Verde, Verde...
La Ley de la Amazonía provoca resquemores y hace madurar protestas.

Al cierre, el Congreso continuaba debatiendo. Pero la aprobación, tal cual, de la ley era inminente.

Al cierre de esta edición resumen de fin de año, el Ejecutivo se debatía en un conflicto cuyos ecos podrían prolongarse hasta el próximo milenio. La Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Amazonía, puesta en escena para, como de costumbre, ser aprobada a rajatabla por el Congreso, provocaba un descontento que, como un incendio forestal, parecía extenderse por toda la selva. Nadie parecía satisfecho con la propuesta y menos aún con la voluntad cerrada del régimen de, también en esto, "hacer primero y hablar después".

VENTIUN artículos, diez disposiciones complementarias, tres disposiciones finales y una exposición de motivos. Además, el carácter de URGENTE, con el que fue remitido a Víctor Joy Way, presidente del Cogreso de la República.
El proyecto de Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Amazonía propone una serie de incentivos tributarios a quienes inviertan en esta zona de acceso difícil y olvido sempiterno. También anuncia obras de infraestructura y la creación del Fondo de Desarrollo de la Amazonía Peruana (FONDEAP), con 100 millones de soles para empezar.
¿Por qué entonces tanta grita? El primer factor de descontento es la selectividad, casi quirúrgica, con la que provincias y distritos han sido incluidos en la ley. O metidos en las categorías de "Selva Alta" y "Selva Baja". Ejemplos: Pucallpa está en la primera categoría y distritos como Pimpingos, en Cajamarca, no están en el libreto.

Las comunidades nativas fueron llamadas a último momento. Como siempre.

La Sociedad de Industrias de la Amazonía Peruana (SIAP) ha estimado artificiosa dicha división. La postración de las localidades amazónicas, sostiene, es igual, y en muchos casos la interconexión vial supone fletes más altos que la interconexión fluvial.
Las medidas tributarias, a su vez, parecen precipitadas, tal como señala Armando Zolezzi, experto en la materia. "El hecho que el proyecto contemple -dice- reducción de impuestos y exoneraciones tendrá un efecto negativo en la recaudación".
La contraparte, podría refutarse, es que los incentivos aumentarán la base de contribuyentes, pero Zolezzi agrega que habría que ver cómo marcha la tributación en esta zona, las estrategias para incrementarla, y si funcionaron cuando antes fueron aplicadas.
Los beneficios, de otra parte, se dirigen a las actividades agropecuarias, de acuicultura y de turismo; a las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios, lo mismo que a la transformación forestal. Todo siempre y cuando se haga en la zona. ¿Qué pasa con las empresas ya establecidas? ¿Es justo que el comercio de cualquier tipo (el proyecto no hace distinciones) goce de beneficios tributarios y las empresas que han invertido en cemento o maquinarias no?

La esperanza de los fabricantes de maquinarias podría quedar congelada.

De otro lado, se exonera del impuesto a la renta a quienes desarrollen actividades de cultivo nativo o alternativo. En el caso de palmas aceiteras, café (que constituye el 84 por ciento de nuestras exportaciones tradicionales) y cacao el beneficio sólo es para la producción agrícola. ¿Qué ocurre con las empresas que integran la producción agrícola e industrial?
Se exonera, asimismo, del IGV a quienes vendan bienes que se consuman en la zona. Esto podría originar que empresas instaladas en Lima coloquen sus excedentes en la amazonía, en vez de que se instalen verdaderas industrias en la región.
En suma, señala la SIAP, el proyecto establece diferencias injustificadas, cuyo único resultado será alentar la división y el descontento, tal como ya está ocurriendo. La tesis del desarrollo sostenible, que reclamáramos en CARETAS 1542, no parece la piedra angular de este proyecto.
Con acierto, los representantes del CAAAP (Centro de Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica) han dicho que es exagerado llamar a esta ley "de Promoción del Desarrollo Integral de la Amazonía". Se trata de una ley que alienta la inversión privada. El desarrollo integral merece un debate mucho más amplio, no el apuro como consigna.