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Siete minutos duró la presentación del presidente Alberto Fujimori ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Nada elocuente, para haber sido la última asamblea del milenio, y haber precedido en el orden oratorio al Presidente norteamericano. Y la verdad es que no tenía muchas razones para serlo. Esa misma mañana, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizaba la decisión del Perú de apartarse
de la competencia contenciosa del máximo organismo
jurídico regional.
En su discurso inaugural, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, puso la agenda política en el tapete al definir un nuevo derecho de intervención, el llamado derecho internacional humanitario. "La noción de soberanía nacional no debe servir de coartada a la inacción internacional cuando el destino de las poblaciones civiles está en peligro", dijo Annan.
Acontecimientos como los de Kosovo y Timor abren paso a una nueva etapa de relación entre las naciones. No hay fronteras cuando de defender los derechos de la humanidad. Tal vez por esto, previendo alguna reacción, el presidente colombiano Andrés Pastrana respondió en su discurso: "ya no son tiempos de intervención, sino de cooperación".
Fujimori no abordó este punto. Lo que hizo fue generalizar los problemas futuros del mundo en cuatro temas: pobreza, terrorismo, narcotráfico y discriminación racial. Apenas en las dos últimas líneas de su breve mensaje, apostilló: "Los derechos humanos elevados a su máxima potencia y expresión, son los derechos de los pueblos y todos los pueblos tenemos derecho al futuro".
Pero, observadores en la ONU recordaron entonces el debate en San José de Costa Rica sobre el Perú. En deliberaciones privadas se analiza la decisión del presidente Fujimori de no acatar los fallos que defina el sistema judicial interamericano. A contracorriente de lo que hoy
sucede en el mundo.
Deslucida participación de Fujimori en la última Asamblea de la ONU.
Robert Goldman y Antonio Cancado, presidentes de la Comisión y Corte Interamericana respectivamente, están de acuerdo: la única vía para salir de la Corte es denunciar el Pacto de San José.
La verdad de la milanesa es que el plato de fondo es saber si la Corte continuará viendo los casos de Baruch Ivcher, Tribunal Constitucional y los que puedan llegar. En el seno de la Corte Interamericana, según fuentes consultadas, habrían dos posiciones. La primera es liderada por el presidente de este organismo, el brasileño y calificado jurista Antonio Cancado (no por nada es autor de 25 libros en la materia). Este sostendría que el Perú y ninguno de los países que se adhirieron a la Corte, pueden retirarse de la competencia contenciosa de la misma, a menos que denuncien la Convención. Uno de los argumentos, por ejemplo, sería que la Corte Europea de Derechos Humanos, en noviembre pasado, acordó que ninguno de sus Estados miembros adheridos a la jurisdicción de la Corte podía retirarse de la misma, salvo denunciando el tratado. Esto explicaría el rápido rechazo que expresaron los países miembros de la Comunidad Europea en el Perú.
Sin embargo, Cancado no las tendría todas consigo. Algunos miembros de la Corte opinarían que el Perú sí puede retirarse, pero de ninguna manera ese retiro tendría efecto inmediato como lo pretende el canciller Fernando de Trazegnies y el ministro de la Presidencia Edgardo Mosqueira. Claris Verbis, como se dice, en ninguno de los casos la posición de Fujimori y sus asesores sale ganando. Si el oficialismo intentaba evitar con el retiro de la Corte que ésta no conociera los casos Ivcher y Tribunal Constitucional, se equivocó. Ya el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Peter Romero, hace dos meses, en el Departamento de Estado, en Washington D.C. le espetó a Francisco Tudela: "La verdad de la decisión del Perú es que ustedes no quieren que el caso Ivcher sea visto en la Corte".
Según analistas, lo que ha olvidado el oficialismo en el Perú es que la competencia consultiva de la Corte está intacta. Lo que en este momento analiza la Corte es la postura del Perú, y la decisión que tome sobre ella es inapelable. Si se impone la tesis de Cancado, Fujimori deberá denunciar la Convención para salirse de la Corte. Caso contrario, como el retiro no sería automático, el Perú quedará obligado por lo menos hasta julio del 2000 a presentarse ante la Corte. En ese supuesto los casos Ivcher, Tribunal Constitucional y los que derive la Comisión Interamericana podrán verse en dicho organismo. Como se sabe, el próximo 4 de octubre, en la Comisión, en Washington se verán varias denuncias contra el Estado peruano. Entre ellas se encuentran los casos La Cantuta, interceptación telefónica, Rodolfo Robles, Marina Machaca, entre otros.
