TRANSICION
El General En Su Laberinto
Por HAROLD FORSYTH
EL costoso y difícil proceso de transición democrática en Chile es capaz de exhibir logros muy notables. Para empezar, la democracia chilena es una sólida garantía de respeto a los derechos humanos, sus instituciones son guardianes celosas del orden constitucional y el país ha recuperado el prestigio internacional que siempre tuvo.
No obstante, la dictadura pinochetista de diecisiete años ha dejado huellas y rezagos de su largo recorrido por el poder, como los denominados "senadores designados" -que ejercen la misma función que los electos-, la necesidad de votaciones calificadas para cambiar las puntas autoritarias de la constitución y, lo que es más grave, la permanencia del General Pinochet por ocho años adicionales como Comandante en Jefe del Ejército, luego de los cuales asumió el cargo de senador vitalicio sobre una base legal que asustaría al estudiante menos avispado de derecho constitucional.
Pero los elementos precitados son producto no de la falta de vocación democrática de los dos gobiernos que han sucedido a Pinochet, sino de la crítica polarización que caracteriza a la sociedad chilena y de la poca visión de una derecha política que utiliza al general como una póliza de seguro ante el impensable "riesgo" de un "retorno al pasado", con lo que se impide un pleno y definitivo procesamiento de la transición.
Más allá de la buena voluntad y paciente tolerancia del gobierno chileno, el juicio abierto en España contra el General Pinochet y su detención en Londres han hecho saltar la liebre y evidenciado ante el mundo la inconclusa transición de Chile y la herida abierta que aún subsiste en el tejido social. Además, ante la imposibilidad de que el general pueda ser juzgado en su propio país, con la expectativa concreta de que eso se convierta en justicia, el mundo parece haber creado un mecanismo compensatorio propio.
En efecto, la globalización no puede, no debe limitarse a lo económico, comercial o informativo. Si hablamos de un planeta unitario, ello tiene que implicar, necesariamente, el paquete completo. Y esto significa compartir los valores que hoy son comunes como referente ético para la sociedad internacional, es decir, la democracia plural y el respeto y promoción de los derechos humanos como elemento sine qua non para un gobierno mínimamente aceptable por la comunidad internacional.
Del mismo modo como los bancos tienen estándares de conducta y clasificaciones internacionales como, por ejemplo, la triple A que indica la máxima excelencia, es obvio que vamos a un proceso de universalización de los valores y de las sanciones porque un crimen cometido en cualquier parte del mundo atenta contra todos los habitantes del planeta. La corte penal internacional es el primer paso a la internacionalización del derecho que va a ser un elemento distintivo del siglo XXI.
Pinochet, entonces, tuvo la mala fortuna de estar en el sitio menos indicado, Londres, y en el peor momento, cuando recién se empieza a poner a prueba el potencial que tiene el mundo para perseguir la impunidad, venga de donde venga. Se trata, sin duda, de un conejillo de indias en un caso que ha encandilado a la opinión pública europea y generado, en América Latina, una curiosa sensación de sentimientos confundidos porque el proceso tiene, sin duda alguna, un ángulo colonialista.
Luego de que cinco integrantes de la Cámara de los Lores, una de las instituciones más conservadoras de la tierra, rechazaran, en voto dividido, la inmunidad del anciano general, el Ministro del Interior británico Jack Straw tiene la última palabra. Su decisión es difícil, pero los riesgos de que su nombre aparezca en la historia como aquel que se interpuso en un proceso que tiene una sólida acogida en la comunidad internacional son, evidentemente, mayores que los que implica evitar el retorno de Pinochet.
El laberinto del general, muy distinto al de Bolívar en Santa Marta en su lecho de muerte, es exquisito desde el punto de vista académico aunque conmovedor desde su perspectiva humana. Pero, más que ninguna otra cosa, impresiona que la indignación ante la impunidad casi siempre inherente al poder absoluto haya convocado a un mundo sin fronteras para sentar jurisprudencia y, al mismo tiempo, sentar al general en el banquillo de los acusados.
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