Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Los Motivos de Fujimori
LA destemplada reacción del presidente Alberto Fujimori y el coro oficialista sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido fríamente calculada y tiene dos propósitos básicos: primero, desacreditar a la Corte y preparar el terreno para desconocer sus próximos fallos, que podrían ser contrarios al gobierno. Y segundo, ganar puntos en las encuestas aprovechando un asunto en el que la mayoría parece apoyarlo.
Ha sido precisamente Fujimori quién se ha encargado de mantener el tema en las primeras planas, refiriéndose constantemente a él. No ha vacilado en usar términos procaces, exhibirse con la sobona conductora de un talk show y tergiversar groseramente el contenido de la resolución de la Corte, con tal de mantener la atención centrada en esa cuestión.
La campaña de Fujimori empezó inmediatamente después que la Corte emitiera su fallo, pero cuando la opinión pública todavía no lo conocía. El 1 de junio declaró que el gobierno no liberaría a ningún terrorista, y al día siguiente el diario oficialista Expreso tituló su primera plana "Terroristas no saldrán libres".
El 3 de junio, en otra conferencia de prensa, Fujimori dio a conocer el fallo de la Corte y reiteró que "no va a liberar a ningún terrorista", agregando que desacataría el fallo. Es decir, pretendía que se creyera que la decisión de la Corte era liberar a los cuatro chilenos, lo cual era mentira.

En realidad, la Corte considera que no se han respetado las garantías del debido proceso en el caso de los chilenos, por lo que debe hacérseles un juicio imparcial en un tribunal civil. Y tiene razón, como han manifestado todos los juristas peruanos independientes del gobierno que han opinado. Incluyendo al ex decano del Colegio de Abogados Fernando Vidal, que fue juez ad hoc de la Corte en este caso, designado por el propio gobierno peruano.
Por ejemplo, uno de los sentenciados a cadena perpetua, Alejandro Astorga, fue absuelto por la propia justicia militar en primera y segunda instancia del delito de traición a la patria, a pesar que su abogado no tuvo posibilidades prácticas de ejercer el derecho a la defensa (una hora para revisar el expediente de mil páginas, al mismo tiempo que los abogados de los otros tres, y una hora para redactar el alegato escrito, el día anterior a la sentencia).
Los fiscales militares no apelaron la absolución de Astorga. Cuando el caso llegó al Consejo Supremo de Justicia Militar, que debería revisar la sentencia, apareció de improviso la declaración de un arrepentido anónimo, que acusaba a Astorga de participar en un atentado. La defensa no tuvo posibilidad de citar al arrepentido -ni a nadie- a declarar. Astorga, que jamás admitió su responsabilidad, fue condenado a cadena perpetua.
No sé si Astorga será culpable o no. Pero de lo que no cabe duda es que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, y que el juicio en el que se le sentenció de por vida a prisión fue una farsa.
El presidente Fujimori ha pretendido justificar estos procedimientos aberrantes afirmando que los terroristas hicieron daño al país, lo cual es cierto. Pero eso no puede ser una disculpa para violar un derecho elemental, que es el de tener un juicio justo.
El punto es que si se quebranta esa garantía básica con una o varias personas, cualquiera sea la excusa que se utilice, todos los ciudadanos están expuestos a que les ocurra algo similar. Porque ¿quién va a decidir cuándo hay derecho a un juicio justo y cuándo no? Y ¿por qué un sistema judicial corrompido, politizado y digitado por el poder va a actuar imparcialmente en unos casos y en otros no?
Lo que ha ocurrido la semana pasada con Julio Sotelo, ex gerente de Frecuencia Latina, colaborador de Baruch Ivcher y apoderado suyo en el proceso que se le sigue a Héctor Faisal, es una muestra de eso. Sotelo ha sido condenado injustamente a cuatro años de prisión y conducido a empellones a la cárcel, para que todos recuerden que este gobierno manipula a su antojo a jueces que "se orinan de miedo" -para evocar la soez expresión del Presidente-, no ante los terroristas sino ante el autor de la injuriosa frase y su todopoderoso socio, el jefe real de los servicios de inteligencia.
Otra muestra de ello ha sido la vergonzosa resolución de la Corte Suprema revocando su propio fallo sobre María Elena Loayza y declarando "inejecutable" -término de desagradable recordación para los peruanos- el fallo de la Corte Interamericana que ya había sido acatado.
Por último, ahora ya el gobierno abonó el terreno para desconocer las sentencias de la Corte en los casos del Tribunal Constitucional, el capitán (r) Gustavo Cesti y Baruch Ivcher, si le resultan desfavorables.

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