DD HH
50 Años Que Pesan
A Pinochet se le complica el panorama cada vez más, mal que le pese a sus partidarios de aquí y de allá. El general sí tiene quién lo acuse.

Alberto Fujimori ya empieza a pensar quién le puede sacar las castañas del fuego. O a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de encima.

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¿Alguien habrá celebrado realmente en Palacio la Declaración de París de 1948? Justo cuando el caso Pinochet se ponía en la cresta de la ola por la decisión del ministro del Interior británico Jack Straw de autorizar la extradición del ex dictador, diversos personajes del Gobierno -desde los más apagados hasta los más brillantes- aparecieron en público esgrimiendo argumentos, velados o explícitos, sobre la conveniencia o no de una justicia extraterritorial y acerca de la evolución de los derechos humanos. El propio Alberto Fujimori lo hizo el 9 de diciembre, Día del Ejército, hablando de una "pacificación ejemplar", y días después sosteniendo que, en el asunto que involucra al general chileno, estaba de por medio la soberanía de cada Estado. Por añadidura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le remitió al Gobierno un informe en el cual le da un plazo de dos meses para reponer a los magistrados del Tribunal Constitucional, so pena de que si no lo hace le abrirá un proceso en la Corte Interamericana. Esto, sumado al caso de los militares peruanos que serían citados por el juez Garzón, hace que esta conmemoración tenga entre nosotros un sabor a papa caliente.

CASI en fila india, Alberto Pandolfi, Marino Costa Bauer, Alfredo Quispe Correa y Fernando de Trazegnies incursionaron esta semana en el debate ya no nacional, sino mundial, sobre los derechos humanos, generado por el arresto de Pinochet y por el cincuentenario de la Declaración Universal. Toda una cruzada.
Quispe Correa llamó "montoneros y marxistas" a algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en consonancia con Costa Bauer y Alberto Pandolfi insistió en la letanía aquella de la falta de independencia de los organismos de derechos humanos. En suma, el Gobierno pareció sentar posición y prevenir futuros desenlaces.
Pero el summum de esta avanzada cultural fue el discurso de Fernando de Trazegnies el miércoles 9 de diciembre en la Universidad del Pacífico, durante la última versión de Intercampus. Advirtiendo que antes de hablar se quitaba la banda de ministro, leyó un texto que, sin embargo, tuvo todo el aspecto de ser la teoría del Gobierno en materia de derechos humanos.

Las manifestaciones contra Pinochet continúan. La lucha no parece infructuosa, como, al final, tampoco resultaron inútiles las protestas de los magistrados del Tribunal Constitucional por su destitución.

"El derecho internacional no puede estar por encima de las normas y jurisdicción nacional", dijo, para luego agregar que "nada es más grave que tomar sentimientos y darles un valor vinculante". En las actuales circunstancias, ambos argumentos remiten, sin querer queriendo, a la imagen del ex dictador chileno.
. Dijo también que los derechos humanos eran una creación de Occidente, que no había que olvidarlo, como tampoco había que olvidar la "voluntad popular". Esa voluntad no podía ser otra que la de los chilenos, aparentemente tranquilos con tragarse el sapo de la impunidad por siempre jamás.
Fujimori, en cambio, alabó la lucha antisubversiva. El 9 de diciembre, Día del Ejército, proclamó: "Nosotros optamos por una estrategia realista y, por tanto, eficaz, ajena a la represión salvaje de otras experiencias, sin caer en el juego de las negociaciones con quienes tienen como meta destruir el Estado, la democracia y cualquier asomo de derechos humanos...".
El menú estaba servido: no a la extraterritorialidad (lo cual podría implicar la no suscripción del tratado que crea la Corte Penal Internacional), incuestionabilidad de las Fuerzas Armadas y una duda militante frente a las normas universales. Conviene desmenuzar el debate y ver sus ingredientes.
De acuerdo a José Ugaz, ex Procurador de la República, el principio de nacionalidad del Derecho faculta a un país para arrestar a la persona que cometió un delito en contra de un connacional esté donde éste. Por lo tanto, si había españoles entre las víctimas de Pinochet, la justicia española puede actuar.
Más contundente aún es el hecho de que Chile -y Perú, no hay que olvidarlo- son suscriptores de la Convención contra el Genocidio, firmada en París un día antes de la Declaración Universal, es decir el 9 de diciembre de 1948. De acuerdo a ella, quienes hayan incurrido en ese delito pueden ser preseguidos en cualquier lugar.

De Trazegnies, hablando en Intercampus. Su argumentación sobre los derechos humanos resultó más sólida que la de sus colegas Alfredo Quispe y Alberto Pandolfi. Pero al final tuvo el mismo talante.

Incluso en Lima. No es improbable que los tres militares peruanos implicados por el juez Garzón en la "Operación Cóndor" -Martín Martínez Garay, Oswaldo Hernández Mendoza y José Césare Gutiérrez- sean pasibles de extradición. Y es que ¿si la Declaración de los Derechos Humanos no va a ser Universal, entonces para qué está?
Si se mira el asunto por el lado histórico-cultural, hay mucho que recordar. Hasta el siglo XVI, aproximadamente, el derecho familiar permitía a un padre acabar con la vida de su hijo, si consideraba que había cometido una infracción grave, y, más contemporáneamente, en el derecho napoleónico, era lícito que un esposo matara a su esposa si la encontraba en adulterio.
De esas concepciones tiránicas se saltó hacia el derecho del Estado Nación, que permite que la justicia sea hoy lo que es. Según el sociólogo Hugo Neira, lo que ahora presenciamos es un tercer salto hacia un derecho universal, cuyo principal objetivo será sancionar lo que cualquier ser humano reconoce como barbarie.
El pueblo chileno, por eso, no está obligado a aceptar que su transición a la democracia fue, así pues, cargada de impunidad y olvido (una encuesta señala que el 66 por ciento de chilenos piensa que Pinochet es culpable). Por ese camino, se puede pasar por alto las ablaciones de clítoris en el Africa o la feroz marginación de la mujer en ciertos países árabes.
El valor de la preservación de la vida está presente en todas las culturas. El mismo Islam no es por definición fundamentalista. En varias ocasiones, los mismos países árabes han condenado el terrorismo integrista, no han considerado normal que alguien se meta a un mercado y explote junto con su bomba y sus víctimas.
¿Existe, por último, mucha diferencia entre quienes conciben que hay "guerras santas" y quienes defienden al general Pinochet, a sabiendas de que ordenó crímenes horrorosos? ¿Qué se puede decir de nuestra propia cultura?
En los últimos años, debido a la guerra contra Sendero Luminoso, sufrimos una especie de acostumbramiento siniestro a la violencia. Nuestra pacificación no fue, lamentablemente, ejemplar. Los muertos fueron provocados por el Estado y por los grupos terroristas.

Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

El Gobierno, entonces, se descoloca frente al escenario internacional y frente al país mismo al esbozar un punto de vista que, aparte de mostrarse anticuado, ignora los sentimientos del resto de la población. Las heridas no curadas un día pueden saltar también acá y provocar bataholas impredecibles.
Organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se encargan siempre de recordarlo, a costa de ser la piedra en el zapato. Pero hasta ahora el único consenso que han logrado es para liberar a las personas injustamente acusadas de terrorismo.
Por si esto no bastara, están los informes de Human Rigths Wacht, de Wola y, esta semana como una banderilla clavada para celebrar el cincuentenario de la Declaración, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se le da al Ejecutivo un plazo de dos meses para reponer a los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional.
¿Nos llegó nuestro "Garzonazo"? Si en ese plazo esto no se cumple, la Comisión nos abrirá un proceso en la Corte, la cual, sin lugar a dudas, obligará al Gobierno peruano a hacerlo. La consecuencia política puede ser cataclísmica: simplemente se abre la posibilidad de que la candidatura de Fujimori sea, en efecto, desaprobada (ése fue, recuérdese, el motivo de la destitución).
¿Hablará entonces el Gobierno de soberanía y exigirá la solidaridad latinoamericana? ¿Argumentará que nuestra dinámica cultural permite destituir magistrados y promover la impunidad?
Ni las autoridades chilenas, embarcadas casi a su pesar -basta ver la cara del canciller Insulza- en la defensa de Pinochet, han cuestionado los derechos humanos. Es más, han aclarado que defienden al senador, no al general que, esta semana, dio el triste espectáculo de hacer pública una carta en la que, por poco, no pide el Nobel de la Paz.
Los derechos humanos, pese a quien le pese y caiga quien caiga, son ya parte del sentido común del próximo milenio. Puede acogerse la sugerencia del canciller para ser cautelosos con el tema, pero quizás sea mejor abrigar esa pasión lúcida que reclama el padre Lanssiers, porque acá han sucedido demasiadas cosas como para guardar una mesura muy parecida a la indiferencia. (Ramiro Escobar y David Montoya).