Casa Tomada
SUNAT, IPSS, Mivivienda, FONAVI, los más
afectados con la caída del Banco República.
Ahorros se devolverían hasta por S/. 13,800.
Este jueves se instala la junta de acreedores. Jorge Melo Vega tendrá que dar explicaciones.
El principal accionista del Banco República, el senador chileno Fransisco Errázuriz, atribuye este colapso a que COFIDE, el Banco de la Nación, Popular y Porvenir, CORPAC retiraron en bandada sus depósitos. Por cierto, no es un primerizo en estas lides ya que fue propietario del quebrado Banco Nacional de Chile.
Pero, ésta es una verdad a medias. Mediante una Comisión Especial presidida por Pedro Sánchez se "persuadió" a estas empresas (D.S. 101-98-EF) para que depositen sus fondos en bancos pequeños como el Banco República.
No todas las instituciones llegaron a retirar a tiempo. Entre los que se han quedado con la brocha en la mano se cuentan a la SUNAT, el IPSS, FONAVI, el Fondo Mivivienda.
Las obligaciones del banco con sus ahorristas no son agua de malvas. Si bien sólo representan el 1.1% de los depósitos del sistema bancario, éstos ascienden a US$ 115 millones (boletín de la SBS 30/9/98). El seguro de depósito sólo cubre a los ahorristas hasta por un monto máximo de S/. 13,800 (US$ 4,666).
El superintendente Martin Naranjo ha señalado que el BCR no ha quedado con un solo dólar de encaje (según las normas deberían quedar el 39.5 % de los depósitos).
Lo que sorprende es que según la Nota Semanal N°. 44 del BCR del viernes 20 de noviembre existen nada menos que US$ 45.2 millones como encaje en sus arcas, es decir US$ 100 mil por encima de lo exigido legalmente.
Este dato del encaje pone en tela de juicio la validez de las cifras que presenta el BCR. La defensa del ahorrista empieza por la transparencia en la información.
Otras cifras que llaman la atención es que de acuerdo al último boletín mensual de la SBS (30-8/98) la morosidad del Banco República es la segunda más baja del sistema: 3.47 % por debajo del promedio de 7.14 % y a varios cuerpos, por ejemplo, del Banco Santander que tiene 12 %.
Según la SBS, el Banco República tenía un déficit de provisiones que bordeaba los S/. 15 millones. Pero también señala, que las provisiones representaban el 66 % de sus colocaciones atrasadas (por encima del Banco de Comercio 46 % y del Banco Latino 48 %).
Pero hay más sorpresas su rentabilidad patrimonial es la segunda más alta del sistema: 9.4 %, que es solamente superada por el Banco Continental con 9.8%.
En otras palabras, de acuerdo con las cifras oficiales el Banco República no era moroso, tenía una alta rentabilidad y sus provisiones cubrían un porcentaje importante de su pequeñísima cartera atrasada.
El directorio del banco cesado por la SBS está presidido por el abogado Jorge Melo-Vega Layseca, el ex procurador del Estado contra el ex presidente Alan García por el delito de enriquecimiento ilícito.
La SBS ha señalado que el grupo Errázuriz ha incumplido la ley de bancos al haber tomado préstamos del banco por encima del límite legal (10% del patrimonio). Ese grupo (Inverraz), el grupo Centeno y el grupo Encomenderos, son los principales deudores (alrededor de US$ 7 millones).
Los más sorprendidos con la intervención han resultado, aparte de la SUNAT y el IPSS, los 250 trabajadores del Banco República y los casi 30 mil ahorristas. Sobre todo, porque las clasificadoras de riesgo Equilibrium de Renzo Barbieri y Class Asociados S.A. de Wolfang Pedal habían calificado hace poco como "A" los bonos de esta entidad y como "B" al banco en sí. (Rafael Hidalgo).
ANUNCIADO ALIVIO
Dos propuestas presentadas al Congreso para ampliar los alcances del Régimen de Fraccionamiento Especial del Decreto Legislativo 848 y sus modificatorias, una del ejecutivo con carácter de urgente acogió la Comisión de Economía. En el dictamen, la Comisión que preside Luis Chang Ching otorga una serie de facilidades a los deudores que hubieran perdido el Régimen de Fraccionamiento Especial para que se reincorporen nuevamente cumpliendo algunos requisitos. También se otorgan facilidades para el pago de las obligaciones corrientes vencidas y pendientes al 31 de octubre de este año, un periodo de gracia para el pago de cuotas que perdieron dicho régimen, y plazos para el pago de la cuota fraccionada, entre otros aspectos. Según el congresista Antero Flores Araoz, a principios de año alrededor de 4,000 empresas que se acogieron a este Régimen Especial no pudieron cumplir el pago de dos o más cuotas, y en los últimos meses se han incrementado significativamente.
BAJO VOLTAJE
Manuel Kiyán, titular del CEPRI de empresas eléctricas: amplias facilidades.
El miércoles 26 se llevó a cabo, por fin, la venta del 30 % de las acciones que tiene el Estado en las empresas regionales distribuidoras de electricidad Electro Noreste, Electro Norte, Electro Norte Medio y Electro Centro, postergada anteriormente dos veces. Manuel Kiyán, presidente del Cepri de las Empresas Eléctricas Regionales, anunció antes del acto, que "todos los consorcios son nacionales" y que "intervienen por las facilidades que estamos dando". Sin embargo, César Gutiérrez, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Eléctricos, considera que las facilidades otorgadas son exageradas porque el Estado correrá con el gasto de la ampliación del servicio (alrededor de US$ 140 millones en todo el sistema eléctrico para llegar a una cobertura nacional de 75 % para el año 2000) y no el inversionista. "Un alto costo, si se considera que lo que se obtendría por la privatización sería US$ 8.7 millones como cuota inicial (10%) y el resto a lo largo de diez años", aclara Gutiérrez. "¿Cuál es la ganancia y la intención de esta venta?".
Según Gutiérrez, el error fue postergar por un año el proceso de privatización de las empresas eléctricas. "El desplazamiento de inversionistas del vecino país del sur asustó al ministro Jorge González Izquierdo, lo que resultó perjudicial porque postergó la privatización a una época de menor conveniencia". Como se sabe, en estas fechas se llevan a cabo procesos similares en Brasil donde, por el tamaño del mercado, la privatización resulta más atractiva.
CAMPANADA EN EL CAL
Candidato a decanato del CAL, Elías Mendoza
y alerta preelectoral.
La directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha convocado, para el mismo día de los comicios, a junta general estatutaria destinada a "consultar el proyecto de estatuto así como la reforma parcial de estatutos". Según Elías Mendoza Habersperger, candidato al decanato de la orden, la reforma no sólo resulta incomprensible tratándose de una directiva que está de salida, sino, además, contraria a la ley. Resulta que el proyecto de estatuto aprobado el 3 mayo de 1997 contravenía lo dispuesto por la Ley 26776 del 1 de mayo de 1997. El proyecto de estatuto contempla, entre otras modificaciones:
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