Perú: ¿País con Fortuna?
El autor propone la regulación del gasto en publicidad estatal para evitar que sea utilizado en beneficio propio.

Por ALBERTO BOREA ODRIA

MUCHO se ha dicho sobre la utilización de los fondos del Estado para montar una campaña reeleccionista y monitorear a los medios de comunicación. Protestas se han escuchado mil, pero alternativas de solución, casi ninguna.
Creo que la mejor manera de evitar el chantaje sobre los dueños de los canales, radios, periódicos y revistas, y de utilizar el dinero del país de la mejor manera, y no en una perpetua autoalabanza con fines electorales, exige que se apruebe una norma que relacione la necesidad real de utilización del dinero con la determinación de enseñar a través de la comunicación que las obras que se hacen con el dinero del Estado se deben al esfuerzo del pueblo, y no a la gentileza del gobernante de turno. En suma la optimización en el destino de esos recursos, para que la publicidad estatal no se utilice para premiar a medios adictos o poco críticos, y para poner en desigualdad a todos aquellos otros que ejercen su derecho a la discrepancia y a favorecer opciones diferentes que las que auspicia el gobierno.
Sólo cuando haya alguna objetividad de criterio para la distribución de la publicidad, podrá producirse esta independización. Esto es más urgente cuando el Estado ha pasado de ser el décimo anunciador en 1990 al primero en estos años.
Nosotros creemos que la publicidad estatal por las obras realizadas no puede ser mayor al 0.5% del valor de la misma, y que la determinación de lo que debe invertirse en campañas donde hay que comunicarle al pueblo determinadas cosas, debe estar regida por un criterio de utilidad. Asimismo señalamos que en toda propaganda del Estado debe señalarse que esa obra se ha hecho con el dinero de los contribuyentes o de la municipalidad que realiza la obra, evitando así el ensalzamiento personal a la que muchos personajes son adictos con los recursos de todos.
Creemos igualmente que los contratos de publicidad deben otorgarse en razón de los índices de sintonía, audiencia y lectoría que tienen los diversos programas y medios y que dicha determinación debe hacerse una vez al año por una comisión en la que participen no sólo representantes del Estado o de las provincias respectivas, sino también los representantes de la asociación de medios, los de las agencias de publicidad y los de las universidades que tienen facultades de comunicación en la circunscripción. De esta forma, la categorización en razón de los públicos objetivos a los que se quiere dirigir el mensaje se hará con un criterio objetivo, y de acuerdo a esa escala, se obligará que el Estado invierta sus recursos publicitarios, contratando por lo menos a los cuatro medios más importantes para evitar monopolios.
Así no se verán cantidades impresionantes de avisos en revistas que casi son clandestinas, o la difusión de cómo pagar el impuesto a la renta en diarios que no tienen una lectoría especialmente numerosa entre quienes concurren con este tributo al erario nacional, ni campañas de vacunación para niños en talkshows, y así sucesivamente.
La nacionalidad debe imponerse también a la publicidad estatal para que no se utilice con criterio partidario el Tesoro Nacional y para que el gobernante no ceda a la tentación del endiosamiento a través de esta vía.

El Proyecto
ENTRE enero y junio, los ministerios y entidades públicas gastaron US$ 31'153,310.74 en publicidad, de acuerdo con una investigación de La República. Se propone, entonces, entre otros puntos:
  • Crear Consejos Pluralistas de Calificación de Medios responsables de asignar las partidas presupuestales de acuerdo a sintonía y lectoría en cada departamento.
  • El monto máximo para publicitar una obra pública en ningún caso será superior al 0.5% del costo de la obra realizada.
  • La publicidad de obra pública consignará la frase: "Esta obra ha sido construida con el dinero de los peruanos".
  • En ningún caso el mensaje publicitario revelará el nombre o cargo de ningún funcionario del Estado.
  • Los medios de propiedad del Estado -Canal 7, Radio Nacional, El Peruano- estarán a cargo de un directorio integrado proporcionalmente por representantes de partidos políticos que tengan representación en el Congreso.

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    Alberto Borea abogado, es secretario general de Fuerza Democrática.

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