Pecado Original
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nació golpeada en el Perú. El presidente de la delegación terminó deportado.
Acaso como un cruel presagio, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, coincidió en el Perú con incidentes nada altruistas. Cuando la misión peruana ya se encontraba en París, se produjo en Lima el golpe de Estado del general Manuel A. Odría, que sacó fuera de circulación las libertades civiles y políticas. El presidente de la delegación renunció y no se le permitió volver al país. A través del embajador Antonio Lulli, el único diplomático que estuvo en la firma del histórico documento y que aún vive, y de publicaciones de la época pudimos reconstruir este paradójico episodio.
Enrique García Sayán, el renunciante presidente de la delegación peruana, en Nueva York, en 1949, tras su destierro. Al igual que Antonio Lulli (abajo, derecha) condenaron el golpe de Odría.
Facsímil de una primera plana del diario La Prensa, dos días después del cuartelazo. La cancelación de las libertades políticas estaba en boga.
BUSTAMANTE EN LA TORMENTA
Además de Lulli, formaban parte de la delegación Enrique García Sayán (padre de Diego García Sayán, actual directivo de la Comisión Andina de Juristas), como presidente, los embajadores Enrique Goytisolo, Fernando Berckemeyer y Luis Alvarado; Juvenal Monge y Carlos Mackehenie; los asesores Alberto Soto de la Jara y Manuel Félix Maúrtua; y los secretarios Tarcisio Villanueva, José Hernández de Agüero y Carlos Arévalo y Carreño.
Todos habían sido nombrados por José Luis Bustamante y Rivero, el jurista que llegó a la presidencia en 1945 encabezando el Frente Democrático Nacional y gracias a votos apristas. En septiembre de 1948, cuando la misión diplomática viajó, el escenario político era digno, digamos, de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bustamante sufría las consecuencias de haber hecho una alianza frágil con el APRA. Los conflictos entre el Legislativo, manejado por dicho partido, y el Ejecutivo resultaron inmanejables. Por si fuera poco, el 3 de octubre del mismo año, un sector de la Marina había ensayado un levantamiento que sólo provocó muertos y heridos.
A pesar de estas turbulencias, Bustamante, como hombre de leyes, estaba interesado en que el Perú participara en la importante reunión. Pero que su canciller de entonces fuera un militar -el general Armando Revoredo Iglesias- parecía un velado anuncio de próximos desenlaces.
Ciudadanos lanzan arengas contra el régimen de Odría. A pesar de la represión, el derecho a protestar no se arredró.
ABAJO LA LIBERTAD
Una mañana de fines de octubre, Antonio Lulli, internado en un hospital de París debido a una leve infección en el pie, recibió la infausta noticia. El general Mauel A. Odría, ministro de Gobierno de Bustamante, había dado un cuartelazo en Arequipa el 27 de ese mes, ante la algazara de sus partidarios y el temor de sus opositores.
Lulli, desde su lecho de enfermo, le escribió una carta a unos amigos suyos, expresándoles su pesar. El momento era crítico, casi tragicómico. Mientras él y el resto de la misión se afanaban por contribuir con el documento que, entre otras cosas, consagra las libertades políticas, en el Perú volvían a reinar el sable y las verdades únicas.
Uno de los primeros decretos de Odría fue poner al APRA y al comunismo fuera de la ley, como si París no le importara una misa, pero aún más vitriólico fue otro incidente. Enrique García Sayán, indignado por el golpe, renunció a su cargo. Acto seguido, y violando el artículo 9 de la naciente Declaración fue deportado.
El Palacio de Chaillot, sede de la firma de la Declaración, en 1948. Bustamante y Rivero envió una misión allí. En el ínterin, lo sacaron del poder.
EL JURISTA Y EL ALMIRANTE
Lulli y García Sayán no fueron los únicos conmovidos por este, nada auspicioso, episodio. Soto de la Jara, que no era diplomático de carrera sino funcionario de confianza, también quiso renunciar. Y alguna idea similar, o por lo menos un gran desaliento, pasó por la cabeza de varios delegados.
El gobierno, sagaz, reaccionó nombrando a Berckemeyer como nuevo presidente de la delegación. Pero el memorable intercambio de cablegramas entre García Sayán y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el contralmirante Federico Díaz Dulanto, desnudó los estilos del nuevo régimen.
Entre las frases entrecortadas, propias de un cablegrama, el texto de García Sayán dice: "Derrocamiento Presidente Bustamante circunstancias hallábase consagrado a labrar bien público (...) constituye inaudita acción (,,,) Prestigio del Perú gravemente vulnerado (...) Formulo renuncia irrevocable a Presidencia Delegación Perú ante Asamblea Naciones Unidas..."
Desde Lima, Díaz Dulanto le responde: "Junta Militar rechaza enérgicamente conceptos su cablegrama (...) fruto de la pasión política con que pequeña camarilla y gobernante depuesto llevaba al país a la desintegración (...) Junta Militar tenía acordado ya la cancelación de la misión que usted ejercía (...)".
El embajador Antonio Lulli (primero de la izquierda), junto a Tarcisio Villanueva y otros integrantes de la misión parisina.
LA ONU ABRE SUS PUERTAS.
El cable del contralmirante llevaba la fecha del 1ro. de noviembre de 1948. Nueve días después, el Perú de todas maneras daba su voto a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según Lulli, había que mirar al futuro. No teníamos por qué hacer el papel de Sudáfrica o de la Unión Soviética, que se abstuvieron de votar.
García Sayán, entretanto, quedó convertido en un ciudadano más, desempleado y con esposa y tres hijos. Permaneció unas semanas en París y, meses después, la propia ONU le ofreció una suerte de reivindicación profesional por su gesto.
Tras la ceremonia de París, se formó en la sede central de la organización, la primera División de Derechos Humanos, instancia precursora de lo que hoy es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. John Humprey, quien había participado en la elaboración de la Carta, la dirigía y contrató a García Sayán para que trabajara a su lado.
Toda la familia del jurista, que vivía en ascuas por la deportación, se trasladó a Nueva York y es por eso que Diego nació allí. Poco después, como si el destino reuniera a los justos, Bustamante y Rivero también llegó a la metrópoli estadounidense y fue, por algunos años, vecino de García Sayán en el barrio de Forest Hill.
Javier Ortiz de Zevallos, ex diputado pradista.
DECLARACION DE LEY.
En 1952, cuando la dictadura odriísta sufrió un ataque de tolerancia, García Sayán volvió al país y se dedicó a su profesión de abogado. Participó brevemente en la Democracia Cristiana y luego fue miembro del Comité de Expertos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Años más tarde, en 1958, durante el segundo gobierno de Manuel Prado, ocurrió algo que volteó la tortilla y que a la vez constituye una curiosidad. Javier Ortiz de Zevallos y otros parlamentarios elaboraron un proyecto de Resolución Legislativa para que la Declaración sea elevada a la categoría de Ley de la República.
Sin que nadie se opusiera, el proyecto se aprobó en el Congreso el 9 de diciembre de 1959. Fue remitido a Prado con las firmas de Enrique Martinelli Tizón, presidente del Congreso, de Pedro del Aguila Hidalgo, senador secretario, y de Manuel B. Montesinos, diputado secretario y, por cierto, un personaje nada secreto de la época.
Prado la refrendó 6 días después (con un solemne "cúmplase, comuníquese y archívese") y Ortiz de Zevallos sostiene que nunca nadie -ni siquiera los gobiernos militares- derogó dicha norma, por lo que, hasta ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene categoría de ley entre nosotros. Aunque usted no lo crea.
Puño y Letra
Once millones de personas se adhieren a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Perú también puso su cuota..
El martes 8 en el Palacio de Chaillot, donde hace 50 años atrás se suscribiera la histórica Declaración, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recibió las adhesiones de más de 11 millones de personas. La campaña, desplegada por Amnistía Internacional, cosechó en el Perú 41,000 firmas. Aquí, algunos elocuentes ejemplos:
En medio de los nubarrones de la Historia, la luz de los Derechos Humanos es permanente fuente de esperanza en la humanidad. Las respuestas de ella frente a las dificultades serán siempre superiores a cualquier traba.
Diego García Sayán
Comisión Andina de Juristas
En nombre del mayor defensor del género humano, Dios-hombre, Jesús, que entregó su vida humana para recuperar para el hombre el derecho de filiación adoptiva como hijo de Dios. Firmo complacido este libro como Obispo de la Iglesia Católica.
Augusto Vargas Alzamora
Arzobispo de Lima
Amnistía Internacional es una de las más importartantes trincheras de la humanidad y los Derechos Humanos, a través de su respeto y vigencia, comprometen a toda persona a garantizar una especie superior .
Juan Manuel Guillén
Alcalde de Arequipa
Nuestros derechos son soberanos y un don de Dios, pero vienen con sus responsabilidades. En el Reino Unido los tenemos abundantes y nos enorgullecemos de la responsabilidad que asumimos de convertirlos en universales.
John Illman
Embajador del Reino Unido.
Del Dicho al Hecho...
Informe presentado en Intercampus pone en evidencia
contradicciones del gobierno en materia de derechos humanos.
DEMOCRACIAy desarrollo, ambos fueron los valores reconocidos por la comunidad internacional en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993. Ambos fueron, también, dos elementos fundamentales en la elaboración de esa gran Carta Magna por la dignidad que se aprobó en 1948.
En la conferencia mencionada se aprobó, además, la Declaración del Programa de Acción de Viena, que estableció como objetivo prioritario la promoción y protección de los derechos humanos; asimismo, se señaló que éstos son universales, indivisibles, interdependientes y que están relacionados entre sí.
Se acordó, por último, que, cinco años después, los gobiernos y la sociedad civil analizaran si se cumplieron las metas trazadas en Viena. El momento de la evaluación ha llegado y, por eso, el gobierno peruano ha presentado recientemente a Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su informe.
Este miércoles, no obstante, en el auditorio Maes-Heller de la Universidad del Pacífico, centro, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el grupo Propuesta Ciudadana y el Consejo de la Prensa Peruana, realizaron la XLV reunión de Intercampus llamada "Democracia y Derechos Humanos", a fin de presentar su propio análisis de la situación.
Mientras el gobierno exhibe como un logro democrático la creación del Tribunal Constitucional, los grupos mencionados recuerdan como una de las violaciones a los derechos humanos fundamentales la arbitraria destitución de tres de sus magistrados Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, por votar en contra de la ley de interpretación auténtica que le permite a Alberto Fujimori postularse para un tercer período presidencial.
El documento presentado por el gobierno, en resumen, no es más que una enumeración de las leyes e instituciones gubernamentales que, según la posición oficialista, se han encargado de velar por el cumplimiento de las metas trazadas en la conferencia de 1993.
Pero, como se señaló en el Intercampus, nada dice del proceso de investigación de las 6,277 desapariciones forzadas registradas en el Ministerio Público, el doble de las atribuidas oficialmente a la dictadura chilena, o de las leyes de amnistía que permitieron la libertad de los militares responsables de la matanza de La Cantuta y Barrios Altos.
Tampoco habla de las ejecuciones extrajudiciales, de la práctica de la tortura y los maltratos en los establecimientos militares y policiales, del paquete legislativo sobre "seguridad nacional", del Poder Judicial y el Ministerio Público sujetos a Comisiones Ejecutivas que responden al poder político.
Los organismos no gubernamentales, en cambio, expresan en su informe que, si bien es cierto que muchas de las prácticas abusivas han disminuido, la situación es aún preocupante: "Hay un apreciable descenso de violaciones de los derechos humanos, pero las cifras de desapariciones forzadas en el país son alarmantes", dice el texto.
Otro tema es la serie de normas dictadas por el gobierno desde 1993, año en que se aprobó la nueva Constitución Política. "Dotó -señala el documento- de un nuevo cauce institucional al país: el Congreso se convirtió en unicameral, el proceso de regionalización fue suspendido, en tanto se desarrollara el proceso de descentralización". Además, las eleciones generales pasaron a efectuarse bajo distrito único y la reelección presidencial para un período adicional se hizo posible.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 el gobierno peruano asumió el compromiso de crear o fortalecer las instituciones que conformen el Estado de Derecho. Sin embargo, desde 1996, un año después de la reelección de Alberto Fujimori, ha venido actuando en sentido contrario.
Sin democracia real y sin desarrollo sostenido, la celebración del cincuentenario de la Declaración invita más a la reflexión que al entusiasmo. En todo caso, la profusión de papeles no cura una situación, que en muchos aspectos es todavía indignante (Leonor Pérez Durand).
