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Delgado Aparicio a Olivera, Velit a Abanto y Trelles a Mufarech: "está loco".
En esas charlas informales, cual docente de educación inicial, pone en vereda a sus ministros, al contralor, a Indecopi, a las oficinas públicas, a las líneas aéreas, a los diplomáticos extranjeros que vendieron Mercedes Benz, a los maestros y, por cierto, a los alcaldes.
Un experimentado periodista que conoció el plácido Paraguay de Strossner comparaba las periódicas visitas del dictador, que era insomne, para ver cómo iba la crianza de pollos y el cultivo de verduras en las madrugadas de Asunción, con esa rústica vigilancia que ejerce el presidente Alberto Fujimori cuya función es responder, sesgadamente, a las críticas y tender cortinas de humo sobre los asuntos primordiales de la administración.
Porque pese al aire de un verano y un otoño como todos los días, el Gabinete Joy Way vive de sobresalto en sobresalto y, lo que es peor, inmerso en la sensación de que las cosas cuajan lentamente.
En el primer tema, el de los derechos humanos y la libertad de expresión, ahora que el 5 de abril está próximo y las aguas castrenses están agitadas, no se ha avanzado nada. Hay el temor incluso de que por las presiones de los cuarteles, las aproximaciones entre la comisión de abogados nombrada por el Perú y Baruch Ivcher se esfumen.
Tomó, o intentó que se tomara, el toro por las astas el canciller Fernando de Trazegnies, al fin y al cabo jurista e internacionalista con un mínimo de sentido común. Hay que agradecerle que no se reiteraran las expresiones cerriles del ex ministro de Justicia Alfredo Quispe, que propuso incluso estudiar si el Perú debería continuar suscrito al Pacto de San José. Pero los cuatro juristas que conforman la comisión negociadora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen la limitación de que no puede frenar ni al Presidente ni a los exabruptos de personajes del régimen que no sofrenan su carácter.
Como decía insidiosamente un crítico del gobierno: "Lo malo de este final es que aquellos que estuvieron silenciosos durante tantos años, hablan ahora, en el peor momento. El gobierno se está poblando de interlocutores tipo Ernesto Abanto Pongo. Ha hecho escuela".
La Asamblea Semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, que culminó esta semana en Jamaica, es la prueba manifiesta de que si alguna negociación calma las aguas en Costa Rica, la impresión general de los diaristas del continente es que hay severos problemas con la libertad prensa en el Perú. Esos hombres, que en algún momento el Presidente llamó despectivamente directores de diarios que no pueden conducir la política hemisférica, son una fuerza poderosa que innecesariamente se ha derivado a la causa contra el Perú.
Pero quizá los mayores problemas del gabinete sean los económicos y allí los indicios de escepticismo se multiplican. El premier y ministro de Economía se la pasa quincenalmente lanzando cifras sobre el crecimiento de este año, uno de los mayores de América Latina, según gusta decir.
Ahora será 3 % y no 5 % como anunció en la tarde de triunfo de su consagración como presidente del Consejo de Ministros. Tampoco ya la carta de intención con el FMI parece tan propicia, tras las conversaciones en París, y la ronda de Washington, su presentación en sociedad.
¿No vendrán los 1,300 millones de dólares, prometidos y esperados para junio de este año? ¿Qué pasa con los bancos, con el tipo de cambio, con el BCR, con las investigaciones sobre los papeles de la deuda? Víctor Joy Way ya no es quien habla sobre estas cosas sino el propio Presidente, empeñado, cada vez con menos buen humor, en demostrar que aquí, bajo su administración, la corruptela es una flor exótica y ajena.
Los economistas dicen que el gabinete Joy Way no ha logrado provocar, despertar o aunque fuere mínimamente suscitar confianza. Hay una crisis de credibilidad.
¿Pero puede alimentarse confianza cuando con bombos y platillos se anuncian ahora sí diálogos sinceros con los empresarios, que no pasaron de 2 o tres sesiones a las volandas? ¿De qué se puede hablar si, en definitiva, no hay ánimo de cambio de actitud, de un lado, y tampoco se tiene un norte definido, salvo cómo capear la crisis sin que decaiga el favoritismo reeleccionista del Presidente?
Se ha producido en estos tres meses un fenómeno político que lo trae al equipo de campaña reeleccionista por la calle de la Amargura: al escepticismo económico se le suma la acritud de denuncias de corrupción.
El caso de Abanto Pongo -independientemente de si se trata de una conspiración jesuítica- es un pésimo ejemplo de cómo el paso del tiempo corrompe a las clases gobernantes.
La gente tal vez no entienda el complejo universo fiscalizador que hace impoluta la venta de los papeles de la deuda externa (eso lo saben los ingenieros y los estrategas) pero sí valora que tal catadura hay que tener para cobrar a los parientes de las víctimas del terrorismo un dinero que el Estado paga para resarcirlos de un drama brutal y espantoso. "Honradez, tecnología, trabajo".
Frente a las dudas de índole moral sobre la actuación de un gobierno que lleva diez años y ha hecho del silencio, la nocturdidad y la guerra psicosocial una bandera de estrategia devota, ha empezado a surgir una nueva categoría sociopolítica: Fulano está mal de la cabeza.
Antes se decía loco, chiflado, ido. Cuando llegó Alan García insurgió la simbiosis zoopolítica: caballo loco. Ahora estar mal de la cabeza es una forma de ser inimputable. Abanto Pongo y Mufarech están mal de la cabeza. Andrade juega con las palabras y no sabe nada, una forma de chifladura, según el Presidente. No es la locura sublime cantada por Erasmo para ensalzar la imaginación y la utopía, es la pedestre locura que oculta un comportamiento cuando menos sospechoso.
Han pasado en la república muchos gobiernos que parecieron tocar el cielo con las manos, tal su grandiosa capacidad de construir y encandilar a las masas. Mientras tenían todo el poder, nadie podía llamarles la atención por alguna inconducta. Acusarlos era pertenecer a las filas de los envidiosos, los retardatarios, los pasadistas.
Esos mismos olímpicos, sin embargo, al cerrar un ciclo conocen luego la impiedad del juicio público y la vindicta. La erosión del juicio de residencia no conoce márgenes ni orillas, más aún cuando se lo ha practicado ostentosamente. Este proceso es más corrosivo que los propios vaivenes de la economía. Y esto ya empezó en el país. Salvo que todo el Perú esté mal de la cabeza.
A Plena Voz
Las acusaciones del ministro Mufarech pueden preocupar al Banco Mundial.
Según Mufarech, diez mil millones de dólares habrían sido burlados en recaudación de aduanas.
ES cierto que desde que asumió la cartera de Trabajo, el 5 de enero, el ministro Jorge Mufarech se ha caracterizado por los excesos verbales: la mayoría de sus declaraciones fueron más ruidos que nueces. Primero habló de crear 200,000 empleos, luego de US$ 2,600 millones de evasión tributaria, de convoyes semanales de 32 camiones de contrabando ingresando por Puno, y de la eliminación de las supervisoras para reemplazarlas por una supervisora local que hubiera sido el equivalente a destrozar el sistema de supervisión y reabrir las puertas a la corrupción.
Pero ahora, la denuncia, lanzada el domingo 21, sobre la pérdida por recaudación fiscal en Aduanas, de nada menos que US$ 10,000 millones, y las acusaciones contra la encargada de la Intendencia de Fiscalización de Aduanas,Nora Flores Arce, su esposo Hipólito Rodríguez, encargado de Estadística e Informática, y a su sobrina Isol Arce, encargada del departamento de Valoración, y a una de sus hermanas, parecen haber tocado carne. Más aún cuando ocurre en una entidad que ha servido como modelo y apoyo para otros países y que ha batido récords de recaudación.
De ser cierta la denuncia de Mufarech, uno de los principales interesados en el esclarecimiento sería el Banco Mundial (BM). Resulta que el BM ha financiado el proceso de modernización de esta institución y su trabajo de asesoría para obtener mejores cifras de recaudación, también tiene por objeto acelerar el pago de la deuda que el Estado tiene pendiente.
Carmen Higaona, la superintendenta, y Nora Flores han optado por el silencio.
Esta denuncia en realidad ya había llegado al Ministerio Público. Una resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, que se publicó el miércoles 17, designó a un fiscal ad hoc para investigar una denuncia sobre presuntas irregularidades en Aduanas, a pedido de Mufarech.
Para Carlos Bruce, presidente de Adex y representante de la Comisión de Empresarios Contra el Contrabando, la cifra de US$ 10,000 millones que denuncia Mufarech como evasión al fisco, le resulta sorprendente. "Nos habríamos dado cuenta, es casi la misma cantidad que nuestras reservas internacionales", señala. Pero el titular de Adex también está sorprendido por la acusación contra Hipólito Rodríguez, de quien dice saber que es una persona muy respetable. Rodríguez fue compañero de carpeta de Bruce cuando estudiaban en la Universidad de Lima y ambos se mantienen en contacto por efectos del trabajo de exportación.
Lo cierto es que el presidente Fujimori no ha negado de pleno una investigación a fondo sobre el asunto y ha puesto la papa caliente en las manos del ministro de Economía, Víctor Joy Way. Y un funcionario de Aduanas confirmó a CARETAS que el matrimonio Rodríguez-López laboraba en la institución desde que entró a trabajar, "hace bastante tiempo". Por otra parte, al cierre de esta edición, ni la superintendenta de Aduanas, Carmen Higaona, ni su departamento de imagen, no ha negado que éstos sean familiares. Este hecho por cierto, aun cuando las investigaciones demuestren que son inocentes, sin duda se prestan a suspicacias.
El Banco Mundial suele tener presencia en las entidades donde brinda financiamiento y asesoría, una oficina y personal que está en continuo contacto con los funcionarios de la institución. Por eso resulta extraño que exista lo que parece ser un caso de nepotismo dentro de Aduanas y, más aún, que haya pasado tanto tiempo inadvertido.
El martes 23, mientras la polvareda no cesaba, Mufarech se reunió con Joy Way por dos horas analizando el tema de la denuncia, y se supo de la realización de dos operativos anticontrabando en diferentes puntos del país.
Negociación Armada
En un hotel de San Isidro se definirá si el caso Ivcher va a la Corte Interamericana.
Edgardo Mosqueira por el gobierno y Alberto Borea afinan calendario para negociar.
AL cierre de la edición continuaban las conversaciones que desde el lunes por la mañana sostienen, en un hotel cerca al golf de San Isidro, Alberto Borea, abogado de Baruch Ivcher y el equipo de abogados comisionados por el Estado peruano para asumir su defensa ante la Comisión como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las reuniones, que se realizan dentro del marco de la prórroga solicitada por el gobierno peruano para encontrar una solución interna al caso Ivcher, se iniciaron la semana pasada en Washington. Participaron Borea, la embajadora peruana ante la OEA Beatriz Ramaciotti y, mediante teleconferencia, los abogados del gobierno.
Durante el conclave San Isidrino, el interlocutor del gobierno fue Edgardo Mosqueira. Aníbal Quiroga no participó ante un evidente conflicto de interés, al haber representado tanto a los hermanos Winter como al gobierno peruano en el caso del Canal 2.
Sin embargo, durante las reuniones solamente se establecieron las mínimas condiciones de negociación entre las partes. Quedaba todavía por fijar la fecha de una próxima reunión, antes de que concluya esta semana. Recién entonces se establecerá un calendario "serio" de reuniones para iniciar las negociaciones. En caso contrario,la CIDH estaría lista para elevar el caso de Ivcher a la Corte Interamericana al vencerse el plazo el 30 de marzo.
El caso Ivcher ha alcanzado punto de ebullición tanto en el plano nacional como internacional.
La reunión de generales del Ejército, la Marina, la FAP y la Policía Nacional en la Base Aérea Las Palmas el 13 de marzo y otra de oficiales de alto rango el 19 de marzo de las que da cuenta Edmundo Cruz en el diario La República, si bien tendrían como objetivo principal reafirmar la adhesión militar al gobierno del presidente Fujimori, también alentaban a que se mantenga mano firme en el caso de Frecuencia Latina.
En todo caso, el ambiente castrense actual es reminiscente al de mayo de 1997, cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó un comunicado acusando a Ivcher de dañar el prestigio y la imagen institucional. Excepto que ahora, según entendidos, el cierre de filas es mayor.
En cuanto a la prensa internacional, la presión también se sintió, esta semana, cuando Alejandro Miro Quesada Cisneros, flamante director del diario El Comercio, calificó el caso de Canal 2 como "emblema" de la actitud del régimen de Fujimori para "confrontar las denuncias contra la libertad de expresión en el país", ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) reunida en Montego Bay, Jamaica.
El informe fue la base de una muy particularmente crítica Resolución de la Junta de Directores de la SIP en la cual rechazan "la actitud negativa e indiferente de distintos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, para resolver los serios problemas a la libertad de prensa que agobian al Perú".
Asimismo, resuelve solicitar al presidente Fujimori "a que ordene a los servicios de inteligencia que cesen las acciones de amedrentamiento contra los periodistas críticos del régimen" (casos Paez, Cruz y Rospigliosi). En cuanto al caso de Baruch Ivcher insta a que "se concluya este problema convertido en una de las más serias agresiones a la libertad de prensa en el continente".(Kela León).
