En la Comisión Interamericana de DD.HH., el caso de Baruch Ivcher posee alta prioridad. El papeleo correspondiente tiene plazo vencido.

RESULTA irónico que el Perú sea anfitrión, a partir del próximo lunes 1 de marzo, de la II Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas. En primer lugar porque el nuestro es un país donde todas las instituciones del sistema de justicia -Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y Tribunal Constitucional- han sido convertidas en caricatura de sí mismas y están ampliamente cuestionadas.
La ironía se refuerza, además, por el hecho de que el gobierno peruano será colocado el jueves 4, -el día en que concluye en Lima la II Reunión de Ministros de Justicia-, en el banquillo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. Ese día romperán los fuegos la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Sofía Macher, y Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, quienes harán una exposición sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país.
La Comisión Interamericana debe resolver en esa oportunidad el pedido del gobierno peruano de un plazo de sesenta días para analizar las recomendaciones sobre la restitución de los miembros defenestrados del Tribunal Constitucional.

Es la primera vez que la CIDH tiene ante sí un caso en el cual el Poder Legislativo de un país es denunciado por destituir sin el debido proceso a magistrados constitucionales. Este hecho insólito ha provocado incluso discrepancias en el seno de la institución. Algunos miembros sostienen que, por la naturaleza del caso, éste no debería pasar a la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que es la última instancia hemisférica. Explican que ésta podría aducir que el juicio no corresponde a su jurisdicción. Otro sector opina lo contrario: considera que debe crearse el precedente, y fijar la preocupación, cualquiera que sea la decisión final de la Corte.
Lo cierto es que la CIDH, después de una visita in loco en Lima, en noviembre de 1998, había llegado a la conclusión de que se había cometido una irregularidad con la destitución de éstos.
Todo esto resulta un jaque mate político para el gobierno de Fujimori, porque, cualquiera que sea el resultado -paso a la Corte o simple ingreso en el informe anual de la CIDH ante la asamblea general de la OEA- quedará evidenciado el afán reeleccionista de Fujimori, que llevó al extremo de destituir a magistrados que expresaron parecer en contra.
Otro proceso con plazo cumplido es el de Baruch Ivcher y el retiro de su nacionalidad. En su declaración ante la prensa, en informe preliminar, la CIDH cuestionó la situación general de la justicia en el Perú. Lo hizo de manera explícita al señalar que la naturaleza de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público atentaban contra la autonomía e independencia de esas instituciones.
Un dato interesante: en la segunda semana de marzo se elige al nuevo presidente de la CIDH. El candidato de fuerza es Robert Goldman, el del famoso informe.

Janet Reno, severa Procuradora de EE.UU.

CREDITOS PERDIDOS

Dos meses antes de la visita de la mencionada comisión, en setiembre de 1998, venció el plazo que el Banco Mundial había dado al gobierno peruano para que restituyera al Consejo Nacional de la Magistratura las facultades que le había arrebatado. Como esto no ocurrió, el préstamo fue definitivamente denegado. Se sabe que el Banco Mundial, aliado económico del gobierno, ha decidido no otorgar ningún crédito al gobierno peruano con destino al sistema de justicia. Estaría reorientando su política en este campo hacia organizaciones no gubernamentales, aunque quizá la Defensoría del Pueblo constituya una excepción.
No es el primer apoyo internacional que se pierde. El Dr. Guillermo Cabala -ver entrevista sobre otros temas en estas páginas- recuerda que en 1991, una comisión de la Corte Suprema había conseguido la promesa de un crédito de US$ 50 millones para informatizar todo el Poder Judicial. Una comisión formada por César Fernández Arce, entonces presidente de la Corte Suprema, y el propio Cabala, comunicó la posibilidad a Carlos Torres y Torres Lara, entonces presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores. La acogida fue entusiasta: "No pueden venir en mejor momento. Mañana viajo a Italia, y esta noche misma hablo con el presidente Fujimori".
Torres y Torres Lara viajó, habló y regresó; pero nunca más se comunicó con los magistrados sobre el caso. "¿Por qué no se priorizó ese crédito?", se pregunta Cabala. Y se responde: "Porque ya se tenía en mente el autogolpe del 5 de abril".

EL PODER INVISIBLE

En el sistema político peruano, y particularmente en su rama judicial, se ha tejido una red poderosa que desnaturaliza instituciones, coloca piezas claves en éstas y es manejada desde fuera del aparato legal del país. La historia reciente, en particular a partir del autogolpe de 1992, lo demuestra. Después de éste, por la presión internacional, el país pareció retornar a los cauces democráticos y se dio una nueva Constitución. Esta creó instituciones que concedían independencia al sistema judicial, con nombramientos que por primera vez iban a escapar al manejo del Congreso y del Poder Ejecutivo, e iban a estar a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.
Tres facultades se asignaban a éste: nombrar jueces, ratificar jueces y sancionar jueces. El Congreso empezó a restringirles facultades de modo tal que sus miembros -sus siete miembros, por unanimidad- decidieron renunciar. Entraron a funcionar entonces los suplentes. Las contiendas entre éstos son sobriamente relatadas por el aún presidente del Consejo, Dr. Francisco Luna Farfán (ver recuadro). Las tensiones artificiosamente provocadas se van a resolver ahora, según todos los cálculos, con el nombramiento como presidente del Dr. Carlos Hermoza Moya, ex ministro de Justicia del actual régimen y ex embajador político del mismo en Honduras.

Carlota Valenzuela, ministra del Perú, y Procurador de México, Jorge Madrazo, que investigó asesinatos políticos.

CONTRARREFORMA

El proceso de la contrarreforma judicial ha sido tan rudo y descarado, que hasta hombres tan ponderados como el Dr. Roberto Mac Lean, ex embajador del Perú en Estados Unidos y especialista judicial del Banco Mundial, que había auspiciado las reformas, se sintió desilusionado. "No es viable hacer una reforma judicial. Es como construir en arena. Se avanza en la construcción y luego viene una aplanadora" (CARETAS 1509, 26 de marzo de 1998).
Los ministros de Justicia que lleguen a Lima para la II Reunión de Ministros de Justicia evaluarán sin duda este panorama. Algunos de ellos recordarán que el ex ministro de Justicia peruano Alfredo Quispe Correa fue quien propuso, en la I Reunión, en Buenos Aires, al Perú como sede de la venidera cita. Es el mismísimo que en octubre de 1998 sugirió que el Perú denunciara el Pacto de San José de Costa Rica.

LOS QUE VIENEN

Entre quienes han confirmado su asistencia a la reunión de Lima figura Janet Reno, Procuradora General de Estados Unidos. Hasta hace unas semanas, fuentes vinculadas a la Secretaría de Justicia de ese país afirmaban que la magistrada aún analizaba la conveniencia de venir al Perú, por las continuas denuncias de violación de los derechos humanos contra nuestro gobierno y por la falta de independencia acá del Poder Judicial.
También ha confirmado su asistencia el Procurador General de México, Dr. Jorge Madrazo. Se sabe que como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su país tuvo papel descollante en la lucha contra la ola de crímenes políticos que se desató en México hace pocos años.

TEMAS INCOMODOS

Algunos temas de la agenda no deben de ser gratos para la parte oficial peruana. Por ejemplo, el punto "Mecanismos para promover la independencia de los jueces". Como expresa Diego García Sayán, de la Comisión Andina de Juristas, el Perú es el único país del continente donde el 82.5% de los magistrados, entre jueces y fiscales en las diferentes instancias, son provisionales y mantienen esa condición por muy prolongado tiempo. Eso los coloca en una posición de inseguridad y dependencia.
Muchos otros temas localmente urticantes figuran en la agenda. Y algunos datos sobre la justicia peruana queman. Verbigracia: de los 34 mil encarcelados en el Perú, 23 mil (el 70%) son sólo inculpados, es decir, no están sentenciados.
Otros rubros son las penas excesivas, la expansión de la justicia militar a áreas ajenas a los institutos armados, las duras condiciones carcelarias. En fin, la II Reunión de Ministros de Justicia tiene su sede en el Perú, pero la justicia no.