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¿Vuelve la Leva?
Presidente observa Ley del Servicio Militar con nueva alusión a guerrilla colombiana.
Martha Chávez, presidenta de la
Comisión de Defensa: por tercera vez tendrá que ver enmienda de la norma.
Cuando ya se daba por hecho, cuando oficialistas irredentas -léase Martha Chávez de Ocampo- y opositores afanosos habían coincidido en que el Servicio Militar Obligatorio era algo que no merecía llegar al otro milenio, el presidente Alberto Fujimori observó la ley que lo convertía en voluntario y propuso incluir una disposición final que permita hacer llamamientos extraordinarios.
La ley aprobada en el Parlamento también contemplaba esta posibilidad, sólo que la limitaba a dos años hacia adelante. La idea era que las Fuerzas Armadas se vayan modernizando hasta que los odiosos llamamientos se hagan innecesarios. Lo asombroso de la observación presidencial, sin embargo, es el motivo esgrimido.
El mandatario adujo el posible riesgo de conflicto externo y mencionó concretamente a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el grupo que tiene de cabeza al país del vallenato. ¿Está dando a entender que podría enviar a jóvenes reclutas a enfrentarse a los, en algunos casos, experimentados guerrilleros de `Tirofijo'?
La propuesta no tiene ni pies ni cabeza. En la misma Colombia, los conscriptos, por ley, no pueden ir a la guerra. Y en Argentina, Carlos Saúl Menem, para lograr su reelección esgrimió como una de sus banderas el Servicio Militar Voluntario. Lo mismo hizo Violeta Chamorro para lograr la presidencia de Nicaragua.
La Defensoría del Pueblo, por voz de Samuel Abad, ha calificado de "lamentable" la observación presidencial. Con ello, según el jurista, "se debilita el anunciado carácter voluntario de la nueva ley del servicio militar" destinado a que contemos con unas fuerzas armadas profesionales.
Lo peor de todo es que podrían volver las abominables levas. Y con ellas los abusos. Y además, nuevamente el Presidente le ha enviado un mensaje poco elegante al gobierno colombiano.
DOBLE TRABAJO
Lastenio Morales y proyectos dictaminados: en la repetición no está el gusto sino el gasto.
Todo parece indicar que recién un mes después de comenzado el nuevo período legislativo se iniciarán las sesiones plenarias en el Congreso. Se argumenta que no hay dictámenes por debatirse. Sin embargo, Lastenio Morales, portavoz del Grupo Parlamentario Independiente (GPI), ha solicitado que 15 de los 62 proyectos de ley dictaminados favorablemente que estaban en la orden del día en la pasada legislatura sean debatidos de inmediato. Esto porque son los que tienen dictamen unánime favorable. "Resulta innecesario que estos proyectos vuelvan a ser estudiados por las respectivas comisiones", ha dicho Morales en carta dirigida a la presidenta del Congreso, Martha Hildebrandt. "De esta manera, el Congreso ahorrará importantes recursos en trámites innecesarios". En efecto, según un estimado del congresista Arturo Salazar Larraín, el costo de un proyecto de ley aprobado por el pleno es de alrededor de S/. 73 mil. Es decir, si estos 15 proyectos que menciona Morales vuelven a comisiones generarían gasto similar al que ya se realizó: S/. 1'095,000. (El cálculo de Salazar Larraín comprende desde la presentación del proyecto a Trámite Documentario hasta su aprobación. Pero el grueso del costo de un proyecto corresponde al debate en comisiones y al debate en el pleno).
EMPAREJANDO EL TERRENO
En lo que constituye una antesala a la visita del zar antidrogas, Barry Mc Caffrey, prevista para la próxima semana, el martes 17 la encargada de negocios a.i. de EE.UU., Heather Hodges, y el canciller Fernando de Trazegnies suscribieron dos importantes acuerdos para el fortalecimiento de la cooperación en la lucha antidrogas. Los prolegómenos de esta antesala, por cierto, fueron las urticantes declaraciones de Mc Caffrey que Hodges recibió el encargo de morigerar (CARETAS 1580). Uno de los acuerdos está orientado a fortalecer la cooperación en los esfuerzos de interdicción y erradicación por US$ 22 millones, y el otro, por US$ 30.4 millones, para el desarrollo alternativo. La estrategia busca mantener el precio de la coca por debajo de su nivel de rentabilidad y, al mismo tiempo, dar oportunidades lícitas a los campesinos que abandonan sus cocales. Por lo pronto, el saldo de esta estrategia ha permitido reducir los cultivos de coca en 56 %.
CERROJO EN EL JNE
Alipio Montes de Oca: uno de los poseedores de las llaves para cerrar o abrir el paso a tachas.
Alipio Montes de Oca, suplente del actual titular del JNE, Luis Serpa Segura, tendrá a su cargo la conducción del organismo cuando se registren los candidatos para las elecciones generales del 2000 y, por tanto, cuando se vean las tachas. Entre ellas, muy probablemente, las referidas a Alberto Fujimori y Alan García.
Como se sabe, Montes de Oca reemplazará a partir del 11 de noviembre próximo a Serpa, quien dejará el cargo por límite de edad.
Una ley aprobada por la mayoría hace unos meses señala que para que proceda una tacha se necesitan por lo menos cuatro de los cinco votos del pleno del JNE. Habida cuenta que tanto los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Publico -Montes de Oca y José Bringas Villar- son digitados por el Ejecutivo, resulta evidente que en la práctica éste decide a quién se tacha y a quién no.
Montes de Oca fue elegido junto con Serpa en junio pasado por los vocales de la Corte Suprema, a la que llegó por designación ejecutiva luego del autogolpe del 5 de abril tras una carrera en las Cortes Superiores de Piura y Tumbes, y anteriormente de Ayacucho y Huanta (CARETAS 1225). Como magistrado de la Corte Suprema integró la Sala Penal que falló en favor de Vladimiro Montesinos en el juicio seguido por éste contra CARETAS, que actualmente es objeto de un pedido de revisión de sentencia.
LA PALABRA Y LA IMAGEN
Al cierre de esta edición se confirmó la participación accionarial de Andrés Marsano en Austral Televisión (Canal A). El empresario minero y dueño del diario El Sol ha comprado el 30 % de la productora televisiva arrendataria de la señal de Canal 11.
De Planes y Explanadas
Flexibilidad en el control de patio de maniobras
del puerto peruano en Arica podría convertir
conversaciones entre Perú y Chile en negociaciones.
El curso de las conversaciones con Chile habría ingresado esta semana en una etapa expectante, luego que los cancilleres de Perú, Fernando de Trazegnies, y de Chile, Gabriel Valdés, coincidieran -cada quien por separado- en afirmar que las posiciones de ambas partes se están aproximando a un punto en que es posible un acuerdo para la entrega de las obras que establece el Tratado de 1929.
De Trazegnies, haciendo un alto en la agenda cumplida por el presidente Jamil Mahuad en Loreto (ver aparte), señaló que en el tema de Chile se "seguía desbrozando el camino" y se esperaba "llegar en poco tiempo al papel", lo que podría ocurrir "en las próximas semanas o meses".
En otras palabras, de Trazegnies anunciaba como próxima la posibilidad de pasar de las conversaciones informales y amistosas -en la que nos encontramos- a las negociaciones formales. Lo que implicaría el establecimiento de Comisiones tanto de Negociación como de Ejecución del Tratado de 1929.
El canciller chileno, por su parte, tras reunirse con el Consejo de Política Exterior (CARETAS 1580), declaró que con el Perú "existen importantes grados de acuerdo respecto de la naturaleza del régimen que van a tener las obras en Arica".
Una nueva señal de acercamiento en las posiciones de ambos países, fue el viaje a Santiago de Chile que realizó la semana pasada el director de Desarrollo Fronterizo y Límites de la Cancillería, embajador Carlos Pareja.
Pareja fue enviado por el gobierno peruano. El anuncio lo hizo el presidente Alberto Fujimori, tras reunión sostenida con de Trazegnies.
¿Pero cuáles serían los puntos de coincidencia que han permitido avanzar a los dos países? Al parecer uno de ellos se refiere al tratamiento de la zona denominada La Explanada, punto controversial en las fenecidas Convenciones de Lima.
La Explanada tiene un área de 15,636 m2, ganada al mar, ubicada entre la estación terminal del Ferrocarril a Tacna y el Muelle Norte. En el curso de las tratativas de las Convenciones de Lima, Chile se reservaba en esta área una extensión de aproximadamente 6,990 m2, en cuyo lugar está el llamado patio de maniobras o tornamesa.
Como anota el embajador Hugo de Zela Hurtado en un artículo de "Política Internacional", revista de la Academia Diplomática del Perú (Abril/Junio 1996), "al arribar el Ferrocarril de Tacna para ingresar al Muelle Norte, a fin de dejar o recoger carga, hay que pedir permiso a las autoridades chilenas para que el ferrocarril circule por La Explanada".
"Tal restricción -anota el embajador- viola la letra y el espíritu del Tratado de 1929, ya que rompe la continuidad funcional de los establecimientos y zonas construidos por Chile para el servicio del Perú".
De las declaraciones del canciller se desprende que el Perú no haría cuestión de estado sobre el uso total de la explanada. Lo que se buscaría es asegurar el libre tránsito entre los dos puntos que el patio de maniobras separa: el ferrocarril de Tacna y el muelle norte aduanero. Esto es, libre tránsito sobre la vía férrea y la carretera paralela que cruzan el patio de maniobras, sin pretender posesión total del terreno. Otra propuesta del Perú es eliminar la caseta de vigilancia que existe (ver diagrama) entre la explanada y el muelle norte. En esta área, la posición es que no debiera existir control aduanero chileno, vigilancia policial o militar del país del sur. Para resumir esta nueva postura peruana, de Trazegnies ha usado apenas tres palabras: "unidad operativa absoluta". En los próximos días veremos si este minimalismo puede rendir frutos mayúsculos. (LACH).
