Contacto Directo
El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA llegó al Perú para observar el funcionamiento de la institucionalidad democrática y recabar nuevas denuncias.
Taiana, Grossman y Bicudo, miembros de la OEA en penal ayacuchano con presos terroristas.
La justicia y la verdad persiguen por el mundo a Augusto Pinochet y su signo de la muerte.
En 1995, Fujimori se autocalifica de "Chinochet", como muestra de cercanía con el dictador.
Por eso, las visitas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) nunca fueron del agrado oficial. Ahora, en noviembre de 1998, no tenía por qué ser diferente. Más aún cuando la entidad presidida por el venezolano Carlos Ayala tiene una misión principal: evaluar al Perú en materia de respeto a la institucionalidad democrática. Una semana muy dura para el gobierno peruano.
"Hay un obispo que está dando declaraciones sobre la visita, ¿no?", fue el primer comentario que hizo Claudio Grossmann, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presidente del Congreso, Víctor Joy Way. Este se amoscó y sólo atinó a esbozar una sonrisa. Era el martes a las diez de la mañana en las oficinas de la presidencia del Parlamento. Acompañaban a Grossmann, Robert Goldman, vicepresidente del organismo, y Alvaro Tirado. También era de la partida Santiago Cantón, relator para la libertad de expresión de la OEA.
Norteamericano Robert Goldman a la salida del Congreso, junto con Claudio Grossmann fueron los más duros e inquisitivos miembros de la Comisión Interamericana de DDHH.
Una hora después de conversar de los casos de Baruch Ivcher, y en especial de las amenazas del Comando 5 de Abril al congresista y director de La República, Gustavo Mohme, pasaron a una salita donde los esperaban los presidentes de las comisiones de Justicia, Defensa, Abuso de Autoridad y Derechos Humanos: Oscar Medelius, Martha Chávez, Daniel Espichán y Dennis Vargas. Con excepción de este último, son considerados por algún sector de la prensa como los más cercanos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que se han encargado de desvirtuar investigaciones como el del chuponeo telefónico y han ideado leyes que vulneran la autonomía del sistema judicial.
La reunión, programada sólo por una hora, se extendió a dos. Fue una cita cordial, pero por momentos tensa. A decir de Dennis Vargas, el más duro e inquisitivo fue el chileno Claudio Grossmann, decano de la Facultad de Derecho de American University de Washington. Un miembro de la comisión comentó "ya sabíamos que Martha era la más dura".
A las doce del día, el congresista Manuel Lajo quiso ingresar a la reunión. Llevaba una nota para Grossmann, que decía "Por si acaso, la sesión está siendo grabada". Lajo es ex compañero de Grossmann en la Universidad de Chile. Era cierto. Joseph Obregón, director de grabaciones del Congreso, había enviado a un empleado a cumplir esa función. Cuando las Comisiones de trabajo del Congreso se reúnen, los empleados de grabaciones están presentes. En este caso la grabación era a ocultas en una sala contigua. Enterados los miembros de la comisión, alcanzaron a decir "no nos extraña".
Carlos Ayala, presidente de Comisión de la OEA y Defensor del Pueblo en busca de los derechos.
Luego, el Defensor del Pueblo y su estado mayor los esperaban en el Club de la Unión para un almuerzo.
Esa tarde, Delia Revoredo, Decana del Colegio de Abogados de Lima, Miguel Angel Cruz Tapia, ex jefe de Logística del RENIEC, y otros denunciantes fueron recibidos en las oficinas de la Comisión en el Sheraton. También se hicieron presentes los representantes de los jubilados.
Este jueves, la congresista Anel Townsend, acompañada por trece periodistas "chuponeados", acudirán a presentar la denuncia respectiva.
El general Rodolfo Robles había sido el primero que se entrevistó con miembros de la CIDH. Fue el domingo 8, a las cuatro de la tarde, en una visita fuera de agenda. El oficial planteó su caso, que se encuentra más avanzado que el resto porque ya cuenta con un informe final y las recomendaciones para que el gobierno las ejecute.
La Comisión ha señalado que al general Robles se le deben restituir todos sus derechos como militar, para lo cual se debe derogar la resolución que le dio de baja, así como resarcir a su dignidad mellada por la cúpula militar de entonces.
Por otro lado, desde la ventana de su cuarto en la Clínica San Borja, Rosario Lam, con dolor por su extraña enfermedad y por la persecución judicial en su contra -por haber colaborado en la gestión de Colchones Paraíso, empresa de Ivcher- despidió a la Comisión que la fue a visitar.
LA VISITA A AYACUCHO
"Me parece que somos un país civilizado y moderno, y por tanto espero que la Comisión no venga a plantear fantasías sino a verificar que realmente en el Perú hay libertad y respeto", había afirmado ante los periodistas a la entrada del penal de Yanamilla, Ayacucho, monseñor Juan Luis Cipriani, Obispo de esa jurisdicción. Una agresión que no era del gobierno, pero que parecía serlo.
General Robles buscando reposición y reparación.
Cuando la Comisión en pleno habría acudido a Palacio, a las diez de la mañana del lunes 9, fueron recibidos durante dos horas con mucha cordialidad por el presidente Fujimori.
Sorprendió a los miembros de la CIDH. Sabía que tenían en agenda un viaje a Ayacucho y se ofreció a llevarlos en el instante. Despojándose del saco y echándose encima su casaca de viajes a la sierra, y, de paso -no es difícil presumirlo- comentando que él está acostumbrado a los viajes repentinos (lo cual es literalmente cierto), los invitó a subir a las camionetas y dirigirse al Grupo Aéreo 8.
Carlos Ayala, presidente de la Comisión, acusó la sorpresa y, cortésmente, se excusó del viaje. El se quedaría a cumplir con la agenda que había planificado para ese día. Grossmann, Elio Bicudo, Jorge Taiana y Alvarez sí se embarcaron con Fujimori. Pero también subieron al avión la embajadora del Perú ante la OEA, Beatriz Ramacciotti; el ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa; y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Juan Nakandakari.
Rosario Lam, jefa de importaciones de la fábrica de colchones Paraíso, perseguida por el Poder Judicial. Mira una luz de esperanza en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.
Los periodistas que habían ido ese día a Palacio de Gobierno a cubrir la visita de la Comisión también comenzaron a embarcarse. Pero cuando los reporteros de La República y CARETAS quisieron integrarse al grupo, les dijeron: "no, ustedes no". Se armó el bolondrón. Entonces, a alguien se le ocurrió decir: "vamos a denunciar esta discriminación ante la Comisión", y santo remedio, todos subieron al avión.
TOCCATA Y FUGA
En Ayacucho, el Presidente y los miembros de la Comisión se dirigieron al penal de Yanamilla. Pero Grossmann y Taiana ingresaron solos al penal. Afuera los esperaron el Presidente y sus funcionarios. Fue en ese momento que monseñor Cipriani lanzó su exabrupto.
En realidad, los periodistas buscaron las declaraciones del Jefe del Estado, pero éste le cedió gentilmente el turno a Cipriani.
No contento con decir que esperaba que la comisión no plantease "fantasías", Cipriani se extendió en comentarios, llegando a descartar la existencia del "Comando 5 de abril". Este es el nombre con que se autodenominaron quienes llamaron a amenazar a los miembros de la Comisión en Washington.
Más lejos llegó en sus declaraciones sobre el papel de la prensa: "...no dejemos que dos o tres medios de comunicación vengan a decir que el país no tiene derechos humanos", exclamó.
Al fin, tan rápidamente como partieron, regresaron los visitantes. Fujimori se despidió de ellos en el avión. Horas después, en la madrugada del martes, volvió a tomar altura: se embarcó hacia Malasia, para participar en la "X Reunión de las Economías Miembros del Foro de Cooperación Asia-Pacífico". Su estadía en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, le tomará unos quince días. La CIDH ya no estará en Lima para entonces.
NO A LA CORTE
Aún faltaban más sorpresas. Todo, mientras la Comisión, sin inmutarse seguía trabajando, tanto en el cumplimiento de su agenda de reuniones, como en la recepción de denuncias.
Y ocurrió en otro punto del planeta: Nueva York. La embajadora de Perú en Italia, Ana María Deustua Caravedo, no se presentó en la sede de las Naciones Unidas a firmar el estatuto de la Corte Penal Internacional, como se había anunciado.
Y esto sí fue una verdadera conmoción. No sólo por la importancia que tiene que el Perú se adhiera a la decisión que ya tomaron 55 países para que esta Corte funcione. Sino que ésta ya era una decisión anunciada.
Primero lo anunció Carlos Hermoza Moya, presidente de la delegación en la Conferencia en Roma: "El Perú está a favor de que la Corte Penal Internacional sea permanente, autónoma e independiente", dijo el 16 de junio.
Luego, el entonces canciller Carlos Ferrero Costa, antes de dejar la cartera, dio su anuencia. Y, finalmente, el propio Fujimori, con su firma en una resolución suprema publicada en El Peruano el 31 de setiembre, dio el sí.
Y a la hora de los loros, es decir, a la hora de la firma, no hubo firma. ¿Qué pasó? Pues que el mismo Presidente, desdiciéndose, firmó, junto con el nuevo canciller Fernando de Trazegnies, otra norma que deja sin efecto las indicaciones dadas a la embajadora Deustua.
Pareciera que nuestras autoridades ignoraran que el tema de los derechos humanos es la otra cara de la globalización económica. Si no, que le pregunten a Pinochet. (G.G.A.).
Otra Vez Juan Luis
Para variar, monseñor Cipriani la emprendió contra la comisión de la OEA.
Nuevamente, el arzobispo de Ayacucho soltó la lengua.
SI en nuestro país no hubiera habido desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, infames coches-bomba, misteriosos ensañamientos del Poder Judicial, hostigamiento contra periodistas, alucinantes chuponeos telefónicos, torturados que hablan en el umbral de su sufrimiento, abusos policiales y militares, brutalidades de los grupos terroristas.
Si viviéramos en una democracia real, efectiva, altruista, solidaria con los más necesitados, estable, con garantías para ricos, pobres y magistrados, con poderes que se controlan civilizada y mutuamente, con posibilidades de decir "sí" o "no" en un referéndum, con capacidad de sancionar a quienes delinquen, sin meterlos en un hoyo sin fondo y vacío de esperanza.
Si todo esto fuera así, entonces los temores, las preocupaciones -siempre constantes- de monseñor Juan Luis Cipriani con respecto a los organismos de Derechos Humanos serían dignos de admiración. Al decir "que vengan a visitarnos pero no a fiscalizarnos" nos estaría defendiendo a todos de la suspicacia, de la mala fe. Merecería, incluso, un asiento en una hipotética Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para tiempos felices.
Pero ocurre que esa retahíla de hechos lamentables todavía forma parte de nuestra urgida realidad. Se filtran no sólo "por dos o tres medios de comunicación" sino que envuelven el aire que respiramos. Y lo que es peor: en muchos casos arruinan vidas que deberían estar cargadas de sonrisas y proyectos.
Quienes muestran que esto sucede no tratan de "empañar la imagen de nuestro país"; más bien tratan de amarlo con todas sus fuerzas, quieren ver sus partes oscuras para no perder la dimensión de su belleza. Como en todo amor, es probable que surjan excesos, pero, ni por asomo, son comparables a los extremos a los que suele llevar la indignidad del abuso.
Los derechos humanos son para todos -policías, huérfanos, viudas, presos, campesinos, sacerdotes, taxistas, generales, quien sea- justamente porque, siendo humanos, no admiten exclusión. La única posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe de todos ellos es que se convierta en Dios, de modo que pueda velar, en todo tiempo y espacio, por su cumplimiento.
Como no puede hacerlo, procura juntar datos, hablar con la mayor cantidad posible de personas, escuchar testimonios y, de paso, frases hirientes. Lo triste es que éstas provengan de un representante de la Iglesia, una institución que, como es público, se ha comprado el pleito de los derechos humanos hasta las últimas consecuencias.
No será un pecado, pero por lo menos es una ligereza, que no hará sino acicatear la defensa de la libertad y la vida, una causa por la que sí vale la pena ser indoblegables, persistentes, hasta tozudos. Gracias a Dios (Ramiro Escobar)
Lista Negra
Comisión de la OEA estudia 155 denuncias sobre violación de derechos humanos en el Perú.
Doctores
Delia Revoredo y Manuel
Aguirre Roca, con personera legal Lourdes Flores, luego de plantear sus demandas a los defensores
de derechos
humanos
de la Comisión Interamericana.
CASOS principales presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Caso Lori Berenson: Norteamericana, acusada de terrorismo, sentenciada por traición a la patria sin el debido proceso.
Caso Susana Higuchi: Impedida de postular al Congreso en el 95. Denunció la violación de derechos políticos.
Caso de enfermeras policiales: El grado de oficiales, otorgado a los hombres, es negado para ellas por discriminación.
Caso Leonor La Rosa : Ex funcionaria del SIE, denunció haber sido objeto de torturas y detención arbitraria.
Caso Mariella Barreto: El 23-3-97 se halló su cadáver. Se le acusaba de filtrar información a la prensa sobre crímenes del SIN y planes secretos del SIE para intimidar a los periodistas. No hay acusados.
Caso Baruch Ivcher: Le privaron de la nacionalidad peruana, luego fue despojado de sus acciones en Frecuencia Latina. Denuncias del 9-6-98 y 16-7-98.
Caso Tribunal Constitucional: El 28-5-97 se destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, por infracción constitucional por el fallo en contra de la reelección presidencial. Denuncia del 2-6-97.
Caso Delia Revoredo: Presentó su denuncia por el despojo de la facultad que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura de sancionar jueces; por la imposición del requisito de dos quintas partes de votos parlamentarios para convalidar el referéndum y por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Caso Guido Pennano: Violación del derecho a la defensa y a la libre participación política. Denuncia del 28-01-98.
Caso Reelección: El presidente Fujimori en pro de su reelección estaría violando los derechos humanos referidos a la igualdad política. Denuncia del 12-3-98.
Caso Referéndum: Vulneran el derecho a la participación política de los peruanos. Denuncia presentada el 4-9-98.
Caso general Rodolfo Robles: Denuncia persecución hostigamiento y difamación hacia su persona.
Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Castillo Páez: Se desconoce el paradero de Ernesto Castillo, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad La Católica, detenido el 21 de octubre de 1990 por policías de Villa El Salvador.
Caso María Elena Loayza: Profesora acusada de terrorismo sin mayor prueba que la manifestación de la terrorista Angélica Torres García. Fue detenida el 6 de febrero de 1993. Elevado a la CIDH el 6-5-93, ésta sentenció su liberación el 20-9-97. Pago de indemnización.
Caso Gustavo Cesti: Ex capitán EP que por denunciar irregularidades fue detenido y sentenciado por delito de fraude, El Consejo Supremo de Justicia hizo caso omiso a un Hábeas Corpus acogido por el Poder Judicial.
Caso Jaime Castillo Petruzzi: Chileno capturado en 1993 por delito de terrorismo, fue sentenciado por traición a la patria. (G.G.A.).
