Por AUGUSTO ELMORE

CREO que la señora ministra de Justicia, doctora Marta Carlota Valenzuela de Puelles, ha oído la melodía de los Derechos Humanos y de la despenalización de los inculpados injustamente, pero no sabe dónde suena, porque pocas veces he oído de un proyecto más deleznable y peligroso para el país y para la ciudadanía en general que la ley que acaba de anunciar presentará al Congreso, por la cual se haría flexible el régimen carcelario a terroristas y criminales sentenciados por delitos graves, robos en banda, tráfico ilícito de drogas, etc.

La señora ministra no parece vivir en este país, ni siquiera leer los periódicos. No está enterada de la absoluta inseguridad en la que vive la ciudadanía. Seguramente que se traslada acompañada por un séquito de seguridad, por lo que soltar a todos esos delincuentes a la calle por intermedio de la "redención" por trabajo (cosa que ha sido la burla de la justicia en la mayoría de los casos), parecería no afectarla. Me parece realmente escandaloso proponer una ley de esa naturaleza en estos momentos. Los delincuentes avezados, y entre ellos, por cierto, los terroristas y los narcotraficantes, no son pasibles de redención por trabajo. Ellos deben purgar las penas, en algunos casos bastante blandas, a las que han sido condenados. Si no, la ciudadanía quedará absolutamente indefensa y a merced ya no sólo de los que actualmente roban, asaltan y asesinan por doquier, que son muchos, sino también de aquellos que, si se llega a dar la ley, saldrán a la calle como por un tubo, tras ponerse, ñatos de la risa, a pintar cuadros o paredes o a cortarle el pelo a sus colegas de oficio. Los criminales se "matarán trabajando" para salir cuanto antes a hacer lo que mejor, o quizá lo único, que saben: asaltar, secuestrar, asesinar, o tirar bombas por aquí y por allá. Si tal despropósito se llega a hacer realidad, los peruanos sabremos a quien agradecerle el regalo.

Digámoslo con todo respeto a su investidura, doña Marta Carlota debería en verdad llamarse Alicia, porque parece creer que habita en el País de las Maravillas, donde la gente vive tranquila y contenta porque no hay asaltos, robos ni asesinatos. Ahora sólo le queda al Congreso asumir su responsabilidad ante la ciudadanía y rechazar ese peligroso proyecto presentado por la señora ministra.

En medio de la asonada que se llevó a cabo contra el desalojo de los ambulantes de Gamarra, ampliamente captada por la televisión, pude observar un letrero colocado en la entrada de una de las galerías existentes en el lugar, en el que se leía: Se Alquilan Tiendas. Eso quiere decir que en Gamarra existen lugares donde un comerciante puede ejercer lícitamente, vendiendo con factura y pagando alquiler, luz, servicios. No hay razón, pues, para ponerse a vender en la mera calle, perjudicando a los comerciantes formales e incumpliendo con todas las normas. Lo que quieren aquellos que son capaces de quemar todo lo que esté a su alcance a fin de salirse con la suya, es trabajar ilícitamente, aun perjudicando seriamente a quienes cumplen debidamente con sus obligaciones tributarias y demás. La calle es más barata, dicen.

Algunos lectores, como el señor Juan Boyanovich, que escribe por E-mail desde la Tennessee Technological University (TTU), parecen tomar el rábano por las hojas. Me acusa de racista (¿es que he mencionado jamás, alguna vez, alguna raza con desprecio?), (¿yo, blanco y ario, racista?) y discriminatorio, porque digo que el subsidio para el ingreso a la universidad mejor hubiera sido destinado a los institutos tecnológicos. Y además dice que soy un tercermundista: claro, desde la TTU, todo debe parecer tercermundista. Aparte de eso, cabe aclarar que al que escribe sus padres no le pagaron los estudios de periodista (aunque sí sus abandonados de abogacía); los hizo en la práctica, solo. Aunque no lo conozco, no creo que él pueda decir lo mismo respecto de los suyos. Además, no sólo no menosprecio el ser gasfitero o albañil sino todo lo contrario. Los aprecio tanto que siempre ando en busca de uno bueno. Lo que digo es que en este país el Estado no debe favorecer a quienes quieren estudiar abogacía, por ejemplo, profesión sobresaturada, y que si va a haber algún subsidio éste debe ser selectivo (¡no respecto de la raza!, ¿eh?), sino con relación a lo que el país necesita y puede ofrecer a los jóvenes. Estos deben ser orientados a carreras donde puedan tener futuro, si existe alguna que lo ofrezca en estos momentos. Porque nada peor que un abogado frustrado: hasta puede terminar de congresista. Estimado y agresivo lector: mejor deje la Tennessee Technological University y dese una vuelta por su país. Aquí las cosas son distintas. Tercermundistas, claro.

Seguro de que, por la distancia, el lector no sabe que medidas como la que comenté se deben principalmente a motivos políticos y no a justicia social: las elecciones son a comienzos del 2000. Los jóvenes votan y son la mayoría, así no hayan ingresado a la universidad. El gobierno lo sabe, y quiere merecer su gratitud en la cámara secreta.

Hace poco una persona que conozco puso 50 soles de gasolina en el tanque de su auto y pagó con tarjeta de crédito. El resultado fue un recibo por 57.50 soles. Es decir que, como ocurre ahora en una gran cantidad de establecimientos comerciales, el uso de la tarjeta implica un sobrecosto, a veces superior al 10%. No sé si es una práctica prohibida, pero eso no ocurre en el extranjero, donde el comerciante más bien le hace un descuento al consumidor por el pago al contado, pero mantiene el precio estipulado cuando se paga con tarjeta. ¿Es que todo serán abusos contra el consumidor en este país? Y eso que tenemos a Indecopi que nos defienda. ¡Cómo sería si no!

Deberíamos desarrollar en el país un gran movimiento de solidaridad con las víctimas de los desastres naturales que asuelan el país. Pero mucha gente se preguntará: Sí, ¿pero con qué? Casi no hay nadie a quien le sobre. Y a quienes sí, creen que meter la mano al bolsillo da mala suerte.