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GUILLERMO GONZALES ARICA

LA noche del martes 29 se escucharon unos gritos de gol en el Grupo Aéreo N° 8. Edgardo Mosqueira, ministro de la Presidencia, al cierre de esta edición, esperaba al presidente Alberto Fujimori para enrumbar primero a Nueva York y luego a Washington D.C. Bajaba el canciller Fernando de Trazegnies que venía de Rio de Janeiro y subía Mosqueira. Este en el gabinete ha tomado el titularato en el asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta antes de su ingreso al gobierno era un joven profesor de derecho de propiedad. Nada se sabía de sus dotes en derecho internacional y menos de su experiencia en el sistema interamericano de justicia.
Mosqueira visitará el jueves por la mañana la sede de la OEA ubicada en Constitución Avenue, en Washington. Allí entregará al Secretario General de esta organización un documento. Este contiene el rechazo del gobierno peruano al fallo sobre el caso Castillo Petruzzi y otros que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 30 de mayo. Es, en estricto, una respuesta política.
El documento básicamente contendría argumentos ya expresados por el Consejo Supremo de Justicia Militar en el sentido que la sentencia es inejecutable y que para el Perú el caso es cosa juzgada. Además, Edgardo Mosqueira y Beatriz Ramaciotti apelarán a un argumento poco ortodoxo en el sistema interamericano de justicia. Llevan recientes encuestas que indican que la mayoría de los peruanos rechazan la sentencia.
Internamente este argumento no es desconocido. Se utilizó después del 5 de abril de 1992. La verdad que ni Trinidad y Tobago utilizó semejante salida. Fue más clara y denunció la Convención Americana. Definitivamente, el Presidente va a Washington a buscar reflectores. No necesariamente jurídicos. Tanto César Gaviria como todos en la OEA saben que el fallo de la Corte es inapelable, así lo dice la Convención Americana. El Perú se sujetó a la jurisdicción de la Corte libre y soberanamente en el caso del terrorista chileno Castillo Petruzzi. Por tanto poco o nada puede hacer la Secretaría General de la OEA frente al cumplimiento de un tratado internacional. Salvo, claro está, exigir su cumplimiento. Esta última, sin embargo, no parece ser la idea del Secretario General.

Influyente embajadora Beatriz Ramaciotti, y flamante asesor jurídico Edgardo Mosqueira.

Es evidente que el gobierno utiliza el espacio que le brinda su amigo, el recientemente reelecto por 5 años más César Gaviria. Fuentes en Costa Rica, muy cercanas a quien también fuera candidato, el demócrata cristiano y ex presidente de ese país Rafael Angel Calderón, han señalado que Gaviria fue electo sin contar con la ayuda de EE.UU. Se dice además en San José que el colombiano tuvo a dos países como jefes de campaña. Uno de ellos el Perú. Beatriz Ramaciotti, embajadora del Perú en la OEA, cumplió por tanto un importante papel en la reelección. No por nada propone ahora, por ejemplo, que el recientemente creado Centro de Justicia de esa organización tenga su sede en el Perú.
Mosqueira entonces va a tocarle la puerta a un amigo. Gaviria, como se recuerda, estuvo presente el día de las elecciones generales de 1995 en el Perú. Fue sin duda para darle el visto bueno a la reelección. Siempre ha guardado silencio respecto a la inestabilidad institucional que sacude al país.
Gaviria debe actuar con cautela puesto que de por medio está la estabilidad del sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos. Claro que hay que recordar que cuando se produjo la denuncia de la Convención por parte de Trinidad y Tobago, la respuesta del Secretario General fue muy débil. Apenas algunas exhortaciones. La cautela se debe dar más aún cuando ahora en el seno de la OEA se discuten las reformas que se realizarán a los Reglamentos de la Corte y Comisión de Derechos Humanos. Estos cambios están orientados a mejorar el sistema.
Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana y actual miembro de la misma comentó a CARETAS en San José: "El caso de Trinidad y Tobago es aislado. Por lo general lo que ha ocurrido es que los países han cumplido con las resoluciones de la Corte. Aunque han habido retrasos en el pago de las reparaciones. Pero han cumplido. El Ecuador, recientemente ha llegado a la solución amistosa de 12 casos. El sistema está tendiendo a su fortalecimiento en términos generales".
Es por ello que decimos que Gaviria deberá actuar cautelosamente. La Corte se reunirá el próximo 20 de setiembre en San José. Allí decidirá qué hacer; ya tendrá sobre la mesa el documento entregado el jueves por Mosqueira Pero sea cual sea, la decisión se sabrá en junio del 2000 cuando se reúna la Asamblea General de la OEA. Salvo que haya una reunión especial para ver el tema.

¿Aló? ¿Bío-Bío?
La entrevista a emerretista Jaime Castillo Petruzzi no fue la única. La línea con Yanamayo estuvo abierta desde antes.

LA máxima seguridad del penal de Yanamayo, ubicado en Puno y a 4,200 metros sobre el nivel del mar, se puso en cuestión esta semana por la entrevista de 38 minutos que el emerretista Jaime Castillo Petruzzi, condenado a cadena perpetua por un Tribunal Militar, concedió a Radio Bío-Bío de Chile el pasado 20 de junio.
Esta entrevista alborotó el ambiente político peruano y motivó que el presidente Alberto Fujimori manifestara su enérgico rechazo. Sin embargo, un cable de la agencia EFE da cuenta de otra entrevista a un integrante del MRTA, el 23 de mayo, es decir, un mes antes, y también a Radio Bío-Bío.
En esta otra entrevista, la identidad del emerretista no fue dada a conocer "por razones de seguridad". No obstante, éste informó que era un alto jefe del movimiento, y dijo, entre otras cosas, que "el MRTA jamás iba a abandonar su decisión de hacer una transformación profunda en nuestra patria con las armas en la mano". Si bien este cable no fue difundido en el país, podría ser un indicador de cómo andaba la seguridad en Yanamayo.

Sobre las declaraciones dadas por Castillo Petruzzi a Radio Bío-Bío, primero se dijo que fue a través de un celular. Luego, que la gracia la hizo un minúsculo micrófono utilizado en tareas de espionaje. Al margen de lo que se haya utilizado, la pregunta es, ¿cómo pudo ingresar cualquiera de estos aparatos a Yanamayo?
Bío-Bío es una radio informativa y tiene alcance nacional, es decir, todo Chile se enteró de las quejas de estos emerretistas referidas a las condiciones carcelarias y a nuestra administración de justicia, a la que calificaron como "sometida y manejada por la dictadura de Fujimori".
Castillo Petruzzi también negó en la entrevista del 20 de junio, toda posibilidad de abandonar las armas a cambio de un indulto: "La lucha armada es el único camino firme que nos queda para conseguir la justicia".
Tomás Mosciatti (39), director de Radio Bío-Bío fue quien hizo la entrevista a Castillo Petruzzi. Cuando CARETAS le preguntó si creía que el micro o celular pudo haber sido infiltrado por un familiar, como declaró el presidente Fujimori, respondió lo siguiente: "Me reservo el derecho de decir cómo logramos entrevistar a Castillo Petruzzi. Lo que puedo decirles es que el diálogo fue fluido". ¿Ingresó al Perú? Mosciatti contestó: "sólo les puedo decir que no tuve ingreso oficial al Perú".
¿Ingresó en forma subrepticia? Eso no lo sabemos. En todo caso, si no fueron los familiares quienes introdujeron el micro o el celular, ¿quién o quiénes lo hicieron?
Una fuente judicial dijo a CARETAS que, tanto en Yanamayo como en Lima, la Policía alquila celulares a cinco soles la noche. "Los mismos presos dicen que estos aparatos han sido sembrados por el SIN y por eso sólo los usan para resolver asuntos familiares o legales", sostuvo el informante.
Respecto a Castillo Petruzzi dijo: "Por lo menos desde hace seis meses posee celular. Lo de ahora ha reventado sólo porque habló en medio de estos líos con la Corte Interamericana de DD.HH."
Yanamayo posee varios controles de seguridad. Los dos primeros están fuera del recinto y a cargo del Ejército: uno a dos kilómetros y el otro a 100 metros de la puerta. De allí se informa al personal policial ubicado en la entrada, quiénes se dirigen al penal. Ni bien se ingresa, hay que pasar por cuatro revisiones hasta llegar a la zona de los locutorios, en donde los presos se entrevistan con sus familiares y abogados, y vigilados, claro, por varios policías.
Los controles en el interior son muy estrictos. En el primero, por ejemplo, se prohíbe que las paltas tengan pepa y que la pasta de dientes esté en su envase original. Ordenan ponerla en una bolsa plástica. Aquí se dejan los celulares, grabadoras y cualquier otro objeto. Además, los visitantes son apuntados en un registro. El segundo control es físico, y, en algunas ocasiones, obliga a los visitantes a desvestirse.
El tercer control se ubica en las oficinas de la Policía dentro del penal. Nuevamente, los visitantes son apuntados en un registro y pasan por otra revisión. Si la Policía lo considera necesario, deben quitarse la ropa otra vez. El cuarto control se realiza en la puerta que permite el ingreso a los locutorios. Por si fuera poco, hay agentes del SIN supervisando la seguridad dentro del penal.
Parece entonces imposible introducir algo prohibido -digamos un celular- burlando esta maraña de estrictos filtros, por lo que cobra cuerpo la hipótesis de un acto de corrupción, policial o de otra índole, que permitió las declaraciones estelares de Castillo Petruzzi.
Justo Jara, director del INPE, y Alejandro Cerna, director de Yanamayo, no pueden ahora desconectarse del problema, pues la línea de responsabilidad llega hasta ellos. (O.P.).

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