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El congresista del CODE, Moisés Heresi, sostiene que jamás lavó dinero de narcos. Si se comprueba lo contrario, podría ser condenado a cadena perpetua. Derecha, el casino del María Angola tomado por la Policía.
EL espectacular caso de Los Camellos, en donde el corredor Bruno Chiappe Ebner aparece como uno de los protagonistas, tuvo, a principios de la semana pasada, dos escenas de película. Por un lado, la incautación del gimnasio del congresista Moisés Heresi, y por otro, la intervención del casino del hotel María Angola, por presunto lavado de dinero -penado con cadena perpetua- del panameño Boris Foguel, supuesto líder de la banda.
La fiscal Ana María Calderón denunció a Heresi por varios supuestos delitos: haber recibido un millón y medio de dólares de Foguel, no poder pagar los 14 mil dólares mensuales al Banco del Nuevo Mundo por el gimnasio, no poder explicar cómo los acabados costaron 93 mil dólares más de lo presupuestado (ella cree que este dinero pudo haber sido obtenido del narcotráfico) y haber recibido un cheque de una de las empresas de Foguel por la venta de un auto Ferrari a Chiappe en 1998.
El doctor Mario Amoretti, abogado de Heresi, al hacer los descargos, dijo que el gimnasio se construyó a través de un leasing del Banco del Nuevo Mundo -y no con el millón y medio de Foguel- y que las cuotas de 14 mil dólares mensuales son pagadas con el aporte de sus 540 alumnos que abonan 65 dólares por mes (US$ 35,100). Además, que el gasto de 93 mil dólares adicionales fue autorizado por la constructora, y que Heresi nunca supo que el cheque que le dieron por el Ferrari era de una empresa de Foguel.
Mayor PNP Eduardo Milla. Pieza clave de una mafia que operaría en el puerto del Callao.
El casino del María Angola fue intervenido por haber lavado supuestamente también un millón y medio de dólares de Foguel, equivalentes a 535,920 acciones (14 % del total) puestas a nombre de su mamá, María Suengas de Cajar. Sin embargo, Alberto Químper, asesor legal del hotel, manifiesta que fue el Atlantic Security Bank -filial del Banco de Crédito en el exterior- el que presentó a Foguel como un inversionista de clase A.
A las once de la noche del pasado martes 7, la jueza del Segundo Juzgado Antidrogas, María Castro, entró al gimnasio de Heresi para incautarlo. Y pese a que había sólo un guachimán, se utilizó sesenta policías y diez vehículos, mientras que otras dos docenas de civiles con metralletas se movilizaron esa misma noche para clausurar el casino del hotel miraflorino.
Pero lo lamentable es que las investigaciones se han centrado en la frivolidad de los autos lujosos vendidos y en una serie de análisis financieros de resultados inciertos.
CARETAS 1565 informó que Chiappe salió del país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a Cuba el 4 de abril -cuando todas las pruebas lo sindicaban como uno de los cabecillas de la banda- y regresó el 13 para acogerse a la Ley de Arrepentimiento para casos de narcotráfico tras ser aconsejado por su asesor legal, Javier Corrochano.
Si bien Chiappe, como arrepentido, ayudó a la Policía a desenterrar 2,3 toneladas de PBC sepultadas en su propio fundo de Chincha, sus confesiones -que han hecho desfilar por la DINANDRO a más de 50 personas- no han servido para desbaratar a la organización que cultivó la hoja de coca, produjo varias toneladas de droga, y la transportó hasta el Callao para ser embarcada a Europa dentro de contenedores.
Un puerto, así como un aeropuerto son zonas sensibles de la seguridad nacional, y por esa razón, deberían haber muchas autoridades de aduanas y policiales investigadas y detenidas. Pero no hay ninguna que responda por qué el Callao es una coladera.
Jefe de la DINANDRO, general PNP Dennis del Castillo. Su labor es cuestionada.
Las fuerzas de seguridad, al parecer, manipulan la información. Entre el jueves 9 y el sábado 11, la Policía repartió el atestado financiero del caso Heresi a varios canales de televisión, en especial al Canal 2, mientras que Amoretti y Luis Roy Freire (también abogado del congresista) no pueden revisarlo.
Al cierre de esta edición, se esperaba que la jueza María Castro sea removida del cargo debido a un recurso de recusación presentado por estos dos abogados, y que el expediente de Heresi, ya en manos de la Corte Suprema de Justicia, pase al Congreso de la República para analizar si procede o no el retiro de la inmunidad parlamentaria.
¿Se quiere ocultar a una mafia que operaría en el Callao y que permite la salida de enormes embarques de droga? ¿Por qué no denuncia eso el arrepentido Chiappe?
CARETAS 1576 dio a conocer que el mayor PNP Eduardo Milla Espinoza, miembro del SIN y apodado "Gato", facilitó en 1998, la salida por el Callao de los 681 kilos de cocaína detectados luego en Bulgaria y en el embarque de las 2,3 toneladas del 1 de abril, que al final también fue descubierto.
Milla fue denunciado en 1996 por Luis Izusqui García -antiguo mandadero en el estudio de Corrochano- de haber viajado a Tarapoto para cobrar 800,000 dólares de los hermanos López Paredes, y así solventar los honorarios del mismo Corrochano y de Montesinos, supuestos contactos para lograr su libertad.
Si bien Corrochano ha denunciado a Izusqui por difamación, llama la atención que tres años después de realizadas estas declaraciones, el "Gato" haya vuelto a aparecer en el caso Los Camellos, en el que figura, también, el abogado Corrochano como consejero legal de Chiappe. A Milla le habían echado el guante desde 1996, pero lo dejaron pasear en forma inexplicable. Y ahora que también es un arrepentido, ¿por qué no ayuda también a desenmarañar la madeja?
El puerto del Callao es una coladera. No hay autoridades policiales ni aduaneras investigadas.
Como se recuerda, el caso Los Camellos estalló cuando el 1 de abril, en El Callao, se encontraron 2,3 toneladas de cocaína camufladas en 90 cajas de merluza que iban a ser enviadas a España.
El lunes 5 de abril, en una conferencia de prensa, el jefe de la DINANDRO, general PNP Denis del Castillo, se apuró en afirmar que este hallazgo fue producto de un agudo trabajo de inteligencia desplegado por su institución y el SIN.
Sin embargo, el 4 de abril y pese a la proeza de inteligencia nombrada por Del Castillo, CARETAS 1565 se preguntó cómo Chiappe salió del país con destino a La Habana, pese a que todas las pruebas lo sindicaban como uno de los cabecillas de Los Camellos. ¿Se trató de un milagro?
Si fue real el sofisticado plan SIN-DINANDRO, era lógico pensar que Chiappe ya era ubicado, y por eso, su salida fue motivo de escándalo, sobretodo porque hasta esa fecha la policía había interrogado a 27 personas y detenido a otras seis. Mientras esto ocurría, el cabecilla hacía sus maletas para encontrarse con Foguel en Cuba.
El 7 de abril, Corrochano viajó a La Habana para convencer a Chiappe de que se arrepienta -cosa que al parecer así va a ocurrir- pese a que los beneficios de esta norma no alcanzan a los cabecillas. ¿Se ha montado un show que a algunos entretiene y conviene? Es necesario ver lo que hay detrás de la tramoya.
Carlos Langberg y su testaferro Enrique Núñez Baraybar. A la derecha, insumos del negocio.
EL2 de enero de 1980, dentro de un camión Fiat que venía de Pucallpa a Lima, la Policía decomisó 475 kilos de pasta básica, en ese tiempo, el cargamento más grande de la historia del narcotráfico peruano, y valorizado en un millón de dólares.
Todos los detenidos habían sindicado a Carlos Langberg como el responsable de esta millonaria operación, el mismo que fue detenido y llevado a una comisaría. Dos años después se descubrió que el ministro del Interior Fernando Velit Sabatini -el último de la época militar- lo sacó de la cárcel.
Meses después, en setiembre, Langberg fue detenido en México por la posesión de 15 gramos de coca cuando estaba en compañía del líder aprista Jorge Idiáquez. La cercanía de Langberg con las autoridades políticas de entonces fue notoria. Fue condenado en 1984 a 14 años de cárcel pero luego su pena fue reducida a la mitad.
Manuel López Paredes, cayó en 1995 con más de tres toneladas de droga.
Otro de los casos importantes y controvertidos fue el de Reynaldo Rodríguez López, conocido como El Padrino, descubierto luego de que en 1985, estallara uno de sus laboratorios que tenía en una de sus residencias, la misma que al final fue bautizada como Villa Coca.
Con el caso Villa Coca cayeron en desgracia varios políticos y altos mandos de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) que incluso fueron vistos en varios vídeos de fiestas y parrandas con Rodríguez López. Uno de ellos fue el general PIP José Jorge Zárate.
Lo curioso es que el ahora súper asesor del SIN Vladimiro Montesinos apareció como abogado de muchos policías involucrados de pies a cabeza. El caso Villa Coca terminó cuando Rodríguez López fue condenado a 25 años en 1992.
Reynaldo Rodríguez López.
A la derecha, la sede de la agencia de viajes
Seturín, su mayor empresa de fachada.
En enero de 1995, en Piura, la Policía y la DEA encontraron en un depósito de algarrobo, tres toneladas de cocaína que iban a ser llevadas al puerto de Paita para ser embarcadas a México.
El país entero se enteró de la existencia del clan de los López Paredes, cuya fortuna bordeaba los 250 millones de dólares, aunque, como CARETAS 1346 informó, sus relaciones con los encargados de la lucha antidrogas en el Perú y personajes del mundo político como el viceministro del Interior de ese entonces, Edgar Solís Cano, y el congresista de Cambio 90-Nueva Mayoría Juan Hermoza Ríos eran significativas.
Los López Paredes fueron condenados a cadena perpetua en 1997.
