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Helio Bicudo, Robert Goldman, Carlos Ayala y Claudio Grossman, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el lunes 4 verán el caso de la interceptación telefónica.
Ministro E. Mosqueira: experto en derecho de la propiedad y aprendiz en derecho internacional.Derecha: Antonio Cancado, presidente de la Corte, y respeto irrestricto a la Convención Americana.
La respuesta no sólo deja mal parado al gobierno, sino también al ex canciller uruguayo y ex magistrado de la Corte, Héctor Gross Spiell, contratado por el gobierno peruano para sustentar la argumentación del retiro. Y desde luego a los miembros de las comisiones enviadas al continente entero a explicar la decisión: el ministro de la Presidencia, Edgardo Mosqueira, el canciller Fernando de Trazegnies, Alberto Bustamante Belaunde, Luis Delgado Aparicio, y hasta el ex canciller Francisco Tudela, quien acompañado de Efraín Goldenberg y de Enrique Chirinos Soto y Rafael Rey, acudieron -estos últimos diciendo hacerlo en calidad de miembros de la oposición- al Departamento de Estado y a las Naciones Unidas.
Mosqueira y compañía habían planteado que el Perú se podía retirar de la competencia contenciosa de la Corte de forma inmediata, alegando que es un asunto de soberanía. Además, que así como el Perú se adhirió de manera unilateral a la competencia de dicha Corte, de la misma forma podría apartarse. La verdad es que este argumento buscaba evitar que los casos de Baruch Ivcher y de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional fueran vistos por la Corte. Craso error.
Aún si la hipótesis de que ese retiro fuese posible -hipótesis negada por la Corte- éste no podía tener efecto inmediato. "El artículo 56.2 de la Convención de Viena estipula un plazo de anticipación de por lo menos doce meses para la notificación por un estado parte de denunciar un Tratado o retirarse de él (...) El Estado queda sujeto a seguir una línea de conducta consistente con su declaración y los Estados parte están habilitados para exigir que sea cumplida", dice el fallo de la Corte.
Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo, magistrados destituidos del Tribunal Constitucional, y Baruch Ivcher: sus casos sí se verán en San José de Costa Rica.
Si bien Mosqueira evitó pronunciarse respecto al tema durante su asistencia a un encuentro de alcaldes en Chimbote el martes 28, el propio Fujimori y otros voceros connotados del gobierno han sostenido que países como Francia tomaron similar decisión a la del gobierno peruano y se retiraron de la Corte Internacional de La Haya. Claro que olvidaron decir que este país terminó cumpliendo, más temprano que tarde, con las exigencias del derecho internacional y suspendió la detonación de bombas nucleares en el atolón de Mururoa tras la demanda planteada por Australia y Nueva Zelanda.
El presidente de la Comisión de Constitución Carlos Torres y Torres Lara ha sostenido que Ecuador, entre otros países, tiene reservas sobre la competencia de la Corte para determinados casos y la posibilidad eventual de un retiro de la misma. Pero "no existe en la Convención Americana norma alguna que expresamente faculte a los Estados parte a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte prevé tal posibilidad".
Parece evidente que el gobierno entrará en rebeldía, y la Corte convocará en las próximas semanas a audiencias sobre los casos Ivcher y Tribunal Constitucional además de aquellos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le derive. Así, el Perú estará en el banquillo de los acusados, pero por decisión propia no tendrá quién lo defienda.
