
El contador de Los Camellos, Edwin Antón Cabada, trabajó en la Contraloría General de la República entre 1993 y 1996 y fue primero jefe de Auditoría Interna y luego subgerente de Auditoría de Presupuesto. Conoció al actual contralor general de la República, Víctor Caso Lay, en 1983 y formó con él una empresa tres años después.
El ex ministro del Interior, José Villanueva, muestra los materiales usados por Los Camellos para elaborar droga en el fundo La Bodega de Chincha.
Edwin Antón podría ser condenado a cadena perpetua.
Antón era propietario de 4,998 acciones, y otro sujeto identificado como Roberto Legussan tenía la restante. La empresa fue inscrita en el rubro de asesoría contable e importación de productos tradicionales y no tradicionales.
La semana pasada, el presidente Alberto Fujimori criticó la incautación del gimnasio del congresista del CODE Moisés Heresi porque todavía no se le había probado que lavó dinero del narcotráfico, y por el gran número de personas que quedaban desempleadas. Además, Heresi, quien se proclama inocente a los cuatro vientos, podría ver levantada su inmunidad parlamentaria para ser procesado y condenado. Nadie pretende con esto que Caso Lay sea retirado de su cargo de contralor, pero si se usara la misma lógica seguida contra Heresi, eso ya hubiera ocurrido.
Caso Lay dijo a CARETAS que conoció a Antón "más o menos en 1983, quizá en una reunión profesional, y tal vez en la ciudad de Lima". Curiosa falta de memoria para recordar a un colega con el que formó una empresa -aunque su participación fue casi decorativa- y que ahora está metido en un tremendo embrollo que debe preocupar a más de uno con justificadas razones.
Caso Lay reconoció haber tenido cierto grado de amistad con Antón pero negó haberlo llevado a trabajar a la Contraloría.
Contralor Víctor Caso Lay. Derecha: facsímil del documento de los Registros Públicos en el que aparece como director de Ivad Service S.A.
Resulta que el 25 de julio de 1993, Caso Lay fue elegido por el Congreso como contralor general de la República luego de ser propuesto por el presidente Alberto Fujimori dos meses antes.
Casualidad o no, el 23 de noviembre de ese mismo año, Antón ingresó a la Contraloría como jefe de Auditoría Interna y se retiró en 1996 con el cargo de subgerente de Auditoría de Presupuesto. Caso Lay dijo a CARETAS que Antón fue un funcionario de "tercer o cuarto nivel". Parece que no fue así.
En 1993, Caso Lay vendió su acción en Ivad Service S.A. a Víctor Estrella Pérez y dejó así su cargo de director fundador.
En 1996, según la Dinandro, Antón se convierte en el presunto contador de Los Camellos al administrar por lo menos tres empresas (una de ellas era Ivad Service S.A.) utilizadas por la banda para el lavado de dinero. Como se sabe, esta figura delictiva se castiga con cadena perpetua.
Según el atestado 025 de la Dinandro, Ivad Service S.A. lavó US$ 5'480,415 que provenían del tráfico ilícito de drogas entre diciembre de 1996 a marzo de 1999.
Antón manifestó a su defensa que todo este dinero era de Isaac Foguel y el hijo de éste, Boris, y que permitió que ambos utilizaran las cuentas de Ivad Service S.A. porque no sabía de sus andanzas. En pocas palabras, "confió en la familia". Por eso, terminó a cargo de dos empresas más de los Foguel: Clean & Paint Service y Server & Service.
CORROCHANO INVESTIGADO
De otro lado, el caso Los Camellos ha dejado un asunto que merece ser aclarado.
El miércoles 22 de setiembre, la fiscal Ana María Calderón Boy solicitó a la Dinandro investigar al abogado de la familia Chiappe, el doctor Javier Corrochano Patrón, por haber recibido 101,000 dólares del narcotraficante Bruno Chiappe Ebner.
Todo empezó cuando el 16 de setiembre, en una entrevista exclusiva a CARETAS, el panameño Boris Foguel y Suengas, supuesta joroba mayor de la banda, denunció que Corrochano había recibido la cifra antes mencionada "como adelanto para facilitar la salida de la droga del 1 de abril".
Javier Corrochano: ¿Le cerrarán su estudio de abogados por venderle un yate a Chiappe? Derecha: Según la Dinandro, Boris Foguel era dueño de casi todo el dinero que entró a las empresas manejadas por su primo Edwin Antón Cabada.
Foguel detalló que el dinero recibido por Corrochano "salió de una cuenta del Banco Luso Español a nombre de Nájera Centro de Arte, y llegó al New York Bank a otra que está a cargo de la sectorista Marcia Schiriber".
Y según la Dinandro, de esta cuenta de Nájera Centro de Arte salieron varias transferencias con el fin de financiar operaciones de tráfico de droga a nombre de Bruno Chiappe (a quien le negaron el arrepentimiento por no proporcionar información que ayude a desbaratar la organización) y de su cuñado Lorenzo La Rocca, pieza importante de la banda, en calidad de no habido pese a ser visto paseando por Lima en los autos no incautados de su popular pariente.
Como se sabe, Los Camellos cobraron notoriedad cuando el 1 de abril se les incautó en el puerto del Callao un cargamento de 2,3 toneladas de cocaína pura que estaba lista para ir a España, aunque ya habían coronado 681 kilos de coca a Bulgaria en agosto de 1998.
El domingo 19, Corrochano se presentó en Panorama, y en la entrevista que le hizo Mónica Delta aceptó haber recibido US$ 101,000 de Chiappe, pero a cuenta de un yate modelo Maxum que le vendió en US$ 300,000 y por el que ya había recibido un adelanto de US$ 99,000.
Pero Corrochano no aclaró dos cosas importantes: si ese dinero salió o no de la cuenta de Nájera Centro de Arte, y por qué ocultó esta información a la Policía y a la justicia. Total, recibir dinero de un narco es cosa delicada. Si no hay que preguntarle al congresista Moisés Heresi que está inmerso en una vorágine de problemas por la sola presunción de haber lavado US$ 1'500,000 de Foguel. ¿Le incautarán el estudio al doctor Javier Corrochano Patrón? Ya sabemos la respuesta.
El pasado jueves 23 de setiembre, y con 95 votos a favor, el Pleno del Congreso dispuso que la comisión que evaluará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Moisés Heresi (CODE) esté conformada por ocho miembros del oficialismo, cinco de la oposición
y un independiente. Esta comisión evaluará un expediente de 1,846 páginas remitido por la Corte Suprema de Justicia y sabrá
si Heresi lavó o no dinero del narcotráfico.

