¿INOCENTES Pagan por Marky?
Dos oficiales que acusaron al general Marky purgan hoy prisión. Sus testimonios y otros documentos hablan, además, de una conexión que llegaría hasta el general Nicolás Hermoza.

Esta semana se confirmó que el jefe de Estado Mayor del Ejército, Tomás Marky Montero, no tendrá orden de comparecencia y, por tanto, seguirá detenido en el penal Sarita Colonia del Callao. Nadie, luego del Presidente y el arzobispo de Lima, ha vuelto a poner las manos en el fuego por él y más bien se han alzado las voces del teniente Omar Zegarra y del coronel Flavio Gallegos, quienes, luego de acusar a Marky de estar involucrado en la red del narcotráfico, terminaron detenidos en el penal de Yanamilla, en Ayacucho. Aquí reconstruimos la historia de ambos, pero además aparece otro elemento: un caso de narcotráfico ocurrido seis meses antes en Palmapampa, cerca del lugar del robo de los maletines (ver CARETAS 1556) y cuando Marky ya tenía autoridad en la zona. En dicho caso estuvo implicado un oficial que informó al general Hermoza Ríos de lo que ocurría en Ayacucho y que ahora trabaja con Vladimiro Montesinos. Sigue cobrando cuerpo la hipótesis de que, detrás de la caída de Marky, se estarían derrumbando algunas alianzas que, hasta no hace mucho, conformaban el núcleo del poder en el Perú.

El Frente Huamanga en 1994. (1) General Tomás Marky, actual jefe de Estado Mayor del Ejército, ahora inculpado por el robo de un millón de dólares. (2) Coronel Flavio Gallegos, entonces inspector del Ejército en la zona, hoy preso en Yanamilla. (3) Comandante Orville Pérez Lale, jefe de la base de Pichari, co-inculpado con Marky. (4) General Nicolás Hermoza Ríos, entonces jefe del Comando Conjunto. (5) Coronel Pedro Baca Doig, también co-inculpado con Marky.

Escribe MABEL BARRETO

1994. La selva ayacuchana se había convertido en una de las "zonas cocaleras" más importantes del país y en un escenario de la lucha contra el narcotráfico. Las "firmas" de la droga, sin embargo, sorteaban el control pagando "cupos" a oficiales del Ejército para que les permitiesen aterrizar en las pistas clandestinas.
Quien debía fiscalizar estos hechos, el coronel e inspector del Ejército en Ayacucho, Flavio Gallegos, fue detenido el 15 de enero de 1995, justo cinco días antes del, hoy famoso, incidente de los maletines. Había estado investigando al teniente Carlos Ureta, jefe de la base Louisiana, justamente por permitir que avionetas despegaran a cambio de los cupos.
Ureta, inusitadamente, acusaba a Gallegos de ser él quien permitía los aterrizajes. El pecado del coronel, al parecer, fue tomarse en serio su labor de inspectoría e incluso investigar al comandante general de la Segunda División de Infantería y jefe del Ejército en Ayacucho, el general Tomás Marky.

FIELES TESTIMONIOS

Las sospechas de Gallegos partían de testimonios recogidos desde que llegó a Ayacucho, en enero de 1994. Sobre todo del que le ofreció el mayor EP Jorge Esparza Vega -según otras versiones Carlos Esparza Morgan-, jefe de la Compañía de Comandos "Lince", quien le reveló nombres y puestos de varios oficiales comprometidos en el cobro de cupos.
Esparza incluso le confesó que él mismo había participado de esta corrupta modalidad, y como prueba le mostró US$ 15,000 de un total de US$ 47,000 que se habían repartido entre varios oficiales. ¿Por qué se había arrepentido, repentinamente, este oficial?
Esa parte de la historia aún está en el misterio, pero el hecho es que Gallegos decidió poner el asunto en conocimiento de la más alta autoridad de las Fuerzas Armadas: el entonces jefe del Comando Conjunto, general Nicolás Hermoza Ríos.
El coronel, además, tenía otras razones. En varias ocasiones anteriores había informado al general Marky, pero éste no dispuso ninguna sanción. No hizo nada, por ejemplo, cuando, en febrero de 1994, lo puso al tanto que el jefe de la Base San Francisco había cobrado un cupo de US$ 60,000 a los narcotraficantes.

Teniente Omar Zegarra en su celda de la cárcel de Yanamilla. Acusar a Marky le costó la libertad.

ANTE HERMOZA

Esparza, por recomendación de Gallegos fue a Lima para informar personalmente al general Hermoza. Este lo habría recibido entre julio y junio de 1994 y habría tomado así conocimiento -al menos oficialmente- de lo que ocurría en Ayacucho.
CARETAS ha verificado esta información a través de una manifestación escrita que el propio coronel Gallegos entregó al juez José Luis Pinares -que incluye todas las denuncias que hizo ante Marky y que no generaron sanciones- y también por medio de un testigo del juicio por los hechos de Palmapampa.
Esta persona recuerda que el mayor Esparza dijo, ante los jueces del Consejo Supremo de Justicia Militar, que estuvo dos veces en la "Casa Blanca" de Chorrillos, domicilio del jefe del Comando Conjunto, narrando los hechos. El testimonio debe estar en las actas del Expediente 582-B-94, una de cuyas páginas mostramos en este informe.
Asimismo, el fiscal militar Raúl Talledo, quien llevó adelante la acusación, sostuvo que Esparza conminó a sus oficiales a cobrar los cupos, recibió los US$ 47,000 del teniente Vargas Peláez y los repartió entre algunos oficiales. También que entregó US$ 15,000 al inspector general del Ejército, a quien acudió por indicación de Hermoza Ríos.

SILENCIO OFICIAL

Lo que llama la atención es que el jefe máximo del Ejército se entere de las graves irregularidades, ocurridas, presuntamente, a vista y paciencia del jefe militar de la zona, y no ordene una investigación inmediata. Hermoza se limitó a enviar el caso a la Inspectoría General del Ejército, desde donde se inició un juicio por el que luego se sancionó a algunos oficiales, pero no al general Marky.
El coronel Gallegos, por su parte, en 1994 informó cuatro veces (en mayo, julio, octubre y diciembre) a Hermoza sobre el cobro de cupos. Lo hizo a través de su asesor personal, el entonces coronel EP Renzo Rejas, y también envió sus informes al inspector general del Ejército. No recibió respuesta.
Marky no sólo permaneció en su cargo, sino que después fue nombrado jefe de la Tercera Región (Arequipa) y siguió ascendiendo (a inspector general del Ejército y a jefe de Estado Mayor del Ejército), aun después de la salida del general Hermoza.


Facsímil de la acusación del fiscal militar Raúl Talledo en contra del mayor Esparza y otros oficiales por el caso Palmapampa. A pesar de que Marky también tenía responsabilidad en este caso, por ser jefe de la zona donde ocurrieron los hechos, no fue citado al Consejo Supremo de Justicia Militar.

TENIENTE RENATO

Permanecer en el cargo le habría permitido al general Marky participar en el sonado incidente de los maletines. Pero al testigo de estos hechos, un oficial que, todo indica, simplemente optó por cumplir su deber, le ocurrió lo mismo que al coronel Gallegos.
Seis días después de la detención de Gallegos en Los Cabitos, llegó, también detenido, el teniente Omar Zegarra, jefe de la base Villa Virgen. Fue él quien vio aterrizar la avioneta colombiana el 20 de enero de 1995, a las 4:30 de la tarde, y dio la orden de derribar la aeronave.
Después de ser felicitado por el mismo general Marky, Zegarra fue citado a Los Cabitos. Es lo último que recuerda. Cuando su padre y su hermana llegaron hasta el cuartel no lo reconocieron. "Parecía un loco", recuerda Patricia Zegarra.
Los médicos diagnosticaron esquizofrenia provocada por reactivos. "Cuando reaccionó -sigue Patricia-, nos contó que el comandante Guillermo Monzón Talledo -jefe de Inteligencia de Los Cabitos- quiso persuadirlo de autoinculparse, a cambio de dinero".
El teniente no accedió y fue denunciado por permitir el aterrizaje de avionetas en Villa Virgen. En su testimonio ante el juez Pinares, Zegarra contó cómo vio el traslado de tres maletines de la avioneta colombiana al helicóptero del general Marky. Hoy él está preso y Pinares trabaja en un pueblo ubicado a 14 horas del Cusco.
Inexplicablemente, Zegarra tuvo que enfrentar los cargos de encubrimiento de narcotráfico, desobediencia, homicidio, etc. Fue condenado a diez años de prisión. Aún así, en julio de 1995, denunció a Marky ante el CSJM, por abuso de autoridad y por apropiación ilícita de los tres maletines.
El Poder Judicial ha desempolvado hoy su denuncia y la ha convertido en pieza fundamental del proceso que ha iniciado, por fin, contra Marky.
Otra ha sido la suerte del mayor Esparza. Recibió una pena mínima y no fue dado de baja. Durante años estuvo inubicable, hasta que hace poco se supo que trabaja con Vladimiro Montesinos. El hilo de la madeja, por lo visto, nuevamente conduce hacia la entraña del poder en el Perú.