El lunes, el Premier visitó, llevando fórmulas de Saneamiento Financiero, a Pesquera Diamante del Callao. A su derecha, el contralmirante (r) Juan Ribaudo, presidente de esa empresa y de la Sociedad de Pesquería. A la izquierda, Luis Baba Nakao, presidente de Cofide.

``Es totalmente falso que la economía esté cuesta abajo… por el contrario, se encuentra en franca recuperación". Palabras textuales del ministro de Economía y Finanzas, Víctor Joy Way, durante la estación de preguntas en el Pleno del Congreso la semana pasada.
Semejante afirmación no sólo habrá sido un bocado difícil de digerir para la oposición sentada en el Hemiciclo, sino que debe de haber sacado de quicio a esas 10,000 empresas que, según la Cámara de Comercio de Lima, están al borde de la quiebra.
El mensaje de aliento de Joy Way se basó en un crecimiento de 1.2% del PBI durante los primeros tres meses del presente año, cifra de por sí insignificante, y que fue bochornosamente desmentida el lunes de esta semana por el propio jefe del INEI, Félix Murillo, quien afirmó que tal crecimiento fue en realidad de sólo 1.%.
Ante la grave situación puesta de manifiesto desde finales de 1998, el debutante superequipo económico anunció a principios de este año un Programa de Saneamiento Financiero para empresas endeudadas, el cual estaría a cargo de Cofide. Este plan de refinanciamiento, incluido explícitamente en el punto 16 de la Carta de Intención a suscribirse próximamente con el FMI, considera para 1999 un total de US$ 1,000 millones de recursos a ser puestos a disposición de empresas con necesidades crediticias, pero viables en el tiempo.
A la fecha, no se habría llegado a colocar ni US$ 100 millones. Ejercicios mentales para justificar este prematuro fracaso llevan a las siguientes preguntas: ¿Lentitud de Cofide en poner en funcionamiento el plan? ¿Alto costo financiero (tasa de interés) para acceder al refinanciamiento?
En opinión de diversos analistas, no se trataría de una "falta de pilas" de los técnicos a cargo del programa, ni tampoco de lo oneroso de las tasas de interés cobradas bajo este sistema. El presidente de Cofide, Luis Baba Nakao, ha señalado que los recursos se ofrecen a tasas Libor (un promedio de 5%) + 4.5%, hasta un máximo de Libor + 5.5%, dependiendo de los plazos. "Son tasas similares a la que cobra el BID para sus préstamos de emergencia", afirma Baba Nakao (Gestión 8/10/99).
Existe unanimidad entre los diferentes economistas al considerar que el equipo del MEF erró al partir del supuesto que es la falta de crédito, es decir, la iliquidez del sistema financiero, la desencadenante de todos los males.
Hoy estamos frente a un problema más severo y preocupante, cual es la descapitalización paulatina de las empresas.
Y ello se evidencia en un aumento creciente de la capacidad instalada ociosa de la industria peruana, indicador que desde agosto de 1998 a febrero de 1999 ha pasado de 30.9% a 37.6%, según fuentes del MITINCI (Ver gráfico No. 1). Este incremento obedece a que las empresas se han visto obligadas a reducir su producción, ante la falta de liquidez primero, y ante una descapitalización después, producto de las agudas pérdidas sufridas durante los meses de sequía financiera.
El último compendio financiero de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) revela, por otra parte, un deterioro peligroso de la cartera crediticia de la banca múltiple. Este indicador ha tocado su punto más alto de los últimos cinco años.
Mientras que en enero de 1997 la morosidad se situaba en 5.1%, dos años después, al 15 de abril de 1999, los créditos morosos han llegado a representar en promedio el 10.34% del total de colocaciones de la banca (Ver gráfico No. 2).

Las empresas están produciendo por debajo de su capacidad instalada. Por otro lado, la morosidad en el pago de créditos a los bancos es cada vez más pesada.

LA VERDAD DE LA CAPITALIZACION

El lunes el gobierno afinó en el CIF el proyecto de ley que será presentado al Congreso.
Ciertos medios han interpretado que el gobierno busca capitalizar las deudas tributarias, con lo cual se convertiría en socio de la atribulada empresa.
Inmediatamente, esto ha sido interpretado como una virtual estatización, y una marcha atrás en el proceso de privatización.
No es así.
En el MEF se rechaza la idea de que el Estado participe en la capitalización de las empresas.
Lo que el Estado plantea es subordinar sus acreencias (SUNAT, Aduanas, etc.) a las de los demás acreedores en las empresas en las que todos los acreedores estén dispuestos a capitalizar parte de sus acreencias. El Estado se pondría, en tales casos, al final de la cola de cobradores.
Asimismo, en el caso de empresas que han entrado en el proceso de liquidación, pero cuyos acreedores demostraran voluntad de capitalizar parte de las acreencias, el Estado subordinaría el cobro de sus deudas al de aquellos acreedores. Es decir, subordinaría la prioridad en el pago de sus acreencias, lo cual implica que quizás no vuelva a ver el dinero.
Otro aspecto que la ley propuesta busca flexibilizar es el proceso de concurso preventivo, de manera que las empresas consideradas viables no tengan que declararse insolventes. ¿Cuáles empresas son viables? "Ese es el arte, ahí no hay ciencia", sostiene un alto funcionario del MEF. "El arte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para diferenciar entre aquellas empresas que son viables de las que deben ser castigadas".
A decir de Enrique Arroyo, gerente general de la Asociación de Bancos, "el problema no se encuentra a nivel de la banca, sino en el sector real".
En su opinión, el nivel de apalancamiento empresarial está en su tope. Las empresas ya no resisten más deudas, por más plazos que se les otorgue, a la vez que los bancos tampoco están dispuestos a perder capitales.
Otra medida prevista en este minipaquete será la emisión por parte de Cofide de bonos en moneda local indexados a la inflación (VAC) para el programa de reconversión de deudas de dólares a soles, de tal manera que se aminore el riesgo cambiario al que están expuestas la mayoría de empresas.
Sin embargo, todas éstas son medidas de mediano plazo. Es de prever que avanzarán a paso lento y con un éxito no asegurado, por lo sucedido en el pasado con programas similares.
Para el economista de la Universidad Católica Javier Iguíñiz, lo que se necesita es que el Estado incorpore normas que en el corto plazo reactiven la demanda interna, es decir, la capacidad adquisitiva del consumidor . Las reiteradas caídas de la demanda -señala- han propiciado hasta tres olas de fuga de talentos en los últimos 25 años.

PROPUESTAS REACTIVADORAS

Basándose en la experiencia boliviana, Eduardo Iriarte, de la Sociedad Nacional de Industrias, ha propuesto que el gobierno permita a cada ciudadano descontar del Impuesto a la Renta el IGV que paga por su consumo de productos, bienes o servicios. Así, serían los propios consumidores los que exigirían comprobantes de pago para acogerse a este beneficio, reduciéndose la evasión fiscal.
Las propuestas en el campo tributario no acaban allí. La Cámara de Comercio de Lima, por su parte, plantea crear una línea especial de crédito directo destinada únicamente a financiar el pago de tributos con recursos del Banco de la Nación.
Para Javier Silva Ruete, la reactivación pasa por bajar a un nivel que podría ser de 5 % el impuesto a la renta a la vez de subir a una tasa entre 30 y 40% la tasa aplicable a la distribución de utilidades, tal como lo hizo Chile en su momento.
No obstante, todas estas propuestas podrían chocar contra una pared. el Programa de Facilidad Ampliada que el gobierno tiene en mente suscribir con el FMI para los próximos tres años.
Según señala la Carta de Intención, "el Gobierno se abstendrá de ampliar el ámbito de preferencias o exoneraciones, evitará adoptar acciones que signifiquen una reducción de los ingresos tributarios", lo que en idioma del MEF significa no bajar impuestos.