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La ministra de Justicia, Carlota Valenzuela, Fujimori y el siempre zalamero secretario general de la OEA, César Gaviria, tras inaugurar el evento.
La prensa volvió entonces sus ojos hacia la cabeza de la Reforma Judicial, David Pezúa, pero se enteró de que éste sufría de un oportuno proceso bronquial. Era evidente que no quería dar la cara en el evento, y menos tras el informe del Departamento de Estado.
El fiscal de la Nación, doctor Miguel Aljovín, tampoco asistió, pero por otras razones.
Fujimori se dirigió a Palacio, donde tenía la reunión con Janet Reno, la procuradora general de Estados Unidos. La conversación duró exactamente quince minutos y fue necesariamente protocolar. Allí sí la Reno puso los puntos sobre las íes, y mencionó parte del Informe del Departamento de Estado. Inquirió al Presidente sobre la independencia del Poder Judicial. Su interlocutor mantuvo la línea de parquedad oriental que tanto lo ha ayudado a no responder sobre temas espinosos.
Horas más tarde, Janet Reno almorzó, según fuentes del ministerio de Justicia, con la ministra del portafolio, Carlota Valenzuela. La Procuradora debe de haber pensado que de mujer a mujer podrían conversar más sinceramente. Falso pálpito. Ello no habría ocurrido, puesto que sólo minutos antes la ministra había declarado a la prensa orondamente: "Nunca he visto un solo caso de intromisión política en decisiones judiciales".
En realidad, la Reno, más allá del Informe del Departamento de Estado, y pese a consejos de sus asesores de que no viniera al Perú, quiso participar de la reunión de la OEA en Lima a fin de poner sobre el tapete cuatro temas que le interesan:
1. El esfuerzo para luchar contra el crimen vinculado a la utilización de la informática.
2. La violación de la propiedad intelectual.
3. La promoción de convenios de extradición entre los países de la región.
4. La creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
Mónica Nagel y Soledad Alvear, ministras de Justicia de Costa Rica y Chile, defienden la independencia del Poder Judicial.
LOS MINISTROS
La Dra. María Soledad Alvear, ministra de Justicia de Chile, manifestó a CARETAS que la independencia de las instituciones chilenas, en especial la del Poder Judicial, es un elemento importante para un tipo de economía abierta que requiere dar confianza a los distintos inversionistas.
De otro lado, consideró que el mismo presidente Fujimori fue muy franco al reconocer que esa era una tarea pendiente. No olvidemos, expresó, que en este mundo globalizado la inversión depende mucho de las variables no sólo económicas, sino también de los sistemas democráticos y de la calidad de sus instituciones. Los inversionistas ahora se fijan mucho en los sistemas de administración de justicia para resolver eventuales conflictos.
Asimismo, señaló que en Chile se está llevando a cabo una profunda modernización del sistema judicial penal. "Hemos generado un Ministerio Público autónomo. Se ha hecho y aprobado la reforma constitucional que hace a esta entidad independiente de los poderes del Estado".
Por otra parte, la ministra de Justicia de Costa Rica y vicepresidenta de la reunión, la doctora Mónica Nagel Berger, consideró que Latinoamérica ha entrado en un proceso de democratización, de globalización y, por supuesto, todos los países de Latinoamérica han firmado y ratificado todos los tratados de protección a los Derechos Humanos. Pero no sólo hay que ratificarlos, sino que hay que cumplirlos.
"En el caso de Costa Rica, hay una división muy tajante, hay mucha autonomía e independencia de los tres poderes. Como ministra de Justicia soy el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero el Poder Judicial tiene competencia propia para hacer sus reformas. No corresponde al Poder Ejecutivo hacer las reformas administrativas o legales del Poder Judicial. Este último recibe el 6% del presupuesto".
El director de Human Right Watch para el Perú, Bolivia, Venezuela y Chile, Sebastian Brett, comentó que los sistemas judiciales de Chile, Venezuela y Bolivia tienen problemas graves en la administración y desarrollo de una justicia independiente, autónoma, eficaz y accesible. "Creo", manifestó, "que es un problema general, pero en el Perú hay una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Acá no hay independencia".
Por la tarde del martes, un grupo de jóvenes de la Coordinadora Estudiantil, encabezados por Dimitri Senmache de la Universidad Ricardo Palma, se apersonaron al Hotel Oro Verde. Llevaban en las manos un manifiesto. "Señores ministros de Justicia, como jóvenes latinoamericanos, les pedimos que recomienden y exhorten al gobierno del Perú para que cese a las comisiones interventoras del Poder Judicial y el Ministerio Publico". La seguridad del evento evito su acceso al Hotel. Finalmente, lograron su cometido: entregaron su documento a la presidencia del evento. (Guillermo Gonzales Arica)
El No de los Gringos
El primer párrafo del Informe del Departamento de Estado arremete contra la reelección de Fujimori. El resto es una pirámide de hechos.
1.-Pese al mandato de la Constitución de 1993, la mayoría parlamentaria se enfrenta abiertamente al texto constitucional, que sólo permite dos períodos presidenciales consecutivos. Una serie de dispositivos buscan "interpretar" ese mandato.
2.-La destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional se debió, sin lugar a dudas, a que deseaban cumplir con su deber de respetar una Constitución propiciada por Fujimori y que sus partidarios violan en éste y otros casos.
3.-El dominio del Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial queda sustanciado en cada una de las 48 páginas del documento que remeció a la opinión pública peruana y suscitó la ira del Presidente y de sus adictos. Pero la verdad queda en pie.
4.-Lapidaria es la definición sobre la realidad del sistema judicial en el país. A pesar de que el golpe de abril de 1992 se dio, según Fujimori, para reformar el Poder Judicial, éste es ahora definido como ineficiente, corrupto y manipulable.
EL sonado Informe del Departamento de Estado sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú tiene 48 páginas y un primer párrafo. Es una gran pirámide de observaciones en cuya base se inscribe una verdad: el presidente Fujimori y sus adictos del Congreso han violado la Constitución, suprimido la independencia del Poder Judicial y corroído diversas instituciones con el solo afán de hacer posible un tercer período presidencial para el actual mandatario.
Tal es el mensaje principal del extenso documento, condensado en ese primer párrafo condenatorio.
Lo cual indica hasta qué punto disgusta a los gobernantes estadounidenses que un propósito reeleccionista afecte toda la estructura de la democracia y la validez de los derechos humanos en el Perú.
El documento ha sido calificado como un acto de injerencia en nuestra política interna. Sorprende que lo digan quienes no titubearon en aplaudir la intervención de Fujimori en el Pentágono, cuando nuestro presidente no vaciló en condenar, ante un auditorio de militares del continente, los esfuerzos del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, en pos de una paz negociada con la guerrilla (ver CARETAS 1554).
Tampoco hubo protestas, ni tenía por qué haberlas, cuando, justo el viernes 26 de febrero en que se difundió el Informe, se dio a conocer la decisión del presidente Clinton de certificar al Perú como uno de los países que en 1998 cooperaron en la lucha contra el narcotráfico.
Y hubo aplausos en el sector oficialista cuando ese mismo viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió aceptar el pedido del gobierno peruano de ampliar el plazo para que se pronunciara sobre la recomendación formulada en diciembre último por la CIDH de que se restituya a los tres miembros del Tribunal Constitucional destituidos por el Congreso peruano.
La CIDH consideró que esa medida contra los ex magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo era antijurídica e ilegal. El Informe del Departamento de Estado comparte, en su macizo primer párrafo, dicha opinión.
El gobierno tiene ahora dos meses más para examinar la situación. Si la decisión fuera mantenerse en sus trece, la CIDH podría apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio.
Pero, en fin, el hecho es que unas son de cal y otras de arena en cuanto a las tres decisiones trascendentales, que preludiaron la realización en Lima de la II Conferencia de Ministros de Justicia o Procuradores de las Américas.
Miguel Aljovín, fiscal de la Nación, recibe a los miembros de la Federación Interamericana de Derechos Humanos Claude Katz y Antonio Doñate.
Igual puede decirse si uno se adentra en una crítica interna del documento, verá que también se reconocen cambios positivos y avances en materia de derechos humanos en el Perú.
Lo demás no es precisamente una enumeración caótica. Imposible negar que las fuerzas del orden "fueron responsables de cometer torturas y golpizas, y la impunidad continuó siendo un problema".
¿Y acaso no es verdad que en el caso de la agente del SIN Mariela Barreto, cuyo cuerpo desmembrado y decapitado fue hallado en marzo de 1997, no se ha detenido a ningún sospechoso, "a pesar de que el presidente Fujimori prometió que habría una investigación exhaustiva"?
¿Y qué oponer a la afirmación de que, en el asunto de las torturas contra la ex agente del SIN Leonor La Rosa, "luego de pasar varios meses en prisión por el delito de abuso de autoridad, dos de los cuatro agentes oficiales que la habían torturado fueron discretamente liberados en febrero"?
Toda la larga serie de abusos y de instalación de allegados al poder, en particular al SIN, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Academia de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional; la privación de la nacionalidad a Baruch Ivcher y el arrebato de su canal de Tv.; los atentados contra la libertad de prensa, que incluso conducen a la autocensura; la expansión de la justicia militar a terrenos que no le corresponden; la situación infernal de las cárceles: todo eso está allí, descrito con minuciosidad lapidaria.
Hace un siglo, en 1902, Manuel González Prada estampó: "Nada patentiza más el envilecimiento de una sociedad que la relajación de su Magistratura". Una de las claves del comportamiento de Fujimori y sus veladores es su desprecio por el Poder Judicial, cuyos vicios le sirvieron de bandera para el autogolpe de abril de 1992. Lo hasta aquí actuado en esa esfera demuestra hasta qué punto estamos gobernados por políticos tradicionales.
El martes último, el presidente Fujimori intentó una réplica al Departamento de Estado. Se parapetó en la historia de abusos y crímenes contra los derechos humanos, en particular de los negros, que en el pasado se cometieron en Estados Unidos, y que aún se cometen. Condena al olvido los avances que el país del norte ha realizado en esta materia a lo largo de las últimas décadas.
El hecho de que los miembros del Ku Klux Klan lincharan negros en el sur profundo de Estados Unidos allá por 1910, o 1930, o 1960, no autoriza ciertamente a que se asesine a estudiantes de La Cantuta o se libere a torturadores de Leonor La Rosa.
El gobierno es, y lo tiene a mucho orgullo, fiel seguidor de las recetas del Fondo Monetario Internacional y sigue las recomendaciones de Washington en cuanto a apertura del mercado. Se aduce para ello la mentada globalización. Pues bien: sucede que así como hay una globalización de la economía, asistimos a una globalización de los derechos humanos.
Se olvida que el informe del Departamento se refiere, en verdad, a 170 países. El caso Perú es apenas uno. En la prensa estadounidense el nuestro apenas si ocupa unas cuantas líneas. Primeras páginas y editoriales comentan, en cambio, la preocupación de la mismísima Madeleine Albright, secretaria de Estado, por los derechos humanos en China.
Por lo demás, los vastos informes del Departamento de Estado se dirigen al Congreso de su país, que es el que orienta y en algunos casos determina inversiones y créditos que provienen del bolsillo de sus ciudadanos.
Entretanto, llueve sobre mojado. Una misión de Derechos Humanos de la ONU estuvo en el Perú en estos días para propugnar un debido proceso para la emerretista gringa Lori Berenson. Y un grupo de verificación de la Federación Internacional de Derechos Humanos -integrado por el francés Claude Katz y el español Antonio Doñate- se dio con el caso de una jueza, Elba Greta Minaya, cambiada por cuarta vez de destino y amenazada de muerte en momentos en que instruye proceso para determinar las causas reales de la muerte y heridas graves de dos integrantes del SIN, Wilmer Pretell y otro apellidado Ipanaqué, supuestamente vinculados al Grupo Colina.
Mientras tiembla el ministerio, algo tiene que cambiar en el Perú, con o sin Informe del Departamento de Estado, en materia de derechos humanos. Este sí que es un asunto de interés nacional y auténtico patriotismo.
