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Por FERNANDO ROSPIGLIOSI
Ensalada de Cifras
EL fin de semana pasado, el presidente Alberto Fujimori añadió un nuevo elemento al ya confuso panorama del empleo de los dineros de la privatización: se han usado para pagar la deuda externa, dijo. Y exhibió cifras impresionantes de la reducción de la deuda durante su gobierno, de 33 mil millones a 18 mil millones de dólares.
Mintió nuevamente, como ha demostrado el economista Dennis Falvy, con datos actuales del Banco Central de Reserva. La deuda externa total alcanza, a junio de este año, casi 29 mil millones de dólares. En 1990, cuando Fujimori inició su gobierno era de casi 23 mil millones.
Lo que hizo Fujimori para manipular las cifras es comparar la deuda externa total -pública y privada- en el peor momento de su gobierno, con la deuda pública actual. Es decir, equiparó papas con camotes.
El punto es que todos los días aparecen nuevas justificaciones sobre el gasto de los dineros de la privatización. El viernes pasado, en la ceremonia de las FF.AA., Fujimori pretendió descalificar a los que han exigido las cuentas de los US$ 1,500 millones que dicen que gastaron en armas, acusándolos de "electoreros".
Así, el presidente más electorero de la historia, que sólo actúa en función de las elecciones y de su perpetuación en el poder, se niega a esclarecer el destino del dinero de todos los peruanos con una excusa tan ridícula. Porque no importan las intenciones que pueda tener tal o cual político al formular una crítica, el Presidente y los funcionarios tienen la obligación de dar cuenta de cómo se gasta el patrimonio de la nación.
De esta manera, hasta ahora hay cuatro o cinco versiones oficiales, distintas entre sí, sobre los montos totales de la privatización y la forma cómo se han gastado. Y cada día aparecen nuevas interpretaciones. En lo único que coinciden todas las explicaciones oficiales es en no explicar nada. Es decir, se da una cifra de gasto social, pero no se aclara cómo y cuándo se desembolsó, específicamente en qué se usó. Lo mismo para compra de armas o cualquier otra cosa.
¿Por qué el pueblo peruano habría de creerle al Presidente y a funcionarios que no dicen la verdad? Y así fueran modelos de honestidad, tratándose de fondos públicos la mejor protección que se conoce para evitar su mal uso, es la transparencia. Es decir, las cuentas deben estar claras desde el principio hasta el final.
Y eso es justamente lo que no ocurre en este régimen, donde todo es secreto, en el cual todas las instituciones de control y fiscalización son inoperantes y/o corrompidas, y en el que cualquier demanda de esclarecimiento es considerada subversiva.
Los problemas en el uso -o mal uso- de los fondos de las privatizaciones es muy importante porque se suponía que una de las razones de las ventas de empresas públicas es que ese dinero se podría usar de manera productiva. Ese término se empleó innumerables veces, para contraponerlo al despilfarro o derroche.
Es decir, si se vendían empresas que habían costado al Estado -a todos los peruanos-, y esa transacción, como es obvio, se hacía una sola vez, se suponía que el capital resultante de las operaciones habría que administrarlo con mucho cuidado. Debería invertirse -se dijo mil veces- productivamente.
En resumen, hay entonces dos puntos claves en el uso de los fondos de la privatización:
1.¿Fueron bien utilizados o no?
2.¿ Se robaron parte de ellos? Aunque tal como van las cosas, la pregunta pertinente quizás sea ¿cuánto se han robado, el 10%, el 15%, el 20% o más?
En el caso de funcionarios públicos, que pueden saquear las arcas del Estado a través de muchísimos mecanismos, no se parte simplemente de la presunción de inocencia, como en el caso de cualquier ciudadano privado. Si el funcionario tiene signos exteriores de riqueza que no puede justificar, se exige demostrar con pruebas de dónde los obtuvo.
Eso ocurrió con el anterior presidente, Alan García, quien tuvo que fundamentar, por ejemplo, cuánto le costó una casa de playa y sus ampliaciones, ladrillo por ladrillo. Y comparar eso con los ingresos declarados.
Aunque esa operación tan elemental no se puede hacer hoy día, por la sencilla razón que los funcionarios, empezando por el Presidente, no declaran ni ingresos ni egresos. Y cuando proporcionan cifras, son tan absurdas que nadie las puede creer, como Alberto Fujimori ganando US$ 600 mensuales según propia e inverosímil confesión.
En suma, para evitar dar cuenta de la utilización de los fondos de la privatización, el gobierno está recurriendo a una deliberada campaña confusionista, disparando cifras a diestra y siniestra con la finalidad de aturdir y cansar a la opinión pública. Y es que saben que cuando la gente está profundamente descontenta por su mala situación económica, la fundada sospecha o certeza del mal uso de los recursos públicos -en otros momentos consentida- se vuelve intolerable.
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