
Nudos y Enredos
Vence plazo de la CIDH y gobierno estira la cuerda.

Oficialista Ricardo Marcenaro jugó la carta dilatoria.
Derecha, Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y
Guillermo Rey Terry: las manzanas de la
discordia.
Tres son los nudos que hasta ahora ha elaborado el gobierno en el asunto de la restitución de los miembros del Tribunal Constitucional para aplazar el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y evitar que se denuncie el caso ante la Corte Interamericana de la OEA.
El primero es extender los plazos de la comisión. En este punto es claro que no procede la ampliación de sesenta días solicitada recientemente por la embajadora Beatriz Ramaciotti, representante del Estado peruano ante la OEA. Los 90 días que por ley otorga la comisión a los Estados para que éstos acaten o no sus recomendaciones, incluye el trámite que debe realizar la propia comisión en caso eleve el pedido ante la corte. De ahí el derecho de ésta de otorgar al gobierno peruano un plazo de sesenta días que venció el pasado domingo 14. Los treinta restantes los ocupará la comisión en preparar su dictamen y elevarlo a una instancia superior.
El segundo nudo es la responsabilidad que el Ejecutivo pretende achacarle al Legislativo en este asunto. Fujimori se ha esforzado por señalar que la competencia en este caso "es del Congreso y no del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia o el Defensor del Pueblo". No es así. El denunciado es el Estado peruano. Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca denuncian al Estado al habérsele conculcado el derecho a emitir opinión sobre la imposibilidad del mandatario peruano a una segunda reelección.
Finalmente, el tercer nudo es aceptar -en última instancia- negociar la recomposición del tribunal antes que la reposición de los tres magistrados. Así, el gobierno estaría dispuesto a formar una comisión especial que convoque a los aspirantes al nuevo Tribunal Constitucional. Esta semana se supo que el congresista José Barba Caballero ya habría aceptado integrar esta comisión y estaría en conversaciones para convencer a otros miembros de la oposición. Esta fórmula no resuelve la denuncia de fondo. Se podrá nombrar un nuevo Tribunal, pero el atropello cometido contra los autores de la demanda seguirá en pie. Aunque Marcenaro y su bancada digan lo contrario.
LOS DIAS VUELAN
El 28 de este mes vence el plazo que tiene American Airlines para decidir si compra o no Aeroperú. Antes de este término, han llegado a Lima catorce auditores de gerencia debida. El dictamen de éstos decidirá si American agarra viaje y alza vuelo.
NO SE DUERME
Giras de norte a sur del país inició la semana pasada el candidato a la presidencia Alberto Borea Odría. El viernes, con Angel Delgado, estuvo en Trujillo para exponer su programa y organizar los comités de apoyo de su campaña. Allí ha logrado el respaldo de los ex decanos del Colegio de Abogados Carlos Vásquez Boyer y Wilfredo Zavaleta. Ellos, junto con activistas juveniles, van a organizarle una gira desde Cajamarca hasta Trujillo. El lunes ya estaba en Arequipa, donde una conferencia de prensa se convirtió en improvisado mitin. El motor de estas acciones es su equipo de campaña, dirigido por Angel Delgado y que integran: Alberto Otárola, jefe de campaña en Lima; Deborah Souza, de prensa; Francisco Loayza y Jaime Cruces, analistas; Eduardo Castillo, representante de los sectores laborales; y Julio Silva Santisteban, de Plan de Gobierno.
VISITA SIP
Argentino Jorge Fascetto, presidente de la SIP, en el Perú.
Hoy jueves el presidente Alberto Fujimori debería recibir en Palacio a una delegación de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presidida por el nuevo presidente de la organización, el argentino director del Diario Popular, Jorge Fascetto. La visita se realiza en cumplimiento del acuerdo adoptado en el marco de la 54 Asamblea General de la SIP, celebrada en noviembre en Punta del Este, Uruguay, tras el informe sobre la situación de la libertad de expresión que presentó Alejandro Miró Quesada Cisneros, vicepresidente de la SIP en el Perú. Entonces la SIP aprobó dos resoluciones que conciernen al Perú. La primera, solicita al Presidente Fujimori investigar y sancionar a los responsables de las amenazas contra periodistas independientes. La segunda resolvió "instar al gobierno para que termine la incautación del Canal 2 y con ella la flagrante conculcación de la libertad de expresión que conlleva y cesar la persecución contra Baruch Ivcher y su familia". La delegación también está integrada por los estadounidenses Tony Pederson, primer vicepresidente de la SIP; Robert Cox, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa; el directivo Earl Maucker; Danilo Arbilla, segundo vicepresidente de la SIP; y el coordinador Carlos Molina.
EL BAILE DE LA ONPE
Los forzados 14 pasos de José Portillo
Campbell, jefe de la ONPE.
Todo hace suponer que frente a la andanada de críticas que recibiera el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Portillo Campbell, tras anunciar que presentaría al Congreso nada menos que 22 iniciativas legislativas referidas al proceso electoral, decidió reducir su pliego a 14. Entre las más polémicas se encuentra la que plantea rebajar el número de firmas de adherentes para la inscripción de candidaturas ante el JNE, de 4% a sólo 2 %. En honor a la verdad, Harold Forsyth fue el primer congresista que se preocupó por el problema. El 29 de octubre de 1996 presentó un proyecto, que ha reiterado el 25 de enero último. Tras una comparación con la legislación de otros países, proponía que el JNE procediera a inscribir a las agrupaciones que reunieran una relación de adherentes no menor del uno por ciento de los ciudadanos hábiles. Precisaba que Bolivia exige el 0.5 % del total de votos; Brasil, 50.000 firmas; Chile, el 0.5% del electorado de la última elección; Colombia, 50.000 firmas; Ecuador, un número no inferior al 0.5% de los votos válidos de la última elección; y Venezuela, el 0.5% del padrón.
Algunas de las reformas a la ley electoral que hoy o mañana presentará Portillo al Congreso son: