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García responde y llama a resistir.
¿Nueva versión del martirologio aprista?
Derecha, el PAP convocando respaldo.
CON un capotazo que más pareció lavada de manos, el Presidente Alberto Fujimori le endilgó al Congreso la tarea de promulgar la denominada Ley Antiimpunidad. Esperó el último momento para hacerlo, en una suerte de compás de espera que no parece terminar, pues será el Jurado nacional de Elecciones el que tome la decisión final.
Fujimori se encargó de fijar el concepto de que se trata de una iniciativa de la oposición. Más precisamente -es justo señalar-, de Fernando Olivera y Lourdes Flores. Lo curioso de la norma es que al final podría terminar siendo un boomerang contra ellos mismos o, lo que es peor, terminar beneficiando a quien han combatido durante los últimos diez años.
En todo caso, ambos desempeñan roles secundarios en esta suerte de comparsa más bien masoquista que componen el Partido Aprista y Fujimori.
Eximiéndose de promulgar la ley, Fujimori busca colocarse en la misma orientación que la opinión pública. Según Datum y la Universidad de Lima 55% y 48%, respectivamente, están de acuerdo con la Ley.
Pero más allá de la percepción ciudadana que registran las encuestas, lo cierto es que se trata de una ley inconstitucional que además se tramitó con sorpresa y sin dictamen previo de la Comisión de Constitución.
Como se recuerda, tal como fue presentada inicialmente podía eventualmente ser aplicada al alcalde metropolitano de Lima Alberto Andrade y al ex presidente del IPSS Luis Castañeda Lossio. Advertida sobre esta posibilidad, Lourdes Flores enmendó a medias el entuerto, evidenciando que se trata de una ley con nombre propio.
Pero, insistimos, el engendro podría volverse contra sus creadores: congresistas, ministros, el contralor de la República, el superintendente de Banca y Seguros, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Defensor del Pueblo, entre otros altos funcionarios, además de los ex Presidentes, que tengan una acusación fiscal o un proceso penal con mandato de detención.
Hasta ahora, el único en tal situación, es el ex Presidente Alan García.
Algunos analistas opinan que en realidad los que tomarán la decisión definitiva serán los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El PAP, como se sabe, ha resuelto continuar adelante -con Ley Antiimpunidad o sin ella- en su empeño de llevar en el primer lugar de su lista al Congreso a AGP. Y a la hora de la hora será el JNE el que resuelva si procede o no su inscripción.
Fujimori se hizo el sueco y le dejó al Congreso la tarea de vetar a García. Martha Hildebrandt aceptó: "no
me temblará la mano para firmar", dijo.
Al lado, Serpa Segura, adelantó opinión y señaló inconstitucionalidad de la ley.
El presidente del JNE, Luis Serpa, adelantó opinión esta semana, señalando que se trata de una ley inconstitucional. Tan sorpresivo apego a la Carta Magna da que pensar. De hecho, una interpretación señala que con sus declaraciones Serpa adelanta una salomónica decisión: dar luz verde a la inscripción de AGP y también, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, a la de Fujimori.
Sin embargo, el tiempo de Serpa al frente del JNE está contado. En los próximos meses será relevado del cargo por límite de edad, y su probable reemplazante sería el vocal supremo Alipio Montes de Oca.
En todo caso, está claro que se trata de un libreto en permanente elaboración y que varía según las circunstancias. Parte del guión recae en la presencia de un sector del PAP -al menos ideológicamente- en la maquinaria re-reelecionista (Absalón y compañía).
Hay quienes sostienen que el veto a AGP habría sobrevenido luego que éste, mudando de opinión, habló -tras opinar de manera despectiva de la oposición jurídica- favorablemente de Andrade y Castañeda. El veto, entonces, sería una forma de sugerir, de manera oblicua pero efectiva, que es momento de la cizaña y no de la concordia.
El tema de AGP, sin embargo, dentro de la oposición no convoca necesariamente a la unidad. El martes 8, cuando en presencia de representantes de ocho grupos políticos (AP, PPC, PAP, UPP, Demos, Somos Perú, Perú Ahora, Perú Posible) Del Castillo solicitó la adhesión de los presentes contra una ley inconstitucional se produjo un elocuente silencio. Claro que voceros de Somos Perú y Solidaridad Nacional, entre otros, se han pronunciado contra esta ley.
Para el PAP y particularmente para AGP, de otra parte, cualquier impedimento resulta funcional a sus objetivos. Nada mejor para una campaña electoral, para galvanizar a sus seguidores que hacer frente a una marginación. Esa es la historia del PAP y eso AGP lo sabe y lo maneja a pedir de boca. Por eso, su alocución en Santa Fe de Bogotá ante un grupo de dirigentes departamentales, además de miembros del CEN como el secretario nacional de organización Omar Quezada, y del congresista Agustín Mantilla, señala con desliz mesiánico: "Porque juntos formamos el gran movimiento aprista. Juntos. Ni yo solo ni ustedes solos. Juntos los dos formamos el aprismo de Haya de la Torre (...) Estamos educados en largas esperas en la historia del aprismo y yo estoy dispuesto a esperar mucho más".
A manera de espera impaciente, el PAP saldrá a las calles este jueves 5 a las seis de la tarde, cuando en el Congreso se empiece a ver el cuadro de comisiones.
