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Los comunicados de rechazo a nuestro aventurado retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se van sumando, casi en una ruma, día a día, tanto adentro como afuera. Uno de los más recientes ha sido el de la Unión Europea, el cual sí que nos pone al borde del barranco del aislamiento internacional. No obstante este riesgo, el gobierno insiste en mover el cotarro adentro y envía emisarios a varios países, a entrevistarse con funcionarios, periodistas y quizás hasta con presidentes. Pero el resultado, como veremos, es poco menos que infructuoso.
Parte del "dream team" del Gobierno. Parados (hasta que se cansen): General Saucedo, monseñor Cipriani, María Cuculiza, Enrique Chirinos Soto, Beatriz Ramacciotti, Anselmo Revilla y Laura Bozzo. Hincados (¿o arrodillados?): Susy Díaz, Edgardo Mosqueira, Martha Chávez y Daniel Espichán.
César Gaviria y Beatriz Ramacciotti. ¿Solidaridad y sonrisas a toda prueba?
Eso explica, según fuentes consultadas por CARETAS, por qué dicho texto es como la aspirina: sirve para cualquier mal. Si bien empieza diciendo que espera que el Perú cumpla con la sentencia de la Corte "porque es esencial para la integridad y legitimidad del sistema regional de derechos humanos", más adelante, sin rubor alguno, señala que la política del presidente Fujimori "ha contribuido de manera importante a fortalecer el Estado de Derecho".
¿Se borraron del disco duro de Gaviria el autogolpe del 5 de abril de 1992 y las decenas de casos que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Eso sólo Dios lo sabe. Lo que además se supo en estos endiablados días es que parte del "dream team" que defiende los colores del Gobierno -Francisco Tudela y Efraín Goldenberg, entre ellos- estuvo en las oficinas del Washington Post un día antes de que este importante diario norteamericano publicara un artículo criticando la decisión peruana. Es decir que no pudo hacer nada contra ello, como tampoco contra las recientes editoriales de The New York Times y The Economist.
Embajador finlandés Mikko Pyhala: claridad a nombre de la Unión Europea.
Peligrosamente anclado en su tozudez, el gobierno no parece querer ver que el partido está empezando a volteársele y por una razón muy obvia. Su decisión es un acto político, tiene sustento jurídico sólo para sus incondicionales o parientes autoritarios (uno de los próximos visitados sería el presidente venezolano Hugo Chávez). En adelante tendrá que responder en ese ámbito y ahí puede que se quede más solo que Alan García en reunión del FMI.
A nivel de la OEA, por ejemplo, lo que resta, tras el pronunciamiento de la Comisión y de Gaviria, es que algún país, en un improbable rapto de principismo, convoque a una reunión del Consejo Permanente para analizar la situación. Decimos improbable porque, si bien sólo se pretendería discutir el tema, el riesgo de que el gobierno peruano tilde de poco menos que traidor a quien tome la iniciativa es muy grande.
Una posibilidad, sin embargo, es que una delegación conformada por miembros de la oposición, y por juristas connotados que quieran jugar este partido de fondo, viaje por su cuenta a explicar el asunto, desoyendo a las Bozzos y las Cuculizas, y confiando en ese 55 por ciento de peruanos que, según una encuesta de DATUM, está en desacuerdo con el retiro de la Corte. Por cierto: los ausentes naturales de esta delegación deben ser Fernando "Popy" Olivera y Lourdes Flores Nano.
Habría que correr en varias canchas: hablar con los embajadores ante la OEA, con funcionarios de los distintos gobiernos, con organismos de derechos humanos, con la propia Casa Blanca, aun cuando ésta se mostrará siempre cautelosa. ¿Quién lanzará entonces la convocatoria? ¿La ejemplar Costa Rica? ¿Ecuador con todos sus problemas a cuestas?
Lo triste de la historia es que este sacudón al Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea provocado por un tablero pateado en nombre del cálculo político. No estamos ante un acto de rebeldía frente a la injusticia de la historia, de la globalización, del comercio. No. Estamos metidos en este embrollo debido a una explicación del mundo que, más o menos, consiste en sostener que la única manera de combatir el terrorismo es estar, sí o sí, con el presidente Fujimori.
Si se cree que exageramos, repárese en el reciente comunicado de la Unión Europea, entidad que agrupa a los países que más invierten en nuestro país (España, por ejemplo). "El argumento aducido por el Perú -dice el texto- es lamentable. La adherencia a cualquier tratado internacional implica necesarios ajustes a la legislación nacional en el sentido de cumplir con los requerimientos del tratado".
Mikko Pyhala, embajador de Finlandia y, según él mismo lo dijo, representante político de la UE en el Perú (Finlandia preside actualmente la organización), agregó, en declaraciones para CARETAS, que es probable que ahora los inversionistas europeos tengan dudas sobre la conveniencia de invertir en el Perú. Será más difícil convencerlos, por la elemental razón de que un país que no cumple con sus compromisos jurídicos genera desconfianza.
En Europa, nadie se imaginaría a un país declarándose en rebeldía ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo (hace poco Turquía tuvo que acatar un fallo referente al trato que reciben los kurdos). El comunicado de la UE pasó por las más altas instancias de los gobiernos europeos, fue aprobado en Bruselas y, ojo con este dato, es uno de los pocos casos en los cuales una preocupación sobre algún país latinoamericano se hace pública.
"Casi siempre se hace de manera confidencial", señala Pyhala, al tiempo de aclarar que el propósito no es crear dificultades, sino simplemente ser claros en este tema. Y además recordar que el Perú, tan sólo a fines de junio, durante la Cumbre Europeo-Americana de Rio de Janeiro, firmó una Declaración que en su artículo 12 proclama la necesidad de poner "énfasis en la implementación de los instrumentos y normas universales y regionales sobre derechos humanos".
Mientras el mundo prácticamente clama por hacer caso omiso de los supuestos argumentos soberanos del régimen, éste se cierra y afina sus baterías políticas, como queriendo detener la ola con las manos. Alberto Bustamante y Edgardo Mosqueira ya han estado en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras; Estuardo Marrou y Jorge Morelli Salgado en Argentina y Uruguay; Miriam Schenone en México, Patricio Ricketts y Manuel Sotomayor en Brasil y Paraguay.
Los esfuerzos hasta ahora parecen haber sido infructuosos, lo cual es lógico. ¿Quién querría comprarse ese pleito inútil junto con el Perú? ¿No sería más realista reconocer que se trata nada más que de un exabrupto para ganar puntos adentro sin importar lo que suceda afuera? ¿Es acaso Carlos Ferrero el único miembro del Gobierno que puede pararse y decir "¡basta, esto es una locura!"?
