Justicia, General
Finalmente, Agusto Pinochet se encuentra
detenido en Londres. España e Inglaterra le tendieron un cerco que en Chile siempre pudo evadir.
Un centro de detención en
Santiago, en el esplendor siniestro de la dictadura pinochetista.
A la derecha: el general
suelta una lágrima,
acaso premonitoria,
durante su despedida
como Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas.
Dos caras de un Chile eternamente dividido.
El juez Baltasar Garzón, decidido a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
El juez Baltasar Garzón, quien sigue la causa, dictó la orden de detención, amparándose en que España suscribió, en 1948, el Tratado para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio. De acuerdo a éste, los acusados de tal delito pueden ser perseguidos en cualquier lugar, incluso en una apacible clínica londinense y aunque sean, en apariencia, ancianos dóciles, reflexivos ante la vida y sus memorias.
Todo indica que la cuestión legal está en orden, o por lo menos resulta poco discutible. Pero aun cuando surjan figuras jurídicas forzadas -podrían pedir su expulsión o aducir que los delitos se penan en casa, lo que, como es obvio, nunca ocurrirá- lo evidente es que la impunidad ha caído en desgracia. En cierto modo, además, Europa ha puesto a América Latina en entredicho, al reconocer con claridad crímenes que nosotros aún miramos con cierta indulgencia torva.
El comentarista Michael Gove del "Times" de Londres señala que detrás de este gesto en nombre de la ley, por parte del gobierno británico, está el olvido -o la tolerancia- de personajes como Zhu Rongji, el Primer Ministro Chino; Fidel Castro; o Martin Mac Guiness, uno de los responsables de la brutalidad en Irlanda del Norte. En suma que, como también han sostenido algunos comentaristas de nuestro medio ("terrorismo judicial", llegó a decir uno de ellos), no se mide a todos con la misma vara.
Desatada la situación, no obstante, reclamar por los varazos que, sin duda, merecen otros personajes, aparece como un intento de diluir la importancia de un hecho concreto. La detención de Pinochet no es un sueño, una hipótesis, es una realidad aunque sea temporal que ha encumbrado a los derechos humanos como algo esencial para el mundo. Hay una indignación planetaria y un sano intento de distinguir que nunca más el fin justificará los medios.
Porque a Pinochet no se le está buscando por haber puesto a su país en la senda de la modernidad -asunto que, por lo demás, se ha inflado en demasía; los años de mayor bonanza económica en Chile ocurrieron con Patricio Aylwin- sino por haber ordenado asesinatos mondos, horribles y lirondos. Cerca de tres mil desaparecidos, otros tantos masacrados y más de medio millón de exiliados (que en cierto modo también murieron un poco) forman parte de su currículum como gobernante de facto.
Para un europeo medio esa trayectoria (a la que se añaden centros de detención cuyas imágenes aún escarapelan el cuerpo) no lo distancia mucho de individuos como Erich Priebke, un criminal de guerra nazi recientemente juzgado en Italia. O de Maurice Papon, un colaboracionista francés condenado a diez años de prisión en París hace unos meses. El cúmulo de cartas llegadas a los diarios británicos y a la BBC de Londres esta semana van en ese sentido, en ese sentido común que en Latinoamérica no termina de cuajar.
La Policia custodia la clínica donde está Pinochet. ¿Y ahora quién podrá salvarlo de su pasado?
El asunto es tan claro que hasta el argumento de la soberanía anticolonialista en defensa del senador, reclamada por sus defensores y por funcionarios del gobierno chileno, se cae como una hoja triste de otoño. Parte de la acusación contra Pinochet es justamente por los crímenes de personas de varios países, a los que se puede agregar el asesinato de Orlando Letelier, el ex canciller de Allende, en Estados Unidos, o el del general Prats en Buenos Aires.
Es por esa globalización de sus crímenes que ahora se le quiere juzgar, algo que pone en camisa de innumerables varas al vecino país, tan embarcado y eficiente en su aventura modernista pero tan ingenuo y ahistórico en sus decisiones políticas. Tolerar, por la fuerza de las circunstancias armadas, la tutela del dictador era una cosa, pero elevarlo a la categoría de senador hasta el fin de sus días, con pasaporte diplomático incluido, es ya un exceso digno de una república bananera.
Un exceso, además, que sólo dejó contentos a aproximadamente un tercio de chilenos. La voluntad del general ha sido impuesta siempre con un buen grupo de partidarios a su favor, pero a la vez con un gran marcador en contra. Se dice que él partió a su país en dos; tal vez fue mucho peor: lo convirtió en un eterno pugilato entre dos bandos irreconciliables, con un gran sector de desconcertados en el centro, que quisieran olvidarse de todo pero no pueden.
Y es que cómo olvidar tanto dolor, cómo pasar por alto los cadáveres regados por el río Mapocho, los trabajos forzados de los detenidos, el rostro de quienes se esfumaron sin dejar huella. Los partidarios de la "selección natural" en política y economía ("no importa si murieron unos cuantos si ahora Chile es lo que es", dicen hasta ahora creyendo honrar a Darwin, cuando en realidad lo insultan) quizás puedan hacerlo, pero probablemente estén, cada vez más, en minoría.
Lo más moderno, si de eso se trata, tal vez sea compartir las palabras de alguien tan flemático como el secretario de Comercio inglés, Peter Mandelson, quien dijo que el hecho de que un personaje como el general Pinochet tenga inmunidad diplomática le revolvía el estómago. Ni Chile ni el mundo se merecen tan indigesta situación sino, más bien, que la justicia tenga, por lo menos, una humilde oportunidad.
