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El Congreso aprobó una nueva Ley de Transportes y Tránsito Terrestre, pero la matanza en las carreteras continúa. Parece ser más importante no ampliar la autoridad de los municipios provinciales en cuanto al control del transporte (no dándoles el control de la Policía de Tránsito, por ejemplo) que en detener la racha sangrienta. El esposo de la congresista Carmen Lozada de Gamboa -impulsora de la ley-, por añadidura, debe varias papeletas por infracciones cometidas.
El camión del municipio de San Juan de Lurigancho (Vamos Vecino), no tenía la instalación de las luces posteriores. Causó 5 muertos. En cualquier país un vehículo sin luces es retirado de inmediato de la vía pública.
MENSAJES cifrados. Un día antes de que el Congreso debatiera y aprobara la nueva Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, un triple choque ocurrido a la altura del kilómetro 228 de la Panamericana Sur, en el puente llamado Huamaní, provocaba un muerto y cerca de 45 heridos. Participaron un automóvil particular, marca chevrolet, un microbús de la ruta Pisco-Independencia y un ómnibus interprovincial de la empresa Soyuz.
Carros de todo oficio y calibre, que caerán bajo la égida de la nueva ley, pero además un agregado fundamental. Según la versión de un diario de circulación nacional, el accidente se produjo porque el chofer del ómnibus trató de evitar el choque con el chevrolet, que estaba estacionado y sin luces de peligro, se pasó al otro carril y colisionó con el microbús. Es decir, que no habría sido precisamente el azar el causante del siniestro.
Ministro de Transportes Alberto Pandolfi. Entre el susto y la preocupación. ¿Y la solución?
Lo que pasó el domingo 11 de julio invita aún más a entrecomillar la palabra "accidente". Cinco y veinte de la mañana. Un camión cisterna cuadrado en la autopista Ramiro Prialé. Nuevamente sin luces. Conducido, al parecer, por un menor de edad en sus pinitos de manejo. Un auto Daewoo a toda velocidad y con varios tragos encima de todos los ocupantes.
Resultado: cinco muertos engrosaban nuestras abultadas estadísticas, uno de cuyos índices de espanto son las alrededor de 3,000 personas que cada año fallecen en las pistas. Esta dinámica del horror conduce a otra cifra de horror: en nuestro país por cada 10 mil vehículos circulando mueren 29 personas. En Chile mueren 7. En los países desarrollados apenas una persona (cifras de Mario Duarte, del Consejo Nacional de Seguridad Vial).
En los días siguientes a la aprobación de la ley, la racha constante de accidentes que nos envuelve siguió su alocada carrera. Una combi desbarrancada en Oyón, provincia de Lima (6 niños muertos); otra combi, en Pachacámac, se estrelló contra un poste, tras evitar el choque con una camioneta (2 muertos). En este último caso, Alejandro Escate, de 66 años, lanzó por la ventana a su hijo Miguel, de 8 años. Fue su único recurso para salvarle la vida.
En el momento en que esto se escribe algunas personas más pueden haber caído fulminadas en las pistas o los despeñaderos (se afirma que cada 6 horas muere una persona en accidentes de tránsito en el Perú). La nueva Ley aspira a encarar la problemática del transporte terrestre en su conjunto, aunque al leerla con detenimiento pareciera que el interés principal sería que la libre competencia funcione a la perfección en este ámbito. ¿Un signo de los tiempos?
Congresista Carmen Lozada de Gamboa. Proyecto afanoso pero actitud morosa (frente a las papeletas).
Los empresarios transportistas, por ejemplo, procuraron hacer aportes a la nueva ley. Reclamaban incentivos y anunciaban la probable derogación de los pasajes universitario y escolar, que deberían implicar una compensación por parte del Estado. La lógica es que sin apoyo estatal no se puede modernizar la flota, instalar buenos terminales y, por ende, mejorar la seguridad.
El asunto, sin embargo, no es tan simple. Michel Azcueta, regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, hace algunos alcances sobre la complejidad del problema. "El transporte público -dice- tiene un excedente del 25 por ciento. Eso ocasiona grandes complicaciones en la ciudad". El reordenamiento vehicular se torna faraónico si las combis crecen casi por generación espontánea. Y si corren como descosidas.
Otro problema son los terminales. A diferencia de lo que ocurre casi en cualquier país, acá los terminales prácticamente se desperdigan por diversas partes de la ciudad y generan un desorden que va poniendo eslabones en la cadena de inseguridad que nos envuelve. Azcueta propone que la empresa privada siga construyendo los terminales, pero que el control, férreo y decidido, corra por cuenta de los municipios.
La nueva Ley no le quita facultades en el control del transporte terrestre a los municipios, pero podría decirse que tampoco le otorga las que también deberían corresponderle. Por ejemplo, la policía de tránsito, que aún se resiste a depender de la comuna, como ocurre en casi todas las grandes ciudades del mundo. Tampoco se reimplanta la revisión técnica que, independientemente de quien la controle, podría aminorar algunos riesgos.
Destrozo, tras destrozo, muerte tras muerte. Ni siquiera se ha restablecido la revisión técnica.
¿Podría haber circulado ese camión sin luces traseras si existiera la revisión técnica? Quizás no. Pero con lo laxos que son los reglamentos algo tan peligroso como no tener las luces traseras o no poner señales de seguridad cuando uno se estaciona en la carretera no son cosas que asustan a nadie. La multa por esta última infracción es de 280 soles. ¿Tan poco cuesta correr ese riesgo que ha demostrado en las últimas semanas ser mortal?
La nueva Ley también crea el Viceministerio de Infraestructura y Transporte, que será "responsable de la planificación de la inversión pública en infraestructura de transporte en todas sus modalidades". Y se establece la obligatoriedad de tener una póliza de seguro para todo auto que circule en el territorio de la república (¿quién asegurará a esos carros desvencijados y vetustos que circulan por Lima?).
En medio de todo esto resulta vergonzoso, sin embargo, algo que CARETAS descubrió esta semana. Nueve congresistas, entre ellos Miguel Ciccia, miembro de la Comisión de Transportes del Congreso, deben el pago de papeletas a la Municipalidad de Lima (ver recuadro). Lo mismo ocurre con el ex mayor de la FAP Luis Felipe Gamboa Burgos, esposo, nada más y menos, que de...la congresista Carmen Lozada de Gamboa, presidenta de dicha comisión y autora del proyecto. (Ramiro Escobar La Cruz)
