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El viernes 11 el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, sustentará ante el Pleno del Congreso el informe anual de su institución. En vísperas de la presentación y en entrevista exclusiva a CARETAS, Santistevan de Noriega hace importantes precisiones sobre los conflictos institucionales que sacuden la democracia peruana, el forzoso y vital acatamiento a la jurisdicción internacional y reitera su terca confianza en la fuerza de la persuasión como arma de legalidad.
Pelota en mano,
Santistevan: el fallo de la Corte Interamericana es doloroso pero hay que cumplirlo.
-G.G.A:Pero el presidente ha dicho lo contrario .
-Creo que esto le molesta mucho al presidente, como a todos. Pero debemos prepararnos con la tranquilidad del caso para cumplir con el fallo, porque va a asegurar una mejor sentencia. Cuando ellos dicen hay que respetar el debido proceso, lo que están pidiendo es que las sentencias nunca vayan a ser cuestionadas.
-G.G.A:¿No es necesario que haya un marco normativo distinto al vigente, para que estos terroristas sean juzgados en el fuero común, de un modo similar a como fueron juzgados en el fuero militar?
-La sentencia no llega a decir que no puede participar un tribunal militar.Lo único que dice es que el juicio se haga con las garantías del debido proceso. Pero creo que sería razonable, y lo ha dicho Fernando Vidal, el juez peruano que integra la Corte, que se haga un juzgamiento en el fuero civil.Yo lo recomendaría. Pero tampoco tenemos que hacerlo de inmediato.Los fallos se cumplirán, no me cabe la menor duda.
-R.E.:No se ve ese ánimo reflexivo. Más bien se ha esgrimido un argumento según el cual el fallo sólo nos obliga si es que nos demanda otro Estado.
-El Estado Peruano ya estuvo presente en el procedimiento, nombró a sus abogados y a un juez ad-hoc, admitió la jurisdición de la Corte sin duda.No podemos, a la hora de la sentencia, sacar esos argumentos.
-R.E.:Es decir, que ya se jugó el partido y ahora no vale picarse...
-Hay que interpretar muy bien lo que la Corte ha dicho. Se trata de un problema muy serio, que en el Perú involucra sentencias que en casi todos los casos son de cadena perpetua.
-G.G.A.:¿Qué va a pasar en el futuro con los juicios de delincuencia común que están siendo vistos en el fuero militar?
-Lo dijimos en su momento. Se está juzgando por terrorismo agravado a personas que, aunque tengan armas de guerra, son delincuentes comunes.
-G.G.A.:¿Quiere decir que "Momón" podría presentar su caso ante la Comisión Interamericana?
-Sí señor, lo puede hacer.¿Usted cree que tenemos algo contra la Justicia Militar? ¿O que es un capricho advertir que ciertos aspectos juridicos pueden traer consecuencias posteriores? Para el delito común es el fuero civil. Necesitamos sentencias firmes, que nadie las discuta.
-R.E.:Doctor, más allá de lo jurídico, ¿no tiene la sensación de que en la época del terrorismo y aún ahora vemos las cosas de manera distorsionada? Veo en el informe, por ejemplo, que muchas instituciones no les hacen caso.
-Yo creo que todavía sufrimos las consecuencias de la lucha contra el terrorismo. Seguimos aplicando una justicia que pudo ser entendible y hasta justificable en ese momento, pues buscaba la eficacia por encima de todo. Pero después, en una época en que nos esforzamos por construir la paz, tienen que venir las rectificaciones. Eso es lo que le va a dar mayor solidez a nuestra acción.
-R.E.:¿Está pensando en la Comisión Ad Hoc de Indultos?
-Así es.Ese es un caso típico en el cual estamos haciendo algo así como una cirugia de limpieza en el marco de una justicia de guerra. Rectificar no significa, de ninguna manera, que quienes delinquieron no vayan a cumplir los castigos correspondientes.Ahora, en cuanto al informe de la Defensoría, yo creo que los casos que más suenan son los que involucran a pocas personas. Pero también se cometen abusos que afectan a miles de ciudadanos y estos no convocan tanto interés por parte de la prensa. El informe aspira a presentar una suerte de diagnóstico de la injusticia en el Perú y señala también, porque así lo pide la ley, a las instituciones que no cumplen sus funciones correspondientes.
El presidente Fujimori y los periodistas chuponeados. ¿Y ahora quién podrá defenderlos?
-R.E.:Volviendo a esto de la cirugía,¿cuál es la operación mayor?
-La cirugía es para los temas de terrrorismo. Para los temas de la vida diaria necesitamos otras cosas. En primer lugar, una administración pública más respetuosa, más transparente. Cuando un ciudadano quiere conocer información que le interesa de la administración pública, el funcionario le dice "no, esto es secreto, no se lo puedo dar". Hay una suerte de cultura del secreto, que hace que para el ciudadano sea una tortura enfrentarse a los procedimientos en municipalidades, ministerios, etc. Recordemos la frase maravillosa de Sofocleto: Si Kafka fuese peruano, sería un escritor costumbrista. El informe aboga por la responsabilidad del funcionario, por hacerlo más eficaz. Tiene que haber, asimismo, una ciudadanía más vigilante. Así como hay organizaciones de derechos humanos, de mujeres, que vigilan, denuncian, mueven el aparato judicial e incluso se van hasta las instancias internacionales, tiene que haber instituciones ciudadanas que vigilen el cumplimiento de la ley.
-R.E.Pero a veces no les hacen caso. En una ocasión hasta les prohibieron ingresar a un penal ¿Qué sensación le provocan este tipo de tira y jala con algunas instituciones del Estado?
-Desasosiego. Pero esa vez del penal, si bien no entramos, conseguimos que el fiscal tomara cartas en el asunto y acusara a funcionarios del INPE por el delito de tortura en el fuero común. Esa es la labor del Ombusdman:buscar a quien no cumple. No sentimos en absoluto que prediquemos en el desierto. La próxima vez, ya que se hacen públicos los incumplimientos,funcionarios, policías e incluso militares van a tener un poco más de interés en responder a nuestra autoridad, que por definición es una autoridad persuasiva.
-G.G.A.:En el caso de la interceptacion telefonica ustedes recomiendan que el Congreso amplíe la investigación realizada por la comisión de Defensa. Esto a la luz de las declaraciones de la agente Luisa Zanatta.
-El doctor Jorge Luis Mayorano, quien ha escrito varios libros sobre el tema del Ombusdman, no usa la figura del cirujano, sino la del médico que disgnostica. En el caso que usted menciona, yo no pensé que me iban a traer un tema para diagnosticar, no para hacer autopsia. ¿Yo qué puedo hacer en este caso? Fuimos a entrevistar a la señora Zanatta a los Estados Unidos, a pedido de la presidenta de la Comisión de Defensa, y dijimos que había elementos para investigar. Ahora me dicen que la investigación está cerrada y tenemos que hacer autopsia. Lo importante hubiera sido no sólo buscar de dónde vienen las interceptaciones y quiénes son los responsables, sino, además, afirmar que esto no debe repetirse. Tengo que reconocer que la manera en que ha concluido la investigación no nos da tranquilidad, sobre todo cuando va a haber elecciones. Sin embargo, no todos los males son permanentes. De repente hay otra coyuntura a partir del año 2000. En última instancia, lo que queremos es que haya garantías de que no haya interceptación telefónica, salvo cuando el juez lo ordene, como ocurre en otros países.
-G.G.A.La interceptación es también a políticos, pero sobre todo a periodistas. ¿Hay una página insultante en Internet, con un proceso penal marchando, ¿qué puede decirnos al respecto?
-Hemos adelantado en las conclusiones de la Defensoría algo de lo que vendrá en nuestro informe sobre libertad de expresión. Yo mismo he redactado esta parte. El derecho a la libertad de expresión exige que ninguna persona sea impedida de manifestar su propio pensamiento o difundir cualquier tipo de información. Es el periodismo de investigación el que tiene las mayores dificultades. Yo no diría que no existe libertad de prensa en el Perú.
-R.E.: Claro que existe, pero cuesta caro...
-Aquí hay, yo diría, una prensa mayoritariamente contraria al gobierno, sobre todo escrita. Pero, efectivamente, ejercer el periodismo de investigación es difícil y hay amedrentamiento. ¿Esto viene del Estado?, ¿de algún despacho de Palacio de Gobierno? En nuestro informe sobre libertad de expresión vamos a incluir también los casos de periodistas de provincias, que tienen enormes dificultades para trabajar. Es deber del Estado investigar de dónde vienen este tipo de campañas contrarias a los periodistas. Está consagrado en el artículo 44.o de la Constitución.
-R.E.:Tal vez no se trate sólo de campañas, sino de todo una estrategia contra la prensa independiente ¿Admitiría esa idea?
-Sí. Creo que hay dificultades, fundamentalmente para el periodismo de investigación. Eso es serio porque impide que la prensa contribuya con el rol de fiscalización social que es natural en una democracia.
-G.G.A.:¿Cuándo presentará ese informe sobre la libertad de expresión?
-Confío en que será después de las elecciones municipales complementarias. Luego tenemos que prepararnos para cumplir con una tarea muy importante, que es la de colaborar en la observación electoral para que los ciudadanos tengan garantizado su acceso al voto. No nos meteremos en resultados de elecciones pero sí en garantizar que el ciudadano libremente pueda ejercer su opción de voto. Ya lo hicimos en las elecciones municipales anteriores. Vamos a estar, por ejemplo, en Vinchos, donde hubo una intervención nuestra ante el JNE, que finalmente anuló esa elección. Después haremos público el informe sobre libertad de expresión y no se sorprendan si no hay reacciones. No siempre la autoridad persuasiva del Ombusdman encuentra reaccción inmediata.
-G.G.A.:Quizá a la Defensoría le estén faltando algunos instrumentos legales. El Defensor del Pueblo de Argentina, por ejemplo, sí puede denunciar.
-Nosotros también tenemos la capacidad de recurrir a los tribunales cada vez que hay un tema constitucional
-G.G.A.:Yo hablo de temas penales. ¿Usted cree que sería conveniente?
-Se podría buscar otro modelo, pero en ese caso el Defensor, si ya no puede persuadir, se convierte en fiscal.
-G.G.A.:Así es y como prácticamente sólo queda la Defensoría del Pueblo...
-A mí me parece que el problema no es tanto legal. No es una modificación de la ley de la Defensoría lo que cambiará las cosas. Al final de mi mandato, que termina el 10 de abril del 2,001, podremos decir si ha habido determinados cambios. En este momento, creo que es mejor convivir con la ley como está.
El informe anual de la Defensoría. Da cuenta, entre otras cosas, de los indultados que salieron por la Comisión Ad Hoc.
-R.E.:Doctor, ¿pero no le provoca indignarse por lo que pasa en el país?
-Cómo no. Mire, no es fácil salir fuera. Uno va al extranjero y le preguntan cómo ejerce el cargo de Defensor en una situación como la peruana. Tengo a mi gran compañero de ruta que es el padre Hubert Lanssiers, con quien somos capaces de indignarnos aquí, en esta mesa, una y mil veces. Pero también somos capaces de dar un paso adelante, porque tenemos una misión que cumplir. A pesar de que alguna gente diga que todo lo que toca el Defensor del Pueblo lo politiza.
-R.E.:O que tiene un lenguaje excesivamente decoroso.
-Este año hemos llegado al 71 por ciento de casos resueltos, más que el año pasado. Muchas veces la intervención defensorial implica sólo una etapa de mediación, con la cual las cosas se resuelvan. Eso es lo importante: que nos constituimos en un sistema de solución de conflicto de pequeñas injusticias administrativas. Aunque se critique nuestro lenguaje excesivamente decoroso. No somos campeones de la crítica.
-R.E.:¿No quieren serlo?
-No, porque más bien resolvemos los casos, por ejemplo, de muchachos levados. Donde pusimos el acento: en lograr el servicio militar voluntario. Hay que modular la crítica, porque no nos podemos quedar callados, pero tampoco hay que irritar al punto de que no se nos cierren las puertas.
-R.E.:Protesta y propuesta.
-Y sobre todo respuesta, no solamente en los casos de incumplimiento. Lea el capítulo de los casos individuales y verá allí soluciones anónimas. Eso es lo que nos hace superar la indignación.
-R.E.:¿No cree que en este momento la gente está sumamente desprotegida?
-Pero también hay una cultura de vigilancia ciudadana que está surgiendo. Para mí, la democracia de todos los días es más importante de que por quién voto o por quién no voto. La democracia que aparece en la mesa de desayuno necesita confrontarse todos los días con la administración, con el Estado, con los servicios públicos. Estamos obrando no en el campo político, sino en la relación entre el ciudadano y la administración. Finalmente, estamos contribuyendo a crear conciencia de que el ciudadano puede reclamar, a través de la prensa, de los mecanismos existentes o de la Defensoría del Pueblo.
-G.G.A.A propósito de la cancelación del préstamo del Banco Mundial al Poder Judicial, ¿la Defensoría ha recurrido a otros mecanismos para solventar parte de su presupuesto?
-Esa cancelación nos afectó, claro. Pero tramitamos, con el apoyo del ministerio de Economía y de la Cancillería, una donación del BM de medio millón de dólares. Es para fortalecer los equipos de las Defensorías de provincias. Tenemos el apoyo de fuentes de financiamiento complementarias, en particular debemos destacar a AECI, la agencia de cooperación española, y también la AID y el gobierno de Canadá. El gobierno sueco y el holandés nos apoyan en un proyecto con desplazados.
-G.G.A ¿Para la observación electoral tienen ya contacto con el JNE?
-Particularmente con la ONPE. Tenemos un convenio con ella, en el cual vamos a definir cuál es nuestro rol de observación electoral.Lo que vamos a garantizar es el acceso del ciudadano al voto y las garantías de que tenga un voto libre. En lugares donde hay estado de emergencia esto no es tan fácil.
-G.G.A ¿En qué zonas del país habrá este control?
-Ayacucho, Junín, Huancavelica, San Martín, quizás Huánuco. En estas zonas vamos a tener un programa especial de observación para que el ciudadano acceda y ejerza libremente su voto, con la información del voto.
-G.G.A. Según una reciente encuesta de IMASEN, el presidente Fujimori tiene un gran apoyo allí.
-Para nosotros no importa quiénes son los candidatos, ni los favoritos. Lo que queremos es fortalecer la simiente de la democracia y garantizar que en las zonas de mayor indefensión el voto se pueda ejercer.
-R.E.Tampoco importará si el presidente decide presentarse a una tercera reelección contra viento y marea?
-Ya me estás llevando a una declaración política.
-R.E. Eso puede provocar un problema institucional, que sí sería de su competencia.
-Ese asunto lo tiene que dilucidar el JNE y tiene que tener (golpea la mesa) la Constitución en la mano. Pero no me pidan una declaración previa porque sería altamente política.
-R.E. ¿Quién lo defiende a usted, finalmente, doctor Santistevan de Noriega?
-Le confieso que vivo más alterado en 1999 que en otros años. No hay vacuna contra la politización y en este año eso está siendo muy difícil. Yo quisiera una vacuna contra eso. No la hay. De manera que con esta entrevista podrían defenderme explicando que no hay ninguna intención política detrás, sino simplemente el tomarnos en serio el cargo.
-G.G.A. ¿Alguien acosa al Defensor?
-No, no puedo decir eso. Pero tampoco soy muy mal pensado, ¿ah? (risas).
-R.E. A buen Defensor pocas palabras...
(risas)
