefa de la oficina de cooperación internacional del Poder Judicial, Ana Teresa Revilla, esperó vanamente la llegada de David Varela, representante del BM que venía a evaluar la situación.
El asunto está que quema.
CARETAS solicitó a Roberto Mac Lean, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ex vocal supremo, embajador del Perú en Estados Unidos hasta abril de 1992, especialista judicial del BM hasta diciembre pasado, y juez del tribunal del BID, su parecer sobre la reforma del Poder Judicial. (Guillermo Gonzales Arica).

Roberto Mac Lean: "los economistas han enseñado a los abogados que alrededor de un 20% de la tasa de crecimiento de un país depende de su sistema judicial".

Por ROBERTO MAC LEAN

LA tentación más fuerte, ante los actos cometidos por el Congreso de la República, con relación a la administración de justicia, es la de tirar la toalla. Al menos hasta que se elija a otro Congreso con mayor representatividad y formado por personas más responsables. Esta sería la reacción esperada y natural dentro de una comunidad que aprende, vive, respira, piensa y escribe dentro de una cultura de autoridad. Esta también es la reacción que esperan los legisladores, con toda seguridad. Tina Rosemberg, escritora norteamericana que ganó el prestigioso premio Pulitzer no hace mucho, escribió una vez comparando la situación política peruana y la chilena en los años ochenta, y decía que Chile era una dictadura sobre ciudadanos, mientras que el Perú era una democracia de habitantes. No me gustó su comparación, pero tomé nota de su observación. En los años que anduve por el mundo trabajando en reforma judicial, el Perú era el único país en el cual, en un lapso de treinta años, y no obstante que las respectivas constituciones vigentes garantizaban la estabilidad e independencia del Poder Judicial, diferentes gobiernos (militares, civiles, autoritarios, democráticos, etc.) tres veces habían depurado a su gusto el escalafón casi completo de jueces, magistrados, vocales y auxiliares.
Esto ya de por sí es muy malo, pésimo diría, pero lo más desconcertante es que, aparte de dos o tres artículos editoriales en los diarios y revistas, y cuatro o cinco comunicados de los centros federados de estudiantes de algunas universidades, el resto de la comunidad ignoró la conmoción y ésta pasó inadvertida. Los mayores y más frecuentes usuarios del sistema judicial, como son los bancos, compañías de seguros, empresas de transporte, asociaciones de empresarios e industriales, cámaras de comercio, no dijeron nada. Tampoco los otros usuarios como gremios profesionales, sindicatos, asociaciones de pobladores y organizaciones no gubernamentales de diverso tipo. Sin embargo, esto no impide que todos ellos se quejen de las demoras, corrupción, ineficiencia, falta de independencia y demás males que aquejan a nuestra administración de justicia. Pero a lo mejor tampoco se quejarán, seguramente, cuando llegue el día de un nuevo gobierno y los nuevos legisladores vuelvan a destituir a todo el escalafón de jueces, con la disculpa o razón de no amparar el escándalo de cinco vocales supremos que firmaron un fallo sin leer siquiera la parte final de la resolución. Aducirán que, en el momento en que iban a ser investigados por un Consejo de la Magistratura independiente, el Congreso intervino para salvarles la vida oficial y protocolar. Resulta difícil de explicar cómo ese mismo Congreso destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional que no sólo habían leído, sino estudiado y redactado cuidadosamente el fallo que firmaron, pero cuyas opiniones se prestaban a discrepancias.

Faustino Luna Farfán y ex ministro de justicia Carlos Hermoza Moya, presidente y vicepresidente del CNM, respectivamente. El primero cayó en el juego del segundo.

Pero lo peor de todo es que el gobierno actual comenzó con una reforma judicial encaminada en serio en la cual se cometieron muchos errores con los que discrepé pública y privadamente, pero que cobró el suficiente impulso como para vencer las fuertes resistencias iniciales de la comunidad internacional. En los últimos dos años se hizo el trabajo invisible para el siglo XXI. No obstante la innegable desconfianza inicial, la orientación de la reforma coincidió con lo que todo ciudadano responsable quiere ver en el servicio de justicia. Si el Congreso no hubiera interferido tan arbitraria e irresponsablemente, en dos o tres años más hubiéramos podido comenzar a cosechar recién los primeros resultados de verdad. Resultados que podrían haber sido apreciados no por un puñado de eruditos, sino por carpinteros, médicos, mecánicos, empresarios, albañiles, ingenieros o electricistas, porque para ellos es la reforma. Y está bien que así sea porque ellos son los que la pagan, con aproximadamente el 2% de cada impuesto que, con una eficacia ejemplar y digna de imitación por los tribunales de justicia, recauda SUNAT. El sistema judicial podría muy bien convertirse en cuanto a eficiencia, honradez y eficacia se refieren, en otro SUNAT. ¿Cómo hacer para que no se termine de destruir lo logrado?
Lo que faltó, para evitar que el Congreso pudiera despanzurrar el sentido común y el orden jurídico, fue una mayor participación de la comunidad (y de los jueces en su momento). Frente a la total incapacidad del Congreso para percibir lo que realmente está en juego en una reforma judicial, y frente a la indiferencia del ministerio de Justicia, y a la falta de iniciativa del Poder Judicial (abrumado por las pesadas cargas jurisdiccionales) para salir al encuentro de la comunidad, sugiero que sea la comunidad la que salga al encuentro de los servidores públicos e informe a los conductores de lo que sobrevive de la reforma, por dónde se debe marchar. Durante dos años hemos escuchado a representantes de los proveedores del servicio de justicia -o por lo menos a algunos de ellos. Han hablado los profesores universitarios, los abogados, los juristas, hasta los estudiantes -es decir los proveedores del servicio que, por eso mismo, son parte del problema. Qué bueno sería poder escuchar lo que piensan y quieren de la justicia Confiep, las cámaras de comercio, asociaciones de bancos, de compañías de seguros, de empresas de transportes, confederaciones de trabajadores, sindicatos, y gremios empresariales. Qué bueno sería poder decirles a todos ellos que son los economistas los que nos han enseñado a los abogados que alrededor de un 20% de la tasa de crecimiento de un país depende de su sistema judicial. Y que de éste y no de otro organismo es de quien dependen en última instancia la riqueza, las mayores oportunidades para todos, la seguridad personal y la democracia. Alguna de estas entidades podría tomar la iniciativa para hacer una exploración del mercado de usuarios. Modestamente les ofrezco mi colaboración en lo que pudiera ser útil.