División Blandida
Tratamiento diferenciado de la selva en Ley de la
Amazonía que se aprobará el jueves 29.
Proyecto anunciado por Fujimori excluye de alcances de la ley a Huánuco, patria chica de Joy Way.
La próxima promulgación de la Ley de Promoción de la Amazonía, anunciada esta semana por el presidente Fujimori, sería sólo una de las herramientas que el Ejecutivo utilizaría para encarar el problema político generado en Loreto tras la firma de los acuerdos de paz. Esta semana se conoció la existencia de un proyecto para dar a Maynas una nueva configuración territorial que incluye la creación de nuevos distritos. Así se buscaría neutralizar la influencia política del Concejo provincial de Maynas, cuyo alcalde electo, Iván Vásquez, ha participado activamente en las protestas y reclamos del Frente Patrótico de Loreto.
La Comisión de Descentralización del Congreso que preside Samuel Matsuda ha rechazado la propuesta de la presidencia del Consejo de Ministros por su falta de correspondencia con los verdaderos límites fronterizos. Corregidos los errores, el proyecto pasará al pleno para su aprobación.
Por otra parte, según Fujimori, el proyecto de Ley de Promoción de la Amazonía -que el Congreso aprobaría el jueves 29, previa prepublicación del proyecto, para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero de 1999-, contempla un tratamiento diferenciado a las áreas denominadas selva baja y "el resto de la selva" (al que no se ha querido llamar selva alta). Es decir, incluría zonas de Puno y de Cusco, la mitad de Húanuco (lo que pondría en problemas a Víctor Joy Way) pero de ninguna manera a Tumbes.
El ministro de Economía, Jorge Baca, por cierto, ya se había referido al asunto, señalando que la selva alta cuenta con mayor infraestructura vial, etc.
Así, se otorgará incentivos tributarios diferenciados: la selva baja tendrá un impuesto a la renta de tercera categoría de 5%, mientras en el resto de la selva, se mantiene una tasa de 10% para el mismo rubro. Lo mismo ocurriría para el resto de incentivos tributarios -que regirán 50 años- previstos para empresas de transformación de productos nativos.
El encarecimiento de productos -que en la Amazonía no diferencia entre selva baja y alta- es abordado mediante la reducción del precio del combustible vía la eliminación del impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas.
De otro lado, la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la región, se sustenta en la reprogramación que deberán realizar los ministerios de la producción para orientar "un mínimo de gastos de capital" a la selva. Es decir, inversión directa del Ejecutivo.
El proyecto será prepublicado para recoger aportes, pero parece difícil que éstos se produzcan en tan corto plazo y en navideño trance.
CONTRASTE CREDITICIO
Tras la aprobación de la prórroga de las comisiones ejecutivas encargadas de la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, el punto de los organismos de cooperación internacional empieza a ver las cosas con otro cristal. Ya no sólo el Banco Mundial, que dio marcha atrás en el otorgamiento del crédito de alrededor de US$ 22 millones tras el recorte de facultades al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha puesto de manifiesto su desacuerdo con algunos aspectos del proceso. Al parecer, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaría evaluando su retiro. Uno de los afectados más directos con esta decisión sería David Pezúa, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, cuya remuneración vendría de esa fuente cooperante. Mientras tanto la Defensoría del Pueblo, cuyo presupuesto es bastante magro, no se ha quedado cruzada de brazos y estaría por obtener un crédito precisamente del BM.
DEUDA ETERNA
En pleno proceso de recolección de 100 mil firmas se encuentran los miembros de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (ADAEPRA) para presentar al Congreso un proyecto de ley de reconocimiento y pago de la deuda agraria. Según el presidente de ADAEPRA, Fernando Sabogal, el proyecto, que sería presentado en marzo próximo, se considera que el Estado debe asumir la deuda que asciende a unos US$ 513 millones de dólares.
LOS AÑOS PESAN
Luis Serpa Segura: la edad es el límite.
El 70 cumpleaños del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Serpa Segura, a celebrarse en abril próximo, marcará una nueva etapa en su vida. De acuerdo al artículo 180 de la Constitución, Serpa tendría que renunciar al cargo. Lo reemplazaría el representante del Poder Judicial suplente Alipio Montes de Oca, quien también es miembro de la Comisión Ejecutiva de ese organismo. El relevo se produciría previa resolución publicada en el diario oficial, de acuerdo a la versión de uno de los asesores del JNE. Distinto es el caso de la ex Fiscal de la Nación y actual presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Blanca Nélida Colán. Para su primer cargo, sucesivas prórrogas mediante cuestionadas leyes le permitieron permanecer en el cargo cuatro años. Y, por cierto, puede regresar en cualquier momento no sólo porque todavía median algunos años para cumplir los 70, sino porque cuenta con los votos de los fiscales supremos provisionales que ella misma colocó en la Junta de Fiscales Supremos. En cambio el Fiscal Miguel Aljovín cesará en el cargo en 1999 por límite de edad.
VELOS Y BOLAS
Víctor Miró Quesada, gerente general
del Banco Wiese: desinflando el run run.
Al cierre de esta edición, la Superintendencia de Banca y Seguros se disponía a interponer una denuncia penal por terrorismo financiero ante quienes resultaran responsables de la autoría de rumores con respecto a posibles intervenciones a entidades bancarias y/o el descubrimiento de irregularidades en el sistema financiero.
La semana pasada se conoció la versión que señalaba la existencia de un e-mail que habría empezado a circular entre setiembre y octubre pasados haciendo referencia a una inminente intervención al Banco Wiese. Otro rumor involucraba a una conocida firma de courier, cuyo gerente general había tenido acceso accidental a un documento confidencial referido a la intervención del Wiese y cuyo contenido había comentado con un mensajero, quien se habría encargado de divulgar el rumor. Luego ha salido el nombre de Manuel Torrado denunciando la existencia de este presunto complot. El miércoles 16, el Banco Wiese citó a una reunión para detallar a los medios de comunicación sus planes de inversión a futuro, además de anunciar un aumento de capital por US$ 50 millones. En medio de la cita, alguien preguntó acerca de los rumores. El gerente general Víctor Miró Quesada los desmintió tajantemente y los atribuyó a intereses que buscaban desestabilizar a la entidad.
Para algunos, el rumor de la posible intervención del Wiese habría sido movida por otras entidades interesadas en ampliar su participación en la banca local. No está claro si estas bolas se originan en competidores deseosos de comprar barato, en políticos que quieren pescar a río revuelto, en una asociación de ambos o en las dificultades derivadas de la crisis asiática.
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