Vientos de Fronda
El próximo 14 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá su resolución sobre el caso del Tribunal Constitucional. Habla Guillermo Rey Terry, uno de los magistrados destituidos.

Nacido en Lima, en 1927, Guillermo Rey Terry es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialización en la Universidad de Roma, Italia. Casado, sin hijos, es primo hermano del ex Presidente Fernando Belaunde Terry. No obstante el vínculo familiar, la suya es la trayectoria de un independiente. Integró el JNE en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas (fue decano de la correspondiente a la Universidad de San Martín de Porres) antes de ser designado miembro del TC. Como no se presentó jamás a evaluación alguna, el Congreso dio una ley invitándolo, con Ricardo Nugent, a integrar el Tribunal. Destituido por la mayoría oficialista junto con Delia Revoredo y Manuel Aguirre Roca, prepara con aquélla un libro sobre el desmantelamiento del TC y ve con optimismo el curso de su causa en los organismos internacionales. CARETAS conversó con él a pocos días de vencer el plazo fijado por la CIDH para que el gobierno resuelva el tema de su restitución.

"El único que hace y deshace es Fujimori", dice Rey Terry. Derecha, Enrique y Francisco Chirinos Soto: hermanados en la destitución de los magistrados.

Entrevista
SERGIO CARRASCO

EL domingo 14 vence el plazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno decida respecto al fallo que recomienda la restitución de los magistrados removidos del Tribunal Constitucional. Y la ministra de Justicia, María Carlota Valenzuela, ha dicho que el gobierno debe acceder al pedido, pero que toca a los organismos competentes hacerlo realidad. ¿A qué organismos les corresponde solucionar este problema?
-Es evidente que en esa fecha tiene que haber algún tipo de respuesta, afirmativa o negativa. Una posibilidad de negativa sería no decir nada, que es lo mismo que decir no. Pero en ambos, se diga no o no se diga no, la CIDH va a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Y la sentencia de esta Corte sí es constitucionalmente obligatoria. En ese caso nuestra reposición tendría que ser inmediatamente acatada. La recomendación de la CIDH es un paso anterior, que sería sumamente provechoso que se acatara para evitarle un nuevo problema internacional al Perú. Como el fallo de Costa Rica va a ser definitivamente favorable, si se acatara ahora la decisión de la CIDH se estaría dando una muestra de cierta reapertura hacia la institucionalidad del país.
-¿A quién le corresponde dar esa muestra de reapertura?
-Vamos al fondo de las cosas, aquí el único que hace y deshace es el Presidente Fujimori. Si él da la orden, ya el organismo que actúa es lo de menos. La reposición es un acto inmediato, que no requeriría la intervención de un organismo. Simplemente una declaración del gobierno en el sentido de que no hay ningún inconveiente en que volvamos a ocupar nuestros cargos.
-Tal vez el Ejecutivo prefiera no exponerse y delegar esta decisión a la mayoría del Congreso -que fue la autora del desaguisado-.
-Esa sería una maniobra política, una más de las hechas contra nosotros. Todas respondiendo a un solo objetivo: la venganza por haber sentenciado que la ley de interpretación auténtica no es aplicable al actual Presidente. Lo del Congreso es interesante que se recuerde: comenzó a estudiar -por así llamarlo- nuestro caso a pedido de la oposición, cuando se hizo público que unos papeles míos habían desaparecido y estaban en poder de la policía. (Cosa que negó después la persona que había dicho esto, que era uno de los magistrados.) A raíz de esa afirmación tan grave, se arma una Comisión para investigar ese asunto. Y por supuesto la intención era darle vuelta y terminar destituyéndonos por otra cosa. Porque dicen que nos han destituido no por nuestra sentencia de inaplicación, sino por haber aclarado la sentencia a pedido del Colegio de Abogados. Esta es una estupidez mayúscula. Porque solamente aclara el que ha opinado. Si somos siete y solamente los tres hemos opinado sobre un asunto y alguien pide que se aclare, ¿quién va a aclarar?

Fujimori,Joy Way y la ruta de la re-reelección. En vísperas de su viaje a Washington, el primero desmintió a la ministra de Justicia respecto a coordinaciones para responder a la CIDH y le pasó la papa caliente de la restitución al Congreso. El segundo dijo en Venezuela que "si el pueblo quiere reelegir dejemos que decida".

-La congresista Lourdes Flores dice que el gobierno estaría pensando en dejar que el caso pase a la Corte de Costa Rica. ¿Sería ésta una manera efectiva de prolongar la solución?
-A partir del 14 el proceso en la Corte puede tardar de unos siete a ocho meses. Y entonces ese fallo será inapelable.
-En el caso que hubiese la voluntad política de restituirlos, ¿qué cambiaría en el TC?
-Los tres reasumiríamos el cargo y el Tribunal volvería a tener la verdadera y esencial función: declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Porque un Tribunal que solamente ve las acciones de Hábeas Corpus y de Amparo es absolutamente innecesario. Para eso está la Corte Suprema.
-De producirse, ¿la restitución significaría tácitamente un acatamiento a la inaplicabilidad de la ley de interpretación auténtica para el caso de Fujimori?
-No. La restitución se produciría por hechos vinculados con la falta del debido proceso. Ante determinados funcionarios públicos la Constitución tiene dos caminos. Uno de ellos aplicando el reglamento del antejuicio, como se nos juzgó a nosotros. Pero ese reglamento lleva no a una destitución sino a dos soluciones: declarar que no hay lugar a causa y archivar el expediente, o pasar la persona ante la Corte Suprema para su juzgamiento.
-¿Qué es peor para el país ahora, en esta situación? ¿El daño a la imagen internacional, con el consiguiente efecto en inversionistas y organismos internacionales de cooperación, o el relajamiento en el control constitucional?
-El mundo está globalizado. Internacionalmente se sabe que este Tribunal no puede ejercer el motivo fundamental de su existencia. Y éste es un hecho gravísimo: que en un país no exista un organismo independiente que en un momento dado pueda decir que algo es inconstitucional o no es afecta enormemente. Se trata de la máxima garantía para la inversión y para la vida organizada del país. Lo que está fallando aquí es la institucionalidad.
-Con un Poder Judicial cuya independencia está en tela de juicio, ¿no le parece que, aun con la restitución, el Tribunal tiene una esfera de acción limitada?
-El Tribunal Constitucional está encima de la Corte Suprema en todo lo que se refiere a asuntos constitucionales. Nosotros hemos enmendado varias veces la plana a la Corte Suprema. El Tribunal es la garantía de que el país va a actuar dentro de determinados cánones que todos hemos aceptado. Con un verdadero Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se habría podido dar la ley para que los jueces y fiscales provisionales puedan elegir a miembros del JNE. Se hubiera declarado inconstitucional esa ley. Y el JNE no estaría presidido por quien le dio la razón a Martha Chávez en el juicio que nos puso a los tres magistrados por haber vulnerado su derecho a votar por Fujimori, pese a decir la Constitución expresamente que las sentencias del Tribunal no pueden ser objeto de una requisitoria judicial. Y así sucesivamente todo lo que se ha armado con vistas a la re-reelección no hubiera podido funcionar.
-Recompuesto el Tribunal Constitucional, reincorporación mediante, ¿revisaría el organismo todas estas leyes inconstitucionales?
-Tendrían que ser objeto de denuncia. En ese caso, claro que sí.

"Lo que está fallando aquí es la institucionalidad".

-Hasta diciembre pasado la Comisión de Constitución del Congreso se hallaba en el proceso de selección de los reemplazantes de ustedes. ¿Qué le sugiere este hecho?
-Ningún jurista que se respete va a presentarse para un proceso en donde todavía no se ha resuelto nuestro pedido de reposición. Los que se presentarían serían pues personas vinculadas en una forma u otra o al Servicio de Inteligencia o a personajes como Carlos Torres y Torres Lara. Eso o la nada es lo mismo: en lugar de tener como ahora a dos personajes íntimamente vinculados al gobierno se tendría a cinco. No creo que la oposición dé los votos necesarios, y para eso sí los necesitan.
-Algunos congresistas han señalado que las funciones del Tribunal las puede cumplir la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
-Primero habría que cambiar la Constitución. Actualmente la Suprema no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Lo que puede declarar, como también puede hacerlo el Tribunal, es, en un determinado caso, la inaplicabilidad de una ley. Esta se da en un juicio entre partes y señala que la ley no es aplicable a determinada persona; la inconstitucionalidad se da en abstracto. Ahora, nosotros utilizamos la inaplicabilidad, primero, porque la tiene todo juez. Y, por otro lado, porque el caso era muy concreto y específico: se había dado una ley con nombre y dos apellidos, que solamente correspondía a una persona, el único en el Perú que podía ir a una tercera elección. Y en este caso sí habían partes: una era el Presidente, claramente descrito, y otra el Colegio de Abogados. Nuestra ley orgánica decía que para declarar la inconstitucionalidad se necesitaban seis votos conformes. Y decía algo peor: que si no se conseguían los seis votos conformes, la ley quedaba constitucionalizada. Así que nosotros íbamos a ser responsables de que la ley quedara constitucionalizada. Y entonces, dado que la ley solamente favorece a una persona entre los 24 millones de peruanos, la declaramos, de acuerdo con la Constitución, inaplicable para el único que podía beneficiarse. He discutido mucho este punto en universidades extranjeras y en todas han estado de acuerdo que estuvo muy bien fundamentado.
-Ha tocado usted un asunto neurálgico. Esa ley orgánica es una suerte de atadura. Aún en el caso de ser repuestos estarían de alguna manera limitados en sus funciones.
-Si nosotros fuéramos repuestos, inmediatamente exigiríamos que se baje a una mayoría simple la declaración de inconstitucionalidad. Y si no, cuando se dé el caso tan concreto como se dio, seguir utilizando el control difuso.
-¿Hay alguna otra reforma que necesita el Tribunal?
-Para mi modo de ver necesitaría darle independencia económica clara y definitiva, que no dependa de gestiones permanentes, porque esa es también una forma de control; y por otra parte, garantizar la elección de miembros intachables. Miembros que están vinculados de una forma u otra al gobierno, y sobre todo que alardean de su vinculación no deberían ser ni siquiera propuestos. Pero todo esto se solucionará cuando se termine el problema de la re-reelección.
-Su colega Manuel Aguirre Roca presidirá el tribunal electoral del Foro Democrático en las elecciones primarias. ¿En el caso de ser repuesto, no habría una incompatibilidad entre ese cargo y el de integrante del TC?
-No, porque el Foro está fuera de toda situación vinculada al Estado. El, como el doctor Juan Chávez Molina, quien entiendo también ha sido propuesto, lo único que harían sería ver que ese proceso sea bien llevado. Pero esto no tiene nada que ver con procesos oficiales, así que no veo ningún inconveniente.
-¿Qué aspectos desconocidos de su destitución saldrán a la luz en el libro que prepara con Delia Revoredo?
-No solamente se van a tocar los aspectos de fondo. Sino también detalles que no son estrictamente jurídicos pero sí pueden dar una idea general de la forma como se armó todo el tinglado para nuestra destitución y cómo intervino en todo esto una fuerza organizativa que no sé cuál sea, pero que evidentemente ha obedecido a un comando. Un proceso que no se sábe por qué fue. Se comenzó diciendo que era por lo de la ley de interpretación auténtica, pero después no se atrevieron a tanto y terminaron destituyéndonos. Una mecánica muy bien dirigida que ha tenido una serie de entretelones que vamos a exponer en el libro.
-¿Por ejemplo?
-Uno de nuestros acusadores fue premiado después con la presidencia de la Comisión de Constitución y su hermano también -me imagino que contratado por el Estado, no me consta- estuvo con el procurador del Estado y tomando la palabra en el Poder Judicial cuando se ventilaba nuestro pedido de reposición.
-¿Se refiere usted a Enrique y Francisco Chirinos Soto?
-No quería referirme con nombre y apellido. Pero yo no juzgo ni condeno ese hecho, simplemente lo digo. No quiero entrar en juicios de valor. El otro acusador, por cierto, es el que acaba de enterrar a la seguridad social. Esos fueron los únicos acusadores. Los demás sólo dieron el carpetazo.
-Como miembro del JNE, en 1994 usted admitió la primera reelección de Fujimori.
-En un año y medio vi cómo se modificó una tesis jurídica muy sólida -la planteada por Martha Chávez en 1994 para inscribir la candidatura del mandatario a la reelección- en otra, esgrimida por Carlos Torres y Torres Lara, según la cual la reelección de 1995 se convierte en primera elección.
-Algunos de quienes defienden su destitución, señalan que ustedes politizaron su función.
-Fujimori ha hecho cosas muy buenas por el país, pero al destruir la institucionalidad y no querer reconstruirla ha borrado con el codo lo que hizo con la mano. Un país pobre puede salir adelante siempre, pero sin institucionalidad jamás.