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Alberto Andrade: en porfiadas primeras planas.
AUNQUE en los últimos días ha adquirido resonancia mayúscula (ver aparte), el tema del acoso a los candidatos no es reciente. Bajo la modalidad de desprestigio ya venía siendo aplicado contra el alcalde Alberto Andrade por parte de seis de los llamados diarios chicha. No se trata, pues, de un acto improvisado sino de una sistemática empresa que lleva poco más de cuatro meses. Cada día La Chuchi, El Mañanero, El Tío, El Chato, El Chino y Más cuelgan en los quioscos mostrando sus agraviantes y, con frecuencia, coincidentes titulares dirigidos porfiadamente contra la autoridad municipal. Y aunque haya gente que no los compre, permanecen colgados varias horas haciendo las veces de afiche.
Giovanna Peñaflor de Imasén señala que si bien los estudios de lectoría y de comportamiento indican que existe un alto porcentaje de la población que no compra periódicos, definitivamente sí consume los titulares. "Lo que aparece en las primeras planas influye en la formación de la opinión pública sobre todo en los sectores populares. Si la misma noticia aparece en dos o tres diarios, para la gente la repetición de la noticia genera una sensación de credibilidad. En términos generales, la gente distingue entre los periódicos serios y los populares, pero las informaciones tendenciosas generan duda, alimentan ideas preconcebidas sobre políticos, autoridades o artistas".
El lunes 6 al mediodía, el abogado Heriberto Benites formuló una petición constitucional al Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín solicitando el cese de esta campaña y una exhaustiva investigación respecto a los orígenes de estos "medios de comunicación" dado que están incurriendo en delito contra la administración pública. De acuerdo al artículo 374 del Código Penal quien ofenda la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de su función incurre en desacato contra la administración pública, lo cual puede acarrear pena de cárcel de hasta tres años.
Al margen del delito y los clisés, lo que llama la atención es que al menos una de las casas editoras de marras edita tres de los diarios en mención, dirigidos al mismo segmento socioeconómico. "Desde el punto de visto lógico y periodístico resulta inexplicable que una misma empresa haga tres productos similares para hacerse la competencia a sí misma. La razón entonces no es hacer periodismo sino hacer daño y acosar al alcalde por razones evidentemente políticas", dice Benites.
El costo de cada ejemplar, S/. 0.50, también mueve a curiosidad, añade el abogado: ¿Cómo se cubren los gastos de impresión teniendo en cuenta que estas publicaciones no tienen mayor avisaje? "Yo me pregunto de dónde sacan el papel".
De acuerdo a las investigaciones de Benites en los Registros Públicos, La Chuchi, El Mañanero y Más pertenecen a la Empresa Editora Americana, cuyos directores son José Miguel Grandes Alvarado, Nello Marcos Sánchez y Jesús Estenós Sepúlveda, mientras que como accionistas figuran Fernando Luis Olivari Agurto, Jesús Alfredo Estenós Sepúlveda y Bruno Israel Rivera Carbajal. Por su parte El Tío es una empresa propiedad de José Olaya. Y El Chino se hace en Editora Sport y su directorio está integrado por Moisés Wolferson Wolloch, Azi Wolferson Wolloch, Alex Wolferson Wolloch, Carlos Maraví Beininger, Carlos Reyes Mispireta y Patricia Miranda Tejada. Por último, El Chato es creación de la Empresa Editora e Impresora El Gigante S.A., cuyos directores son Rafael Documet Vásquez, Pablo Documet Silva, José Antonio Documet Silva, Juan Eduardo Saravia Saravia, Luis Alberto Jiménez M., y José del Carmen Segura Silva. Todos ellos tendrán que desfilar por la fiscalía.
Plan de Cada Día
"Cuando logra algún grado de repercusión en los medios serios, el mensaje es muy destructivo. Y en esa repetición constante, un rumor que en principio tuvo poca credibilidad porque la fuente no era creíble, termina arraigándose porque la gente olvidará de dónde partió", señala analista de Imasen, Giovanna Peñaflor. Aljovín ha dicho que se pronunciará en los próximos días. Sin embargo, cabe la posibilidad que derive el caso al fiscal provincial penal competente, quien tendrá 60 días de plazo además de la potestad de pedir ampliación del lapso investigatorio. Esto, claro, si es que no resulta ser uno de esos magistrados cuya rectitud naufraga en las orillas del poder.
LAS AGRESIONES CONTRA SOMOS PERU
CONTRA SOLIDARIDAD NACIONAL
QUE HACER
Transparencia, el grupo de observación que preside el Dr. Luis Jaime Cisneros, ha propuesto al Defensor del Pueblo que uno o dos de sus representantes, con chalecos distintivos, acompañen a los candidatos presidenciales y fotografíen o filmen actos hostiles.
Desde octubre próximo, la Defensoría del Pueblo pondrá en marcha el proyecto de supervisión electoral, que consiste en hacer un seguimiento del proceso electoral, no sólo en su etapa final del acto de sufragio, sino también en lo referido a las inscripciones de los partidos y agrupaciones políticas, la convocatoria del proceso, la campaña electoral, la legislación electoral, etc. Para ello, afirma Walter Alván, defensor adjunto de esa dependencia, es necesaria la capacitación de observadores, personeros y voluntarios, labor que realizarán en coordinación con la agrupación civil Transparencia y el Servicio de Educación Rural y que contará con el financiamiento de la agencia americana USAID.
Según Albán, si bien el tema electoral y los problemas que se vienen suscitando -en cuanto a acoso a candidatos- no son competencia directa de la dependencia, no van a mantenerse al margen si observan que se siguen presentando problemas en torno al proceso y se pronunciarán en su momento.
El radio de acción del proyecto abarca, además de Lima, a las zonas alejadas y declaradas en emergencia del interior del país, principalmente pertenecientes a Huancayo y Ayacucho. También a las ciudades donde la Defensoría cuenta con oficinas, como Iquitos, Trujillo, Arequipa, Cusco y otras.
De acuerdo con Albán hace 30 días la Defensoría recibió una denuncia de parte del personero y vocero político de Somos Perú, Manuel Masías, sobre un seguimiento y hostilización que se produjo en Cajamarca contra el líder de esa agrupación, Alberto Andrade y quienes le acompañaban. La Defensoría informó al JNE sobre el asunto y pidió que se le hiciera llegar los resultados de la investigación. Días después, el JNE dijo que, según interrogaciones a la policía de las zonas en mención, no se ameritaba dar curso a una investigación.
