Hambre de AMPE
Vamos Vecino le pone el ojo a la Asociación
de Municipalidades.
Ex viceministro Carlos Valencia, alcalde electo de Cusco: la carta de Absalón.
El pasado fin de semana la congresista C90NM María Jesús Espinoza, brazo derecho del asesor Absalón Vásquez, se reunió con un grupo de alcaldes electos de Vamos Vecino con propósitos electorales. Esta vez la mira estuvo puesta en los comicios para renovar a la directiva de AMPE que preside el alcalde de Cajamarca, Luis Guerrero Figueroa, previstos para la primera quincena de marzo próximo.
VV se prepara, por segunda vez, para capitanear AMPE. Derrotadas sus dos principales figuras en las elecciones municipales: el presidente de VV Rolando Reátegui, alcalde de Tarapoto, y el coordinador general, Edgar Añamuro, alcalde de Moho, el movimiento tendría ya nuevo gallo de tapada: Carlos Valencia, alcalde electo de Cusco. En realidad esta estrategia habría sido trazada desde antes de las elecciones municipales. Valencia era entonces viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia. Es decir, el encargado de coordinar con los presidentes regionales la elaboración del Presupuesto para 1999.
Sobre la base de los resultados obtenidos por VV a nivel nacional (ganó en 565 de los 1819 municipios distritales de todo el país donde se eligieron nuevas autoridades, esto es 36%), el movimiento prepara su estrategia para dirigir AMPE y, desde ahí, afiatar la campaña para la re-reelección. Esto, por cierto, aunado a las actividades del movimiento Alternativa Democrática que auspicia Vásquez, pero que por ahora no cuenta con los alcaldes necesarios para disputar la presidencia de AMPE.
Eventuales contendores de Valencia serían: Alex Kouri, quien tentó la presidencia en las últimas elecciones de AMPE y quedó segundo, o un alcalde de las filas de Somos Perú, que si bien a nivel nacional no cuenta con gran número de alcaldes ha cosechado el mayor número de votos. También podría estar en liza uno de los alcaldes de Perú Ahora, el movimiento que impulsan Guerrero y los alcaldes de Maynas, Jorge Chávez Sibina, y el reelecto alcalde de Huancavelica, Federico Salas. O acaso el alcalde electo de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, que obtuvo, después de Andrade, la segunda mayor votación del país entre los alcaldes provinciales.
DESPROPORCIONADA VIGENCIA
En la cancha de Víctor Joy Way, presidente del Congreso de la República, está la solicitud de la Municipalidad de Huancavelica, para que el ministro de Energía y Minas, Daniel Hokama, explique las razones por las cuales INGEMMET percibe el 30%, el Registro Público de Minería el 15% y el ministerio de Energía y Minas el 15% por concepto de Vigencias de Minas, Nuevos Petitorios y Antiguos Derechos Mineros. Esta recaudación equivale a alrededor de US$ 21.6 millones, suma que a criterio de Huancavelica le pertenece a las 2,004 municipalidades del país, que sólo perciben anualmente un promedio de US$ 3,593 anuales por este concepto.
CONDENA DE LA CIDH
US$ 414,211 tendrá que pagar el Estado Peruano como condena por dos casos de violaciones de las garantías individuales. Tal la sanción impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica. US$167,190 por el caso de María Elena Loayza Tamayo, acusada de terrorismo y encarcelada durante cuatro años y ocho meses. Otros US$ 247,021 corresponden al caso de la detención y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, el 21 de octubre de 1990 por agentes de la Policía Nacional, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Ambos casos fueron presentados en 1995. En setiembre del año pasado una resolución de la corte condenó al Estado Peruano por haber "privado de su libertad a Loayza de forma ilegal y tratada de manera cruel, inhumana y degradante".
SEGUNDA OPCION
Ex ministro Guido Pennano se entregó y obtuvo libertad condicional que espera sea duradera.
Por decisión del titular del primer juzgado especializado en delitos tributarios, el martes 8 quedó revocada la orden de detención contra el ex ministro de Industria, Guido Pennano, y en su lugar se extendió una orden de libertad condicional fijando el monto de la fianza en S/. 45 mil. Pennano, como se sabe, es procesado por presunta evasión tributaria de su empresa Promoagro (S/. 55 mil). Se espera que la historia no se vuelva a repetir. La última vez que el mencionado juzgado hizo lo mismo, la Corte Superior le revocó la orden y ordenó su detención obligando a Pennano a pedir asilo en la embajada de Venezuela, donde fue rechazado. Ahora se espera que pueda defenderse ante los tribunales en libertad. Tras casi un año de permanecer en la clandestinidad, Pennano ha declarado estar "anímicamente bien pero económicamente quebrado".
INTOCABLE
Blanca Nélida Colán: este Congreso podría
negarse a ver su caso, pero quizás el próximo no.
El escándalo de Blanca Nélida Colán y su compra de una mansión de 1,250 metros cuadrados por US$ 750 mil ha sido cubierto por un manto de silencio, gracias a la mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización. Pero las dudas persisten.
El congresista Jorge del Castillo considera que Colán podría haberse enriquecido ilícitamente en su cargo y, el jueves 3, presentó un pedido de acusación constitucional.
El pedido debe tramitarlo la Comisión de Acusaciones, presidida por el oficialista Jorge Trelles, la misma que deberá formar un subgrupo de trabajo para investigar el caso y presentar un informe. Se presume que extenderá la caparazón de silencio.
Miguel Aljovín, Fiscal de la Nación, ha precisado que Colán debe primero ser sometida a antejuicio constitucional para que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen. También ha indicado que si el Congreso actual se negase a tratar el caso, corresponderá a un nuevo Congreso el hacerlo.
El affaire ha traído a la memoria la renuncia del ministro de Economía Jorge Baca, en agosto último debido a que Fujimori anuló la declaración patrimonial que él había implantado.
Esta hubiera permitido mayor transparencia en la investigación de un desbalance patrimonial: cuando, como en este caso, hay discrepancia entre ingresos y egresos de un funcionario público.
Hay quienes opinan que el caso debe ser denunciado ante instancias internacionales. Baruch Ivcher ha informado a CARETAS que presentará denuncia ante Transparencia Internacional, entidad que promueve la lucha contra la corrupción. Lo paradójico es que la sección peruana de esa institución tiene entre sus miembros a la discutida funcionaria.
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