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A la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de declarar inadmisible el retiro del Perú de su competencia, la semana pasada se sumaron otras resoluciones internacionales que han puesto al gobierno en aprietos. El presidente Fujimori ha respondido nombrando como jefe de su gabinete ministerial precisamente al abogado defensor del gobierno en los casos del Tribunal Constitucional, de Baruch Ivcher, de La Cantuta, de interceptación telefónica, entre otros. A juzgar por lo que dice en la siguiente entrevista el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista norteamericano Robert Goldman, los argumentos esgrimidos por Bustamante y otros voceros del gobierno no tienen fundamento jurídico. El caso de Perú preocupa en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos tanto como el de Trinidad y Tobago. A ese nivel hemos llegado. Ambos son casos de flagrante desacato y, por tanto, es previsible que los embajadores de los diversos países en la OEA tomarán cartas en el asunto.
Robert Goldman sobre el retiro del Perú de la Corte: "Lo que está en juego no es la credibilidad de la Comisión ni de la Corte. Lo que está en juego es la OEA misma".
-El Perú ha señalado que la Convención debería ser modificada. Uno de los ministros, Edgardo Mosqueira, ha mencionado que deberían reformarse los estatutos de la Corte y de la Comisión.
AL cierre de esta edición el Consejo Supremo de Justicia Militar continuaba guardando silencio sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Cesti (CARETAS 1588). En realidad no tiene mucho que decir, sino más bien que hacer: liberar al ex capitán EP Gustavo Cesti. Más aún, según la Constitución, a quien le correspondería ordenar su liberación es a la Corte Suprema. Pero ésta le sopló la pluma al tribunal militar.
-Tras el pronunciamiento de la Corte Interamericana declarando inadmisible el retiro del Perú, ¿cómo ve usted el panorama?
-Creemos que está bien fundamentado y que es la posición correcta. Obviamente queremos que Perú participe en los casos de la Corte que le corresponden y que acate las decisiones de ella. Aquí en Washington, en el Consejo Permanente (de la OEA) el Perú está aislado.
-El secretario general de la OEA, César Gaviria, ha declarado que ha enviado la resolución de la Corte al Consejo Permanente.
-En el discurso inaugural, antes de que yo tomara la palabra, Gaviria por lo menos dos veces enfatizó la importancia de cumplir con las decisiones y las recomendaciones de la Corte. Ahora el Perú queda en situación de flagrante rebeldía frente a decisiones de la Corte, y segundo, la Corte ha resuelto que el Perú está bajo su competencia. No quedan muchos argumentos cuando un órgano que es el dueño de su propia competencia dice y declara que no se puede retirar. He expresado el deseo de la Comisión de que el gobierno de Perú no sólo coopere con nosotros tanto como con la Corte, y que litigue los casos que están en la Corte y acate plenamente sus decisiones.
-¿Cómo cree que reaccionarán los países miembros de la Corte ante la decisión del gobierno peruano?
-Como parte del diálogo del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos que se está llevando a cabo en el comité jurídico y político (de la OEA), van a discutir esa resolución. Es inevitable e ineludible. Es algo que va a ser debatido y hay un grupo bastante fuerte de países que van a plantear este asunto. Los Estados miembros saben que lo que está en juego no es la credibilidad de la Comisión ni la Corte. Lo que está en juego es la OEA misma.
-¿Diría usted entonces que la posición del gobierno de Fujimori ha amenazado el sistema de protección a los derechos humanos?
-Como en cualquier sistema de derecho internacional, éste es un sistema un poco frágil, porque no existe un poder ejecutivo para hacer que se cumplan las resoluciones. No es como en el derecho interno, que si no se cumple con algún fallo se puede utilizar a la Policía. Depende de la buena fe de los países para cumplir con las sentencias. Entonces, cuando hay dos países, y en particular el Perú, que no están cumpliendo con decisiones del órgano máximo obviamente crean un problema para el sistema interamericano.
Luisa Zanatta, agente del SIE en la OEA.
-Es una opinión personal. La Comisión está en un proceso de revisión desde su propio reglamento, pero no hay el consenso político en la OEA para abrir a debate modificaciones a la convención ni al estatuto. El prestigio de los órganos de control (la Corte y la Comisión) es muy alto en el hemisferio. La Comisión va a asistir en noviembre invitada por el gobierno de Argentina para conmemorar 20 años de la visita impactante de la Comisión en plena dictadura.
-¿El gobierno del Perú estaría tomando esto como un pretexto?
-Hay que entender que son siete los miembros de la Comisión y de la Corte, que son electos por los países. Somos candidatos de los gobiernos de los países. La mayoría no se conocen, provienen de distintas tradiciones jurídicas, pero llegamos al mismo tipo de conclusiones. Entonces no creo que haya problemas ni que el sistema no funciona bien. Creo que hay un desacuerdo por parte del gobierno (peruano) con lo que han fallado los órganos, pero han tenido toda oportunidad procesal para litigar su posición.
-En el caso Ivcher y el del Tribunal Constitucional, la Corte ha dicho que el proceso va a seguir su curso. ¿Qué desenlace prevé?
-He dicho al gobierno peruano y a otros interlocutores que la Comisión tiene profundas discrepancias con él. Creo que hemos manejado el asunto con gran dignidad y hemos dicho que vamos a poner de manifiesto nuestra posición en la forma, en el fondo y en el tiempo que corresponda. La Corte nos pidió suministrar nuestros puntos de vista sobre el asunto de su competencia y el supuesto retiro del Perú. Hemos cumplido. Entonces, si la Corte nos cita para dar argumentos en estos casos (Ivcher y TC), obviamente nosotros vamos a acudir y defender lo que creemos: que son víctimas de violaciones de los derechos humanos.
-Si el gobierno siguiera incumpliendo las decisiones de la Corte, ¿qué camino les quedaría a Ivcher o a los miembros del TC?
-Entonces la sentencia será como indica la Convención Interamericana. En ese caso, esto deberá ser tratado por los órganos políticos. Puede tener implicancias en las relaciones bilaterales.
-¿Podría demandar Ivcher al Estado peruano, plantear un embargo económico ante alguna Corte de algún país miembro del pacto?
-Ese es un asunto bastante complicado. No voy a especular sobre lo que va a hacer el señor Ivcher. Si gana y no hay cumplimiento, ese es un asunto que tiene que estar de acuerdo con los argumentos de la Convención conocidos por los Estados miembros de la OEA
-Ustedes realizaron una visita en noviembre de 1998 al Perú, pero aún no se conoce el informe de esa visita.
-En el momento que esté aprobado de acuerdo con la Convención va a ser enviado al Estado peruano para que lo revise y formule sus observaciones. Luego la Comisión va a recibirlas, analizarlas y posteriormente hacerlo de conocimiento público, tal como hemos hecho con los informes recientes de Brasil, Colombia, México.
-Hay otros dos casos que tienen relación con la acusación a los servicios de Inteligencia en el Perú: los de La Cantuta y de las interceptaciones telefónicas.
-No voy a discutir un caso que ahora se ventila en la Comisión.
-El Perú es uno de los países que en estos momentos más casos tiene por violación de los derechos humanos. Un sector del oficialismo sostiene que la Comisión lleve más casos a la Corte y que estaría perdiendo objetividad al respecto.
-Bueno, es su perspectiva, su punto de vista. La Comisión ha enviado numerosos casos porque significan para nosotros distintos tipos de problemas que hemos podido identificar, con distintas clases de víctimas. Hay razones.
-En los 20 años de la Corte, ¿en algún momento algún país o sus voceros han tratado a sus miembros de "comunistas" o de "políticos"?
-En el período de la transición a la democracia no han habido críticas tan abiertas. Pero ésta fue una actitud asumida, por ejemplo, durante el período de los gobiernos de facto de los 80, de los gobiernos militares, criticando a la Comisión. Una de las razones de la fama mundial de la Comisión es justamente su desempeño en favor de los desaparecidos, los torturados.
-¿El gobierno del presidente Fujimori se viene comportando como lo hicieron los gobiernos de facto de la década de los 80?
-No estoy diciendo eso, estoy solamente anotando una referencia. Hemos enfatizado con los interlocutores de la Comisión de alto nivel que pese a las discrepancias profundas con muchas de las políticas de los órganos de control que tiene el gobierno del presidente Fujimori, la Comisión está preparada para trabajar con él, pero tiene que ser en el marco de lo que le compete a la Comisión. Vamos a tener relaciones, vamos a tramitar casos con Perú como todos los otros países. Si las partes proponen soluciones amistosas, la Comisión va a tratar de jugar un papel efectivo.
-El caso Barrios Altos está en trámite, ¿cuándo habrá audiencia para el mismo?
-No voy a especular sobre eso.
El Diablo en el Detalle
El subsecretario de Estado para América Latina, Peter F. Romero, le pone la puntería al tema electoral.
Peter Romero, Sub Secretario de Estado para América Latina, saliendo del Hotel Bilmore. Desde Miami, Florida
EN la Conferencia de las Américas organizada por el Miami Herald, Peter F. Romero, el número uno del Departamento de Estado para asuntos latinoamericanos, señaló con entusiasmo que en el Perú se ha reducido sustancialmente el cultivo de la coca. Sin embargo, en la misma conferencia, respondiendo a una pregunta, pidió más institucionalidad. Diplomático de carrera durante 23 años, es el hispano estadounidense de más alto rango en el departamento de Estado. Al término de su exposición CARETAS le planteó ahondar en el caso peruano. Diplomáticamente pero sin rodeos respondió a las interrogantes.
Romero recibió a CARETAS en el Salón Majorca del Bilmore Hotel, en Coral Gables, Miami, ciudad donde obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales en el Florida State University. En todo momento estuvo acompañado por Andrew C. Koss, jefe de Asuntos Públicos de la oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La conversación asomó a su fin cuando Koss, en tono preocupado, expresó: "Por favor, no más preguntas sobre el Perú". Al rato Romero accedió a la recomendación.
-¿Que impresión tiene sobre la democracia en el Perú?
-Bueno, la democracia en el Perú sigue avanzando hacia los próximos comicios electorales. Nosotros tenemos bastante interés en seguir el desarrollo del proceso. Vamos a ver qué sucederá. Sin embargo puedo decirle que hay ciertos detalles que aún faltan en el Perú en términos de una campaña.
-¿Qué detalles?
-Una campaña abierta y libre y comicios electorales justos y honestos.
-¿Tiene esto relación con el propósito del presidente Fujimori de hacerse reelegir por segunda vez? Para un sector mayoritario de la opinión pública en el Perú eso sería ilegal.
-Hay varios sectores que opinan eso. Nosotros no somos abogados constitucionales peruanos ni mucho menos. No podemos comentar sobre la legalidad de las varias opiniones. Pero lo más importante para nosotros es que en el Perú se institucionalice la democracia.
-¿El Departamento de Estado va a privilegiar la relación con Fujimori en base a la lucha antidrogas o va a seguir manifestándose en temas de derechos humanos y democracia?
-Nosotros no vemos la política extranjera como un menú. Como una carta donde se puede escoger una cosa y no la otra. Nosotros tenemos, ciertamente, bastante interés con seguir avanzando la agenda común con el Perú, que venimos desarrollando hace años. Por supuesto con bastante éxito en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.
-¿Y el Estado de Derecho?
-También queremos mantener la preocupación en cuanto a la institucionalización de las instituciones democráticas. O mejor dicho del manejo del presidente Fujimori en los últimos años. Nosotros hemos hablado con el Presidente y los varios cancilleres peruanos, a través de estos años, sobre la necesidad de institucionalizar los logros que se han dado en el Perú en los últimos años. Vamos a seguir adelante con eso. También en cuestiones de derechos humanos, y si nos piden, con apoyo en los próximos comicios electorales. (Guillermo Gonzales Arica)
¿Quién manda a Quién?
Fujimori de acuerdo con el fallo de la Corte en el caso Cesti, pero Consejo
Supremo de Justicia Militar demora su Decisión.
El asunto resulta aún más preocupante puesto que el propio Presidente de la República, Alberto Fujimori, así como el canciller Fernando de Trazegnies, el flamante jefe del gabinete ministerial, Alberto Bustamante Belaunde, el titular del descalabrado Tribunal Constitucional, Francisco Acosta Sánchez, entre otros funcionarios del gobierno, además del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, han manifestado que se debe acatar la decisión de la Corte Internacional.
A medida que pasa el tiempo y el fallo no se acata, lo que parece aflorar es una suerte de pulseo entre Fujimori y los militares.
Mientras tanto, los dos militares también involucrados con Cesti en el proceso seguido por el Consejo Supremo de Justicia Militar están libres. Cesti, en cambio, que tiene a su favor un Habeas Corpus de la justicia común peruana y ahora, otro, de un tribunal internacional, que le da la razón, continúa tras las rejas, sostiene su abogado Alberto Borea.
La demora, en todo caso, agudiza aún más la situación del Perú tras su retiro de la Corte (ver entrevista a Robert Goldman).
