A pesar de la suspensión, el domingo pasado, de notas programadas en la Tv., y de la insólita defensa que de él hicieron el presidente Fujimori y monseñor Cipriani, el general Tomás Marky Montero, jefe de Estado Mayor del Ejército, sigue en un proceso judicial, algo impensable hace algunos meses. Acusado de robarse más de un millón de dólares del narcotráfico -y ahora investigado por signos exteriores de riqueza-, Marky parece revelar que hay serias vueltas de tuerca en el cogollo del poder.

Marky aparece en video, grabado el 21 de enero de 1995, en el lugar de la incautación. Al lado: el entonces comandante Orville Pérez Lale, jefe de la base de Pichari, cargando uno de los maletines en los que habría estado el dinero que desapareció. La toma se realizó un día después de la operación contra la avioneta de narcotraficantes colombianos. Recién entonces hubo fiscales y miembros de la policía antidrogas.

EL 30 de enero de 1995, en la notaría González Vigil Balbuena de Lima, se registró la operación de compra-venta de una casa de 1,120 metros cuadrados, ubicada en la calle Los Almendros No. 242, urbanización residencial Monterrico.
La nueva propietaria del inmueble era la señora María del Pilar Bertarelli Bustamante, esposa del general Tomás Marky. Este, como se sabe, es el presunto responsable del robo del contenido de tres maletines con 1'200,000 dólares, hecho que se habría producido durante la intervención a una avioneta de narcotraficantes el 20 de enero del mismo año.
De lo anterior se desprende una nueva sospecha sobre el general, registrada cuatro años después de los hechos. Si bien no es la primera vez que un general es involucrado en el narcotráfico, resulta asombroso que, en este caso, sea el segundo en jerarquía del Ejército.
Un hombre, además, cercano al otrora poderoso general Hermoza (ver CARETAS 1370 y 1554) y que estaría representando, en este momento, conflictos en el nudo más fuerte del poder. La defensa abierta que de él ha hecho el presidente Fujimori -y, por añadidura, monseñor Cipriani- darían fe de ello.

El juez José Luis Pinares, quien abrió el primer proceso contra Marky en 1995, con el video acusador. Derecha: la casa del general en Monterrico, curiosamente comprada diez días después de la desaparición del dinero de los maletines.

DE VUELTA AL JUEZ

Marky ya tenía antecedentes de haber sido, cuando menos, poco activo contra el narcotráfico en la zona de Palmapampa, en Ayacucho. Y el hecho del que hoy se le vuelve a acusar data de enero de 1995. Algo tiene que haber pasado en el último tiempo para que caiga en desgracia.
Todo lo que ha ocurrido con él -su detención, inicialmente domiciliaria, y su posterior internamiento en el penal Sarita Colonia- ha contado con la anuencia, o tolerancia, del general Saucedo, jefe del Comando Conjunto, y del ministro de Defensa, Julio Salazar Monroe, hombre muy cercano a Vladimiro Montesinos.
El asesor buscaría debilitar a los últimos rezagos del sector hermocista. Sólo así se explicaría que, cuatro años después, luego de que el juez José Luis Pinares fuera sacado del caso arbitrariamente, otro juez de primera instancia ordene la detención del jefe de Estado Mayor del Ejército. Eso no sucede así nomás en el Perú.
Buenaventura Huamaní Cuevas, titular del Juzgado Transitorio Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas, es quien acusa ahora a Marky por el delito ya mencionado, y además está investigando sus signos exteriores de riqueza. Entre ellos: una casa valorada, por lo menos, en un cuarto de millón de dólares, comprada diez días después del presunto robo de maletines.
Huamaní será el encargado de determinar si hay una relación causa-efecto entre ambos episodios. Pero otros detalles investigados por CARETAS llaman la atención.
En la ficha que obra en Registros Públicos el precio consignado como pago a Luis Nolberto Quiñones Dávila, por el inmueble, es de 130 mil soles. Al cambio de la época (2.17 soles por dólar) eso equivale a 59 mil dólares.
De acuerdo con Carmen Miranda, de la inmobiliaria SOPECO, el metro cuadrado de terreno en la zona costaba, en esa época, de entre 200 a 250 dólares. Es decir que solamente el terreno de 1,120 metros cuadrados superaba los 200 mil dólares.
Sumado el costo del área construida, el inmueble tendría un valor que podría superar los 300 mil dólares. Ahora le toca al general explicar cómo respalda esa compra, considerando además que su esposa no trabaja.
La casa habría sido embargada preventivamente, mientras duren las investigaciones. Entretanto, la aparición de un video grabado al día siguiente del presunto robo del contenido de los maletines y las declaraciones del juez Pinares continúan hundiendo a Marky.

La avioneta colombiana intervenida y uno de los maletines en cuestión, en los que después sólo se encontraron cartas de navegación y frascos de shampoo. La acción contra los narcotraficantes en sí, que implicó la muerte del piloto de la nave. Derecha, se trastocó cuando surgieron sospechas acerca de la desaparición de dinero.

LOS MALETINES

Gracias al testimonio de este juez, se sabe ahora que, a los cinco minutos de producida la intervención a la avioneta en Villa Virgen, Ayacucho, Marky llegó en un helicóptero. Ya en el lugar, ordenó a sus subalternos trasladar la droga, el cadáver del piloto y los tres maletines a dicha nave.
Marky felicitó al teniente Omar Zegarra, quien comandó la operación, y ordenó a los tripulantes del otro helicóptero sobrevolar la zona. Zegarra sería quien luego acusaría al general de la apropiación del contenido de los maletines y, sin embargo, sería él quien terminaría preso.
Pinares señala, además, que la incautación se realizó sin la presencia de un fiscal y que en el acta no se mencionaba ningún maletín, y menos dinero.
Fue después que comenzó a recibir versiones sobre un teléfono celular, una pistola y los tres maletines conteniendo 1'200,000 dólares. Quienes lo alertaron sobre ello fueron campesinos de la zona y el propio jefe de la División Antidrogas de Ayacucho, el comandante PNP Jorge Cabezas.
El juez logró recuperar el celular y la pistola, pero sólo después de tres meses Marky le devolvió un maletín vacío.

El general muestra la llanta de la avioneta impactada por proyectiles de bala para las cámaras. Derecha: inusual dúo defensor conformado por el Presidente de la República y el Arzobispo de Lima que, sin embargo, no ha logrado desinflar la acusación.

El general, por otro lado, regresó al día siguiente al lugar de los hechos, acompañado del fiscal Esteban Minaya y de dos periodistas de RPP y Canal 4. Las imágenes grabadas en esa oportunidad -que CARETAS presenta en calidad de primicia- muestran escenas sugerentes.
Se ven dos maletines cerrados. Alguien los abre, y la cámara se detiene en su contenido. Del primero se extraen cartas de aeronavegación y guías de ruta. En el segundo se observa una máscara de oxígeno, un shampoo, desodorantes y colonia. Es como si se quisiera demostrar que allí no hay nada.
Los periodistas abordan a Marky, quien dice: "En el interior de la avioneta hemos encontrado al piloto colombiano muerto, al copiloto herido y 450 kilogramos de pasta básica lavada".
"¿Qué más se ha encontrado, general?", pregunta un periodista. Marky responde: "Solamente documentos de los pilotos, nada más. Dinero nada porque lógicamente ya habían pagado".
Este video nunca se difundió, al parecer por presiones del propio Marky, que luego se habría arrepentido de promover una grabación que por lo explícita en cuanto al contenido de los maletines resulta sospechosa -maletines que, al fin de cuentas, no terminó de entregar al juez (Mabel Barreto).