Caretas 1590: Controversias

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Ganando Tiempo
EL gobierno ha sentido la pegada. La importancia de la resolución de la Cámara de Representantes de los EE.UU. del 4 de octubre, condenando severamente la falta de democracia en el Perú, trató de ser minimizada por los voceros oficiales y oficiosos del gobierno, pero la cúpula cívico-militar ya se dio cuenta del peligroso aislamiento internacional en que se encuentra.
Eso explicaría la presencia de Alberto Bustamante en el premierato y el Ministerio de Justicia, y el tono que ha adoptado el último fin de semana, prometiendo que se acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del capitán (r) Gustavo Cesti, y que se tratará de llegar a acuerdos amistosos en otros casos. ¡Incluso llegó a sostener que Baruch Ivcher es peruano!
Afirmó también que los tribunales militares dejarían de juzgar civiles, al pasar los casos de delitos comunes ("terrorismo agravado") y de terrorismo ("traición a la patria") al fuero común. Que es precisamente lo que reclama la Corte Interamericana, y lo que ha rechazado hasta ahora el vociferante coro oficialista.
El gobierno pretendió salir de la competencia de la Corte Interamericana confiando en la impunidad que supone existe en el ámbito internacional, donde instituciones como la Corte no tienen mecanismos coactivos para obligar a un gobierno a cumplir una resolución. Simplemente decidieron burlarse de esa instancia. Y además, la cubrieron de los más procaces insultos. "Viejos decrépitos", les dijo la ministra Luisa María Cuculiza -pescada recientemente en flagrante mentira-. "Terroristas" les espetó el congresista Oscar Medelius.
Pero junto con las declaraciones altisonantes, ahora empiezan también a jugar la carta de un retorno -por lo menos parcial- al ámbito de la Corte. Eso es, por supuesto, un imposible jurídico. Las sentencias se acatan o no se acatan. Pero al gobierno peruano eso le importa un comino, y trata de maniobrar políticamente, fingiendo aceptar algunas resoluciones y estudiar otras.

En realidad, están intentando ganar tiempo. Esa es la misión de Alberto Bustamante. Y, en parte, de Efraín Goldenberg. Como ha hecho notar Santiago Pedraglio, no es casual que lo hayan llamado otra vez ahora. Al poner a un miembro de la comunidad judía en ese cargo, buscan contrarrestar la exitosa campaña que viene realizando Baruch Ivcher en los EE.UU.
La secuencia de los hechos es ilustrativa:

El 24 de septiembre de 1999 la Corte Interamericana se declaró competente para seguir juzgando los casos de Baruch Ivcher y el Tribunal Constitucional, resolviendo que "el pretendido retiro, con efectos inmediatos, por el Estado peruano, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inadmisible".

El 29 de septiembre, la Corte emitió su sentencia en el caso Cesti, ordenando al Estado peruano que lo ponga en libertad. Cabe recordar que en este caso, el juez peruano, designado por el gobierno para intervenir como miembro de la Corte, fue Alberto Bustamante.

El 4 de octubre, la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó una moción que, en su primer punto resolutivo, dice: "la erosión de la independencia del poder judicial y del poder electoral del Gobierno del Perú, la interferencia con la libertad de prensa y la descarada intimidación de periodistas en el Perú constituye una amenaza para la democracia en dicho país y son motivo de preocupación para Estados Unidos, en tanto miembro de la Comunidad Interamericana".
En su segundo punto señala que los EE.UU. "deben revisar el próximo informe sobre la reciente investigación independiente realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Es decir, otorga una importancia crucial al informe que haga la Comisión -vapuleada y ninguneada acá por el oficialismo- para evaluar el desempeño del Perú en esa materia.
Y, lo más importante y preocupante para el gobierno peruano, es que en el tercer acápite manifiesta que "representantes de Estados Unidos en el Perú y ante organismos internacionales, incluyendo la OEA, el Banco Mundial, el BID y el FMI, deben dejar sentada la preocupación de Estados Unidos por las amenazas a la democracia y las violaciones al imperio de la ley en el Perú."
A esta situación de aislamiento y condena internacional ha llevado al país el comportamiento antidemocrático de la cúpula gobernante.
Con el nuevo Primer Ministro, el gobierno pretende una defensa más talentosa y sutil del régimen autoritario, para tratar de engatusar a la comunidad internacional y esperar mejores tiempos: la re-reelección de Alberto Fujimori, un cambio de vientos o el olvido del Congreso norteamericano, algún apoyo en la OEA.

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