Una manipulación secreta se ejerce, con más fuerza que nunca, en ciertos medios de comunicación social, Internet incluida, y en el Poder Judicial. Ya nadie duda de que sus manifestaciones más repulsivas cuentan con apoyo y publicidad oficial. Aparte del daño que causan a la honra de las personas y a la moral pública, se han convertido en arma política gangsteril contra políticos y periodistas de la oposición. Es sintomático que ello arrecie en etapa preelectoral en que se discuten los afanes reeleccionistas del presidente Fujimori, quien, el martes último, aseguró no saber nada al respecto y prometió pedir información al ministro del Interior. En las siguientes páginas se relatan nexos y huellas que pueden poner en la pista a los lectores, por más incrédulos que sean.

Enigmático gesto del presidente Fujimori cuando su edecán le entrega un ejemplar de La Repúdica: la foto es del martes 1, y el periodicucho había aparecido un día antes. ¿No sabía nada un hombre tan bien informado?

EN un texto de Horas de lucha, Manuel González Prada alude al "fondo de los reptiles" que un gobernante europeo confesaba destinar a periodistas que ejercían la prostitución escrita. Tal ejemplo merecería ser seguido en el Perú de hoy: el gobierno debería reconocer que algunos órganos del Estado financian la proliferante porquería periodística.
El martes último, el presidente Fujimori recibió uno de los tramos del largo rollo de papel que en estos días ofende la honra de periodistas y políticos y daña la salud moral del país.
Lo que ocurre con ese periodismo -en prensa y televisión- sólo tiene parangón con lo que pasa en el Poder Judicial: un carnaval de infamias que pisotea leyes y normas.
El martes, el primer mandatario prometió pedir al Ministerio del Interior información respecto a uno de los más recientes tachos de esa basura: "La Repúdica, baja parodia del diario La República".
Es ése un caso extremo, tanto por las infamias (incluidas amenazas de muerte) que profiere contra periodistas y por la vileza con que atropella la ortografía y la gramática en general. Se diría que su redacción corre a cargo de un sargento furriel, como otrora llamaban al oficial encargado de las caballerizas reales.
En el primer número de esa publicación se lee: "anda nomás Edmundo (Cruz), que un día va a salir de esas netas una de esas gringas achoradas y de un par de plomazos te va a mandar a la repu...blica".
Anuncia que circulará tres veces por semana. Se imprime en los mismos talleres que El Mañanero, La Chuchi y Salud, dinero y amor.
Como si fuera poco, cinco días antes de La Repúdica apareció El Men, uno más de esos periódicos que hay que leer tapándose las narices.
Algunos de estos vómitos negros de la prensa tienen publicidad oficial. El Tío, por ejemplo, publicó en estos días cuatro páginas pagadas sobre la Maternidad de Lima.

Repudiable imitación. Un caso para Indecopi.

Algo dicen esos auspicios respecto a por qué El Tío ha publicado durante 45 días informaciones, con titular en primera página, contra Gustavo Mohme, Edmundo Cruz, Angel Páez, Fernando Rospigliosi, Mirko Lauer, Blanca Rosales, María del Pilar Tello y el dirigente de Construcción Civil José Luis Risco.
De acuerdo con encuesta realizada por Imasén, la mayoría de las personas es contraria a este tipo de publicaciones, y considera que las campañas sucias no afectan la imagen de La República o de su director.
El Consejo de la Prensa ha emitido severo comunicado de protesta contra el periodismo amarillo y de solidaridad con Mohme y demás víctimas.

ORQUESTA DE CAMARILLA

Entretanto, el caso del militar y astrólogo argentino sigue fatigando la infamia a través de Internet. Junto con la reproducción de titulares e imágenes asquerosos de El Tío ofrece elogios a las hazañas de la Operación Chavín de Huántar.
El Ejército debería protestar por esa amalgama abusiva, en que una institución tutelar de la República aparece mezclada con desfachateces impúdicas.
Faisal ha demostrado tener mucha vara en el Poder Judicial. Tanto, que hasta tres juezas han sido destituidas -so capa, en algún caso, de elevar su categoría- a fin de facilitarle jueces complacientes (ver recuadro).
No sorprende que una jueza flamante favorable a Faisal, la doctora Elizabeth Grossman, provenga de la Academia de la Magistratura, cuyo director es el Dr. Manuel Macedo Dianderas, presidente de la Comisión Reorganizadora de esa institución. El Dr. Macedo es quien en 1990 acudió en compañía de Vladimiro Montesinos a un chifa en que trataron de ejercer presión sobre los doctores César Fernández Arce, presidente de la Corte Suprema, y Guillermo Cabala, miembro de ésta (ver en CARETAS 1556, `La batalla de los archivos', y 1559, sección `Nos escriben... y contestamos').
Estos y otros hechos hacen pensar en una bien afiatada orquesta, si no de cámara, por lo menos de camarilla.
Imposible omitir la reciente acusación penal del Dr. José Ochoa Lamas, fiscal Ad Hoc de la Fiscalía Provincial de Lima, en la investigación derivada del incendio del Teatro Municipal, en que se involucra a Karin Elmore, directora del Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de Lima, y a otras personas.
En este caso, la puntería política está puesta en el alcalde Alberto Andrade, el enemigo público número uno para la campaña reeleccionista.
Decenas de intelectuales y artistas más eminentes del país han firmado una Carta Abierta a la Opinión Pública en que denuncian la injusticia y piden que en el proceso judicial se respeten escrupulosamente los derechos de cada una de las personas acusadas.
El pasado lunes 31, el periodista de CARETAS Orazio Potestá acudió al 5.o Juzgado Penal de Lima a cargo del juez Saúl Peña Farfán para rendir su instructiva como parte del juicio por difamación que le ha interpuesto el abogado Javier Corrochano, viejo amigo, según propia confesión, del asesor Vladimiro Montesinos.

Orazio Potestá de CARETAS frente al abogado Javier Corrochano, que le ha entablado juicio.

Corrochano aduce en su demanda (de diez páginas) que el artículo "El Extraño Circuito de Chiappe", publicado en CARETAS 1565 del 29 de abril de 1999, daña su imagen personal y profesional. "Me atribuye la comisión de hechos que perjudican gravemente mi honor y reputación".
La diligencia se realizó en el Palacio de Justicia a las 9 y 30 de la mañana y acabó dos horas después, con la presencia de los abogados Alberto Borea y Cecilia Martinelli como patrocinadores de Potestá.
El artículo en mención informa que el abogado Javier Corrochano habría tenido que ver en la milagrosa salida de Bruno Chiappe, ocurrida el domingo 4 de abril, pese a ser éste, según la policía, el número dos de la banda de narcotraficantes Los Camellos, y luego de que la Dinandro había interrogado a 27 personas hasta el domingo 3 de abril. Y todo con la supuesta ayuda de Vladimiro Montesinos.
El 30 de abril, la madre de Bruno Chiappe, Hilda Ebner confirmó a CARETAS que Javier Corrochano fue abordado, en un principio, como abogado para defender a su hijo.
CARETAS, además, hizo referencia a dos casos en los que Corrochano tuvo una participación controvertida: El de Manrique (el empresario de CLAE salió del país rumbo a Miami en extrañas circunstancias cuando la justicia lo buscaba) y el de los narcos López Paredes, quienes, según Luis Izusqui, pidieron hablar con Corrochano para que los libere con la ayuda del doctor Montesinos, previo pago de 10 millones de dólares.
En todo momento, el periodista Potestá indicó al juez Peña que sólo cumplió su deber de informar lo que ocurría respecto a un hecho controvertido y de interés social, que además, buscaba explicar cómo uno de los cabecillas de Los Camellos pudo salir del país "como Pedro por su casa".
Cabe señalar que el abogado Corrochano, en su demanda, exige que se revelen las fuentes, muy confiables por cierto. Potestá le respondió al juez Peña que no podía hacerlo.
Por otra parte, la próxima semana se dictará la sentencia de un proceso seguido contra el director de CARETAS Enrique Zileri, y la periodista Rosa Vallejos, interpuesto sorpresivamente el mes de mayo por el ex asesor legal del Ministerio de la Presidencia, Luis Augusto Alarcón, luego de que este semanario publicara una carta de rectificación en setiembre pasado relacionada con un caso de asesinato en el que fuera acusado hace diez años.
Curiosamente, la reactivación de este proceso, así como la querella de Corrochano contra Potestá, se dan poco después de que la dirección de la revista pidiera la revisión de una sentencia que fue favorable a Vladimiro Montesinos en 1994.

Periodistas acusadores: Iván García, César Hildebrandt, Anel Townsend, Luis Iberico y Roxana Cueva.

AIRE RENOVADOR

En medio de este ambiente enrarecido en el Poder Judicial, una nueva corriente, fresca, renovadora, empieza a aparecer. Un grupo de magistrados, identificados todos con la defensa de la Constitución han decidido formar la Asociación de "Jueces por la Democracia y la Justicia".
Aunque el origen de su nacimiento es gremial, su inspiración es de orden moral. "Buscamos revertir la imagen del Poder Judicial; defendemos el principio de la independencia, el equilibrio de poderes y el reestablecimiento del estado de derecho", afirma Sergio Salas Villalobos, uno de sus integrantes.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece el funcionamiento de la Asociación Nacional de Magistrados, así como la de asociaciones distritales en los respectivos distritos judiciales.
La flamante asociación, formada por jueces como Antonia Saquicuray, Alfonso Lagos Abril, Janet Tello Gilardi, Elizabeth Mc Rae, Victoria Sánchez Espinoza, Jimena Cayo, entre otros, está enraizada en movimientos similares formados en épocas duras con poderes de Estado alterados.
En España, en plena dictadura franquista, surgió el primer movimiento de jueces por la democracia. La experiencia se repitió en diversas partes del mundo.
"La sociedad no quiere un juez débil y temeroso", señala Salas Villalobos.

CHUPONEOS

No se ha podido probar que los organismos de inteligencia nacional hayan realizado interceptaciones telefónicas y, por lo contrario, éstas pueden haber sido hechas por cualquier particular. Esto expresó, en esencia, el informe final de la Subcomisión Investigadora de esa acción que presidió la congresista Martha Chávez.
Para elaborar su documento, la Dra. Chávez no citó al asesor principal del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. Por lo menos, no consta en actas ninguna declaración del Doctor. Los personajes oficiales citados proclamaron, por supuesto, su inocencia.
En vista de tan candorosa pesquisa que duró un año, un grupo de periodistas ha formalizado acusación contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, actual ministro de Transportes, y contra el general César Saucedo, entonces ministro de Defensa, por el ilegal "chuponeo".
Los periodistas han solicitado también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra estas bien probadas interceptaciones.
También han denunciado la existencia de dos nuevos planes del SIN contra los profesionales de la prensa. A la luz de las campañas de pasquines que antes hemos enumerado, todas estas alarmas cobran un legítimo sentido de denuncia, un llamado a montar guardia en defensa no sólo del derecho a la intimidad, sino también de la seguridad de los ciudadanos.

A Los Tres Años
El ventilador apunta ahora a candidato de Solidaridad Nacional. La guerra sucia se viene con todo.

Luis Castañeda y dos de sus colaboradores perseguidos: Bless García y Pérez Roda. ¿Guerra sucia?

LUISCastañeda Lossio ya venía probando el sabor amargo de la persecución política. En febrero de este año la policía judicial averiguaba sus antecedentes judiciales, luego vinieron los seguimientos y grabaciones en sus giras por provincias. Pero lo de esta semana pasó a mayores.
Once funcionarios de su administración en el ex IPSS, hoy EsSalud -cuatro de ellos actuales colaboradores en Solidaridad Nacional-, fueron encausados por el 30.o Juzgado Penal por un caso de 1993 que quedó trunco en la administración de Alejandro Arrieta, el sucesor de Castañeda Lossio en el IPSS.
El jueves 20 de mayo la 19 Fiscalía conoció el atestado que acusa a funcionarios de las dos administraciones (Castañeda y Arrieta) por la implementación de un sistema de tarjetas de identificación de los asegurados, la IPSS CARD, por un monto del orden de los US$ 10 millones.
El lunes 24 formaliza denuncia ante el 30.o Juzgado y el jueves 27 de mayo se ordena la detención de los funcionarios. Para los once funcionarios de la gestión de Castañeda se dicta orden de detención; para los dos comprometidos en la administración de Arrieta, orden de comparecencia. Todo en una semana.
Ante esto, los cuatro actuales colaboradores de Castañeda en Solidaridad Nacional -Angel Pérez Rodas, ex gerente general, Juan Bless García, ex gerente de recaudación,Carlos Bustamante Jara, ex gerente de finanzas, y Gilberto Palomino Casano- decidieron no presentarse ante el Poder Judicial por falta de garantías y pasar a la clandestinidad.
La IPSS CARD fue un intento por dotar a la seguridad social de un sistema de identificación moderno. Su costo unitario fue de alrededor de cuatro dólares, precio mucho menor que el DNI y los brevetes, que cuestan más de 9 dólares.
En agosto de 1996, cuatro meses después de la salida de Castañeda Lossio, el sistema fue paralizado. Según el candidato de SN, se destruyeron todas las instalaciones para la producción de tarjetas que el contratista implementó en seis hospitales. También se perdieron insumos para 1.2 millones de tarjetas que faltaba producir que originó un costo al IPSS de US$ 2 millones.
Lo curioso de esto es que el contrato se firmó en 1993, se paralizó indebidamente en agosto de 1996 y se decide retomar el caso en marzo de este año, cuando las encuestas colocan a Castañeda Lossio en una situación expectante, entre los tres grandes.
"Si no hay argumentos jurídicos para entablar una demanda y se abre proceso, se actúa con celeridad y se ordene detención antes que comparecencia, ¿cómo le podemos llamar? Es una persecución política, sin duda alguna", afirma Castañeda.
La defensa de los perseguidos, asumida por el abogado José Peláez Bardales, apelará esta semana de la orden judicial de detención, con lo que la causa pasará a segunda instancia.