OEA
Llover Sobre Mojado
Representantes del Estado peruano pasan apuros en capital norteamericana.

Escribe desde Washington, D.C., GUILLERMO GONZALES ARICA.

COMO cualquier dia, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron a sus oficinas y encendieron sus computadoras. Era la mañana del viernes 9 de octubre. Cristina Cerna, representante de la CIDH para el Perú, hizo lo propio. ¡Oh sorpresa!: se encontró con declaraciones del ministro de Justicia. Había en éstas muy poco sobre la audiencia llevada a cabo el día anterior en el Salón Miranda de la OEA y en la que como cualquier día, los miembros de la Comisión Interamericana Perú estuvo en la picota por la violación de derechos humanos y la vulneración del Estado de Derecho.
Alfredo Quispe Correa había dicho: "Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para juzgar a un régimen político y un Estado soberano como el Perú. El gobierno peruano estudia posibilidades para evitar que la CIDH juzgue al Perú". Veladamente el ministro decía que el Perú podía denunciar la Convención Americana.
Sus declaraciones cayeron como lluvia sobre mojado. Primero, porque la delegación de abogados del gobierno peruano no las había tenido todas consigo el día anterior. Y segundo, porque sólo faltaba exactamente un mes para que el pleno de la CIDH realice una visita "in loco" al Perú.

Ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa. Sus declaraciones causaron malestar en Washington.

Además, el funcionario con quien coordinaban la visita en la Cancillería peruana acababa de renunciar.
Especialistas en la materia, consultados por CARETAS, en la capital norteamericana fueron enfáticos. Si el Perú denunciara la Convención, tardaría por lo menos dos años en salirse de ella. Y más aún, no habría efecto retroactivo: los casos de Baruch Ivcher, Leonor La Rosa y otros tendrían que verse de todas maneras.
Por tanto, las declaraciones de Quispe, lejos de amilanar a los miembros de la CIDH, resultaron contraproducentes. Tanto como había resultado la presentación de los abogados del gobierno peruano el jueves 8.

MEXICANOS

"Estoy confundido, creo que he estado en una reunión con abogados mexicanos", decía, a la salida de la audiencia sobre el caso Leonor La Rosa, Héctor Faundes, abogado, junto con Heriberto Benítez, de la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Al preguntársele a qué se refería, dijo, con ironía: "He escuchado tantas cantinfladas juntas, que no puede tratarse más que de mexicanos".
Sucede que los abogados peruanos, encabezados por Sergio Tapia y Mario Cavagnaro llevaron a un médico legista llamado Manuel Sotelo Trinidad. En plena sesión, este médico sacó unos dibujos a tamaño natural de un ser humano. Detalló cada una de las torturas ocasionadas a Leonor La Rosa. Más de uno se preguntaba si el médico era un testigo del gobierno peruano o de la defensa de la ex agente.
Según Faundes, parecía que el médico quería decir: "nosotros la torturamos, pero no tanto, sólo le causamos tales y cuales lesiones". Lo que habían tratado de hacer era acreditar, mediante un testigo, que se le hizo daño en los dedos de la mano y de los pies (claro reflejo de aplicación de corriente eléctrica), diciendo que eran quemaduras de segundo y tercer grado, aunque sin decir cómo se le causaron.
Para Sotelo, la paraplejia de La Rosa le sobrevino como consecuencia de la hemorragia vaginal y el estrés, después de las torturas.
"Llama la atención que el gobierno haya enviado testigos que finalmente favorecen nuestra petición", dijo Heriberto Benítez. "¿Alguien puede creer que por la hemorragia vaginal va a perder el 40% de la memoria, quedar parapléjica y tener lesiones psicológicas severas? Eso es un absurdo", señaló el abogado.
El presidente de la CIDH, Carlos Alaya, y el comisionado Sir Henri Forde preguntaron sobre la indemnización que debía haber recibido La Rosa. Les respondieron que la indemnización de cerca de dos mil dólares la pagaron dos oficiales del Ejército. Los comisionados, en ese momento, se miraron entre sí.
Faundes, egresado de la Universidad de Harvard, y P.h.d. de la Universidad de Londres, había sido convencido por Benítez de sumarse al caso.

Alberto Borea,Emilio Rodríguez Larraín,Baruch Ivcher y Armando Lengua en la OEA.

PASADO NAZI

Tras su penosa participación en el caso La Rosa, los seis abogados del gobierno peruano, encabezados por Jorge Hawie y Mario Cavagnaro, se fueron a almorzar. Llovía copiosamente en Washington. Paraguas en mano, salieron del edificio de la OEA, ubicado entre la Calle 17 y Constitution Avenue. Caminaron unos 200 metros. Llegaron hasta al restaurante del "Corcoran Art Gallery", Allí, entre sánguches de pavo y hamburguesas, y unas heladas cervezas alemanas "Heinecker", se prepararon para lo que se venía por la tarde. El caso Ivcher.
A las 4:30 p.m., Emilio Rodríguez Larraín, Armando Lengua Balbi y Alberto Borea Odría llegaron hasta el edificio de la OEA.
Los abogados de Ivcher llevaban en sus manos un vídeo. Los esperaban en la audiencia Carlos Ayala, Claudio Grossman, Henri Forde, Robert Goldman y Helio Bicudo.
Sergio Tapia, por los abogados del gobierno, dijo que no se habían agotado los recursos internos para llegar hasta la CIDH. Además, señaló que Ivcher no había acreditado su renuncia a la nacionalidad israelí para extenderle el título de nacionalidad peruana, cosa que recién hizo en 1990. "¿Cómo es posible que obtenga su nacionalidad peruana en 1984 cuando recién renunció a la israelí en 1990?", preguntaba. Y además dijo: "Ivcher no es un apátrida, es peruano pero sin título" (sic).
Grossman le preguntó: "¿De los peruanos nacionalizados, cuántos no tienen título?" Tapia y la delegación entera enmudecieron.
Se habló también de la famosa pérdida del expediente. Grossman volvió a preguntar qué acciones se habían tomado para su búsqueda, y quiénes eran los responsables de esa pérdida. Tampoco obtuvo respuesta.
Pero Ivcher tomó la palabra entonces para decir: "Señores comisionados, quiero decirles que quien me acusa y es mi fiscal formó en el año 1967 el Frente de Juventudes Nacional Socialistas". Se refería al pasado nazista de Tapia, que formó ese frente en la época de su secundaria en el Colegio Maristas de San Isidro.

Jefe de la delegación peruana ante la CIDH, abogado Sergio Tapia.

Había más sorpresas para los comisionados. Los abogados de Ivcher pusieron su vídeo en el VHS del Salón Miranda. En las pantallas aparecía una jueza corriendo por la cocina de un restaurante chino y subiendo a un auto de lunas polarizadas sin placas. Los miembros de la CIDH no podían creer lo que estaban viendo. Era la magistrada Alminda López, que acababa de declarar reo contumaz a Ivcher por un supuesto caso de defraudación tributaria en Colchones Paraíso. (CARETAS 1536).
Al final de la sesión, el accionista mayoritario de Canal 2 declaró que se sentía muy contento con la participación de sus abogados, pero agradecía haber tenido más defensores. Se refería a los abogados del gobierno peruano.

DE CAL Y ARENA

Delia Revoredo llegó a Washington con un equipo bien afiatado. La acompañaban Bernardo Fernández, Teodosio Torres y Miguel Vílchez, presidentes de tres centrales de jubilados del Perú, además de Juan José Gorriti, Secretario General de la CGTP, y Ernesto Blume, representante del Alcalde de Lima, Alberto Andrade. Además de ellos, estaba allí el esposo de la doctora, Jaime Mur, para dar su testimonio como empresario perseguido por la justicia peruana.
Revoredo expuso cómo se habían desnaturalizado las instituciones del sistema democrático en el Perú, y detalló la existencia de un superpoder formado por el presidente Fujimori y un sector de los militares.
En la mesa también estaba el congresista Javier Diez Canseco. Quizá el momento más impactante de la sesión fue el testimonio de Jaime Mur acerca de la conversación que sostuvo con Jorge Whittembury. Este le propuso en esa ocasión que se sumara al gobierno y le sugirió que "pusiera orden en su casa" para que su esposa no votara en contra de la reelección en el Tribunal Constitucional.
"Señor presidente", dijo Mur dirigiéndose a Robert Goldman, "ese día nosotros optamos por vivir dignamente, de acuerdo a nuestras conciencias, y mi esposa votó en contra de la reelección del presidente Fujimori. Meses después fui condenado por delito de contrabando, a pesar de haber pagado impuestos".
Se había visto también en audiencias públicas el caso de Lori Berenson, cuyos padres y su abogado, Thomas Nooter, estuvieron ante la CIDH. Allí se supo, por versión del congresista Diez Canseco, que Lori Berenson había enviado una carta de su puño y letra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso peruano, Denis Vargas Marín, en la que afirma que no tuvo garantías judiciales durante su proceso, que no acepta la sentencia, y es por ello que no ha aceptado ser trasladada a Estados Unidos.
Además, se dieron dos audiencias, una temprano por la mañana, donde Sofía Macher y Ernesto de la Jara, directivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, informaron sobre la situación de los derechos humanos en el país. Macher coordina la agenda que tendrán los miembros de la CIDH cuando estén en Lima, entre el 9 y el 13 de noviembre próximos.
La última presentación fue llevada a cabo a pedido del Instituto Prensa y Sociedad del Perú (IPYS). Provisto de diapositivas, Jorge Salazar, a nombre de IPYS, informó sobre los casos de los periodistas César Hildebrandt, Angel Páez y Cecilia Valenzuela, así como el de los periodistas "chuponeados". Tuvo como testigo al exiliado ex jefe de la Unidad de Investigación de Canal 2, José Arrieta. Este comentó que ya tenía asilo político.
Cuando las puertas del Salón Miranda se cerraban, a las 7:30 de la noche, y Salazar, Arrieta y compañía salían, las puertas de otro ambiente, el Salón América, se abrían. Ahí se realizaba una cena de gala por el día de Miguel Grau. Se pudo ver a la embajadora de Perú ante la OEA, Beatriz Ramaccioti, conversando con los únicos personajes ataviados con terno: los abogados del gobierno peruano, encabezados por Sergio Tapia, quienes, tras su singular jornada, copas de champaña en mano, se sumaban al ágape.