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¿Qué le Pasó a la Cuculiza?
¿Qué le han hecho el tiempo y el poder autoritario a la juvenil alcaldesa de Huánuco, cuyo buen espíritu y linda pinta aludían a su contextura deportiva?
¿Y qué ha sucedido con la alcaldesa de San Borja que convirtió a su distrito en un vergel?
Bastó que el gobierno la nombrara en enero al ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (además del deporte y anexos) para que no sólo se cambiara de camiseta en mitad del partido, sino que se convirtiera en una iracunda señora que despotrica contra el movimiento Somos Perú que la llevó al triunfo electoral, y que defiende toscamente las políticas más cuestionables del fujimorismo en materia de derechos humanos y administración de la justicia.
Durante este último período sus alusiones a sufrimientos personales causados por el terrorismo -es decir, el asesinato de su marido Hugo Rivera Figueroa en 1984 en Huánuco- han sido reiterados y utilizados para justificar procedimientos que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos objeta.
Debido a este contexto político, las informaciones del diario La República aludiendo al expediente del caso, que identifica con claridad al asesino y precisa circunstancias que nada tienen que ver con el terrorismo, son absolutamente válidas.
Sin embargo, esta aclaración periodística ha desatado las iras amenazadoras y hasta insultantes del oficialismo -del mismo oficialismo que apadrina la peor prensa amarilla del continente.
Y en esta actitud absurda, ya que el expediente es incuestionable, ni siquiera se han dado el trabajo de preguntar si la señora Cuculiza quizá alude a otro asesinato, a uno acontecido en San Borja en los años '90 y del que CARETAS ha recogido diversas versiones.
1980
La alcaldesa de Huánuco
demostrando buena
cintura política.
EL caso del asesinato del esposo de la ministra Luisa María Cuculiza no pudo quedar más claro. Según el expediente 465-85 que sirvió al diario La República para publicar un completo informe el pasado lunes 18, a Hugo Rivera Figueroa (52) no lo mató el terrorismo, sino un tal Carlos Espinoza Mautino (24) quien le dió tres balazos en la cabeza. A este muchacho, los pobladores de Huánuco lo conocían como el "Zonzo" porque sufría de problemas mentales.
La información de La República ayudó además a conocer los antecedentes de este sonado crimen ocurrido en Huánuco, convertido desde ya en un hecho público de interés social, pero que alcanzó ribetes de arma política cuando fue la propia ministra Cuculiza quien lo puso sobre el tapete para reclamar cierto "deber y derecho moral" para apoyar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se vendió la falsa idea de que este organismo buscaba liberar a los terroristas chilenos del MRTA.
De acuerdo al expediente, el drama de la ministra empezó cuando el 16 de marzo de 1984 (ocho días antes de la muerte de su esposo) un vehículo de transporte de la empresa embotelladora administrada por Rivera chocó contra un colectivo en el que viajaba la comerciante Felisa Mautino.
1999
La ministra después
de un sueño frustrado: el de la candidatura a la vicepresidencia.
Fue así que el 24 de marzo, Mautito buscó a Rivera en su casa junto a su amiga Pepa Trujillo para reclamar el pago de su mercadería perdida a raíz del choque. Fueron a las siete de la mañana para encontrarlo pues sabían que Rivera regresaba pasada la medianoche.
Rivera se negó a reponer la mercadería de Mautino y al parecer lo hizo de mala manera. Les dijo que ya les había pagado las medicinas y la atención hospitalaria. Cuando ingresó a su automóvil -que ya estaba encendido- se le acercó Espinoza y le disparó a menos de un metro de distancia.
Espinoza era hijo de Mautino. En el proceso, Trujillo declaró al juez que vio a Espinoza merodear por la casa de Rivera: "No sospeché de nada. No me imaginé que tenía una pistola".
Uno de los atestados policiales detalla el momento que vivió la ministra Cuculiza, doloroso por cierto: "Escuchó tres detonaciones y el acelerador al máximo, saliendo de inmediato para que apague el carro, palmeándolo en el hombro pero como no apagaba su carro ya que salía humo del motor, se acercó y vio a su esposo que estaba sangrando por la cara y la cabeza. Apagó el carro y lo llevó al hospital".
Espinoza estuvo ocho meses prófugo hasta que en noviembre fue capturado en la misma ciudad de Huánuco. Fue declarado inimputable porque se acuerdo a los peritajes psicológicos realizados tenía un "coeficiente intelectual de un niño de siete años". Por esto, Espinoza se salvó de pasar un cuarto de siglo en prisión.
De hecho, se ha visto que la reacción del oficialismo frente a esta información de La República fue desproporcionada y agresiva.
Luisa María Cuculiza en familia. Aparece con su esposo Hugo Rivera que también se ve en la foto contigua. Derecha, facsímil clave del expediente.
Por ejemplo, la presidenta del Congreso Martha Hildebrandt la calificó de "sucia e infame" mientras que el congresista -y hasta hace poco ministro de Economía y quizá miembro de la plancha del 2000- Víctor Joy Way, sostuvo que "era como una especie de defensa del terrorismo".
De inmediato, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tuvo conocimiento de estas declaraciones que restan garantías a la libre expresión y las alineó con otros hechos como la campaña de desprestigio contra el mencionado diario y su director Gustavo Mohme a través de la prensa amarilla.
El oficialismo debe entender que cuando el periodismo cumple su misión de informar con veracidad, no incurre en bajezas ni en supuestas apologías.
Así las cosas, La República ha puesto en evidencia una contradicción total de la Cuculiza, que hasta hace pocos días era voceada para ocupar una de las vicepresidencias en la plancha oficialista del 2000, sueño que acabó al permanecer en su cartera.
Quizá el presidente Fujimori, antes de que esta información saliera a la luz, se había dado cuenta de que un personaje acostumbrado a brindar declaraciones destempladas, no se acomodaba tal vez a su proyecto de País con Futuro.
Como reina de
belleza llegó a ser Miss Huánuco. Además fue deportista y enfermera. Martha Hildebrandt (centro) se fue con todo. Derecha: Portada del lunes 18 con la bomba.
En 1984, Cuculiza declaró a la Policía de Huánuco: "Que no ha recibido amenazas anónimas (...) y que al contrario, ha sido visitada por miembros que se identificaron como miembros de Sendero Luminoso (...) garantizando que no le iba a pasar nada".
Y en setiembre de este año, la ministra Cuculiza dijo en el programa En Directo con Jaime Bayly: "Yo he vivido en carne propia el terrorismo. Mi esposo fue asesinado por no dar cupos a estos desalmados".
¿La ministra Cuculiza no se habrá referido a otro incidente? Como que este asunto ha levantado polvareda, al cierre de esta edición, CARETAS recibió numerosas versiones respecto a que entre 1993 y 1994, un especialista en Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Borja -y además estrecho colaborador de la en ese entonces alcaldesa Luisa María Cuculiza- fue asesinado con un arma de fuego en circunstancias no aclaradas del todo, aunque los indicios apuntan a que se trató de un ajuste de cuentas.
Alejandro Miró
Quesada.
ESTA semana las tintas siguieron cargándose sobre la prensa peruana, tanto en el plano nacional como en el internacional.
En casa continuaba cuajando la campaña orquestada desde el oficialismo aparentemente destinada a justificar graves ataques a la libertad de prensa en el país y a desacreditar importantes denuncias periodísticas que incluyen documentadas investigaciones.
Sino ¿cómo explicar que el flamante premier Alberto Bustamante defina como un problema empresarial la usurpación del Canal 2 luego de tardíamente reconocer la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher? ¿Que amparándose en el derecho a la opinión el Poder Judicial haya absuelto a Hector Faisal, argentino de comprobados vínculos con el SIN y autor de las injuriosas páginas web de APRODEV? ¿Que el Poder Judicial ordene que cese la investigación contra los diarios amarillos, cuyas campañas, contra el alcalde Andrade, Gustavo Mohme, Angel Páez, Edmundo Cruz y otros periodistas, se sabe provienen de sectores cercanos a inteligencia. Y que más bien el denunciante Andrade haya sido implicado en el proceso como demandado? ¿La reacción histérica contra el diario La República a raíz de los informes sobre el asesinato del esposo de la ministra Cuculiza?
Pareciera que en el Perú, la libertad para calumniar estaría ganándole la batalla a la libertad para informar.
En el plano externo, la controversia lamentablemente tuvo como escenario un foro internacional. En un acto sin precedentes miembros de la delegación peruana discreparon públicamente con las conclusiones del informe sobre el Perú, durante la 55 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Houston esta semana.
Eduardo Calmell del Solar.
El incidente sucedió inmediatamente después de que Alejandro Miró Quesada Cisneros, en su calidad de vicepresidente de la SIP para el Perú, calificara como "sombrío" el panorama de la libertad de prensa en el Perú. Añadió que si bien existe libertad de información, a juzgar por el gran número de publicaciones que circulan en el país, las consecuencias pueden ser graves para quienes informan sobre temas que incomodan a ciertas esferas gubernamentales.
En realidad, los ejemplos sobran, y Miró Quesada no exagera cuando afirma que la batalla por la libertad de prensa ha traspasado fronteras y hoy también se libra en tribunales internacionales. A la recientes pronunciamientos de la Cámara de Representantes, se suma la opinión crítica de la Secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright sobre el caso Ivcher y la situación de la libertad de prensa en el Perú.
El argumento de que en el Perú existe amplia libertad de expresión teñida únicamente por casos "anecdóticos" está, por decir lo menos, trillado. Es precisamente este argumento, embanderado por el presidente Fujimori, el que repitió en la reunión de la SIP Jorge Lazarte, director del diario El Sol.
En el Perú, sin embargo, la libertad de expresión también está afectada por factores nada anecdóticos, como son el abuso del criterio de defensa nacional en torno a temas militares y de interés nacional; el uso indiscriminado de la publicidad estatal inclusive durante campañas electorales; el favoritismo informativo y publicitario hacia medios afines al régimen; la discriminación contra medios críticos al gobierno; la falta de acceso a las fuentes de información pública que permitan una adecuada fiscalización de los recursos públicos, y las presiones directas o indirectas contra medios de comunicación, particularmente la televisión, que han determinado la disminución de espacios críticos y de investigación periodística en este medio.
