Talara y su refinería han sido parte dramática de nuestra historia política y social.

EL oro negro es sustancia inflamable hasta en la política. Lo confirma la polémica en torno a unas declaraciones del presidente Fujimori sobre medidas de Petroperú para enfrentar supuestas maniobras alcistas de las transnacionales que él mismo ha patrocinado. Algunos ven en eso una seña del maligno: el populismo. Sea de ello como fuere, la verdad es que todo el siglo XX peruano está cruzado por una suerte de oleoducto político y que por lo menos dos golpes militares tienen olor a petróleo.
El primero de éstos es el del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Muchos olvidan que en el famoso Manifiesto de Arequipa con que justificó el golpe, Sánchez Cerro dijo:
"Como digno remate de esta serie de ignominias, (Leguía) acaba de ofrecer al extranjero, con nuestras zonas petroleras, no sólo una de las pocas y privilegiadas riquezas que aún nos quedan, sino, lo que es peor, el ahondamiento del vasallaje económico que dista apenas un paso del vasallaje político."
Casi todo el oncenio del presidente Augusto Bernardino Leguía había sido escenario del sonado caso de La Brea y Pariñas.
El problema del llamado laudo de La Brea y Pariñas empezó el 3 de diciembre de 1911, cuando el ingeniero Ricardo Deustua comunica al presidente de la República -Leguía en su primer período- que la empresa London Pacific Petroleum estaba explotando 41,614 pertenencias y pagando sólo por diez.
Se inició entonces un enconado debate entre políticos y entre juristas. Algunos sostenían que la London había adquirido de antiguos propietarios los terrenos petroleros del norte con subsuelo y todo. Como se demostró con muchos documentos esto no era posible a la luz del derecho peruano, heredero en esto del derecho colonial. El Estado conservaba el dominio eminente del subsuelo.
Después de las polémicas y debates parlamentarios, se acordó en la Cámara de Diputados, por mayoría, someter la cuestión a un arbitraje internacional. El acuerdo se convirtió en Ley 3016, del 26 de diciembre de 1918. Gobernaba el país el presidente José Pardo, representante del Partido Civil.
El 4 de julio de 1919, Leguía, con amplio apoyo popular, en particular de los estudiantes de San Marcos, incluido Víctor Raúl Haya de la Torre, dio un golpe de Estado que lo aupó en el poder. Entonces empezó el segundo acto de la tragedia.
Hay que precisar que entre tanto, en 1914, la London Pacific Petroleum había transferido sus intereses a la International Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, la empresa de John D. Rockefeller. Sobre este personaje acaba de escribir "Time" (7 de diciembre de 1998): "Se coludió con los ferrocarriles para obtener tarifas de fletes preferenciales, se apropió secretamente de empresas rivales, coimeó legisladores y se empeñó en espionaje industrial."

Alberto Salomón (el que lee) fue el autor del "laudo arbitral" que abrió un debate de medio siglo. Centro: Sánchez Cerro el día del golpe contra Leguía habla sobre entreguismo petrolero del tirano. Derecha: Belaunde, por su parte, reivindicó el área, pero no pudo evitar el golpe de Velasco.

Lo cierto es que el gobierno de Leguía encendió la mecha. En agosto de 1921, el ministro de Relaciones Exteriores de su régimen, Alberto Salomón firmó con el diplomático inglés C. Grant Duff un acuerdo, que luego remitieron a los árbitros para que éstos simplemente lo refrendaran, expidiendo un laudo que no era tal.
No era ese el espíritu ni la letra de la Ley 3016. Esta había solicitado un arbitraje, y no un "pacto de caballeros".
Bueno es recordar que el canciller Sal Salomón es el mismo que firmó el Tratado que convirtió a Colombia en país amazónico. Hasta entonces sólo Brasil y el Perú eran ribereños del gran río.
En todo caso, el "laudo arbitral" fue uno de los escándalos que trajo abajo al gobierno de Leguía. Por eso, caído éste, el Congreso Constituyente elegido en 1931 decidió, por Ley 7511 de abril de 1932, autorizar al Poder Ejecutivo para que emprendiera, por las vías jurídicas internacionales, la revisión "del llamado fallo arbitral de 24 de abril de 1922".
El disgusto contra la I.P.C. había crecido en esos días después de una masacre de obreros en Talara, en 1931, y al calor de la prédica antiimperialista del socialismo piurano, de caudaloso apoyo popular entonces, así como del Apra.
Después vinieron los años de dictadura. El debate se reabrió durante el segundo gobierno de Manuel Prado. Exactamente en julio de 1959, cuando Pedro Beltrán acababa de asumir el premierato. Todo empezó como una protesta por el alza de la gasolina, que suscitó un levantamiento popular en el Cusco. Luego empezó la discusión sobre la legalidad misma de la presencia de la IPC en el Perú, cuyos derechos se basaban en la supuesta propiedad del subsuelo, entre otras cosas. El debate inflamó las páginas de "El Comercio", enfrentado a "La Prensa". En esa época, el Apra era favorable a la IPC. El Ejército estaba terminantemente en contra.
Un golpe interrumpió la discusión, el institucional de 1962, que instaló un régimen militar a plazo fijo: un año.
En 1963, el repudio al "laudo" y la IPC había crecido en todo el país. Entonces se produce la llegada de Fernando Belaunde a la presidencia de la República.
El 28 de julio de 1968, Belaunde anuncia, en su mensaje al Congreso, la recuperación del suelo y el subsuelo de La Brea y Pariñas. En manos de la IPC quedan sólo la refinería de Talara y su condominio en Concesiones Lima, de la ex Lobitos Oilfields. Se desató entonces el escándalo de la página once correspondiente al contrato para la venta de crudos de la IPC a la Empresa Petrolera Fiscal.
Es el argumento que aceleró el cuartelazo del general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, que tuvo como bandera su condenación a la "seudo solución entreguista dada al problema de la Brea y Pariñas".
Después, con Fujimori, todos los pozos petroleros han sido privatizados. Tras la venta de La Pampilla, queda la refinería de Talara como una isla en el océano de la privatización. Obsoleta y todo, arroja una utilidad anual de US$ 119 millones y abastece el 40% del mercado de combustible.