Edición Nº 1592

‘Hay que Fiscalizar AL SIN’
El Defensor del Pueblo, habla claro sobre los problemas de la libertad de expresión, el acoso a los candidatos y los excesos de la Inteligencia.

Esta semana, un informe de la Defensoría del Pueblo que objeta la participación de los Servicios de Inteligencia en actos de hostilización contra Andrade y Castañeda Lossio, levantó más polvo que los últimos ventarrones limeños. A raíz de una denuncia de la asociación "Prensa Libre", por primera vez esta institución sostiene que el fortalecimiento del SIN en años recientes amerita la creación de mecanismos que lo controlen, vía el Congreso. CARETAS conversó con el Defensor del Pueblo sobre los motivos que lo impulsaron a proponer esta fiscalización y sobre sus investigaciones en torno a la publicidad estatal y a la libertad de expresión en el Perú. Como para confirmar sus inquietudes en el plano internacional, al cierre de esta edición se conoció el proyecto de resolución 209 del Senado norteamericano, que expresa la preocupación del Congreso de los Estados Unidos por las restricciones a la libertad de expresión en el Perú.

Entrevista KELA LEON
Foto VICTOR CH. VARGAS

Santistevan de Noriega: "la democracia no es solamente elecciones; también es la capacidad de ejercer fiscalización social".

MIENTRAS aprovechaba el Día de Todos los Santos para preparar sus maletas con miras a su viaje a Sudáfrica -donde habrá un cónclave mundial de Defensores-, Jorge Santistevan de Noriega se acomoda en un sillón, medita un momento y suelta sus cautos pero contundentes puntos de vista.
–Doctor Santistevan, existen dos puntos de vista sobre la libertad de expresión en el Perú. Por un lado, hay informes, como el de la Sociedad Interamericana de Prensa, que pintan un país donde es riesgoso ejercer el oficio periodístico. Por otro, se dice que hay una libertad irrestricta, sólo perturbada por anécdotas. ¿Dónde se coloca la Defensoría del Pueblo?
–En el medio, como le corresponde. Hay que rescatar lo que Federico Prieto Celi dijo sobre el tema: ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Recordemos que, en la década del '70, los medios fueron confiscados, hubo periodistas deportados y hasta encarcelados. Hoy no hay mordaza, salvo en el caso del Canal 2. Pero han desaparecido las críticas al gobierno en la Tv. hay acoso a los periodistas de investigación y falta de acceso a las fuentes de información.
–Existen varios casos de periodistas detenidos en provincias...
–Los periodistas de provincias tienen que enfrentarse al poder local, o militar en las zonas de emergencia. Muchas veces se trata de quitarle al periodista la libertad de informar.
–¿Entonces el vaso está medio lleno o medio vacío?
–No me interesan tanto las estadísticas. Me interesa comprobar que se está vaciando y eso nos debe preocupar.

Algunas sombras se ciernen sobre la libertad de expresión, sostiene el Defensor.

-La Defensoría acaba de publicar el informe "Denuncia sobre Actos de Hostilizacion durante Campaña Electoral". Allí se formulan recomendaciones al SIN, al JNE y a las Fuerzas Armadas. ¿Es la primera vez que la Defensoría se pronuncia sobre el SIN?
–No es la primera vez. Aunque en esta oportunidad los medios lo han sobredimensionado. Hay unidades operativas de Inteligencia en el Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía Nacional. Pero, para coordinarlas, está el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que no es una unidad operativa y está adscrito al Presidente de la República. El fortalecimiento notable de estos servicios durante los años 90 hace pensar que ha llegado el momento de fiscalizarlos, desde el Congreso. Necesitamos una garantía de supervisión por cuenta de la nación y no solamente del gobierno de turno
–Sobre todo si los Servicios de Inteligencia están participando en actos de hostilización.
–Creo que eso debería ser objeto de investigación, para bien de las elecciones, del sistema electoral y de los mismos servicios. Que quede claro si, efectivamente, hay algún agente operativo que está interfiriendo en los derechos ciudadanos. Es lo mínimo que hay que pedir para tener un período electoral civilizado. No estamos de acuerdo con que el Fuero Militar haga su propia investigación. Debería hacerla el Ministerio Público. Hay indicios de conductas indebidas o poco éticas. Las autoridades deben contribuir a la transparencia de las elecciones.
–¿Se recomienda al JNE que realice una investigación sobre la denuncia?
–El JNE es nuestra Corte Suprema en materia electoral. Cuando hablamos de acoso a candidatos, hablamos de delitos comunes y electorales. El JNE debería contribuir, decididamente, a que las autoridades del Ministerio Público actúen.
–¿Le compete al JNE tocar el tema del uso de los recursos del Estado para propaganda electoral?

Con Bustamante hay coincidencia en el caso Ivcher.

–El JNE debería supervisar en general el proceso. Dentro de la legislación actual podría supervisar la publicidad y el financiamiento electoral.
–¿El uso de estos recursos está politizado?
–El Estado no puede invertir en publicidad a favor de ningún candidato. Cada anuncio tiene que ser pagado por el partido o la lista correspondiente. Hoy el Estado es el inversionista número uno en publicidad. Deberíamos saber hasta que punto esta inversión, que además se produce en época de recesión, puede influir sobre la libertad de prensa en general. Debe haber un claro deslinde entre la publicidad del Estado y la publicidad de quienes son candidatos y ejercen un cargo público. Esto se aplica a alcaldes y desde luego al Ejecutivo.
–¿Ha recibido alguna queja de favoritismo en el uso de los fondos del Estado para publicidad estatal?
–No. Pero la democracia no es solamente elecciones; también es la capacidad de ejercer fiscalización social. No olvidemos que la libertad de expresión se ejerce a través de los medios y éstos son empresas que necesitan ganar dinero y de alguna manera conviven con las presiones de los propios anunciantes.
–¿El Estado favorece a algunos medios con sus avisos?
– Cuando iniciamos esta investigación recurrimos a las fuentes del Estado, para que nos digan cómo gastan su inversión publicitaria. No siempre tuvimos éxito. En algunos casos se nos dijo que ésa no era una información que pudiera ser entregada a la Defensoría del Pueblo. Después esto cambió. Se nos dio información muy amplia. Entonces recurrimos al monitoreo que hacen empresas sobre esto y es allí donde han salido cifras importantes sobre esta inversión.

Según Santisteban hay una desproporción en la cantidad de noticias que se presentan en relación al Gobierno. Derecha: Humberto Rozas, Jefe formal del SIN. Derebería controlar a sus agentes.

–¿También están analizando el contenido?
–En este momento no. Pero no siempre la publicidad del Estado difunde el ejercicio de un derecho o educa al ciudadano. A veces se usa para destacar el aniversario de un medio de comunicación. Esa no nos parece una inversión admisible dentro de las reglas del Estado.
–Tengo en la memoria un aviso de las Fuerzas Armadas saludando a la revista Gente por su aniversario.
-Si se saluda a Gente, debería saludarse a todos, o mejor a nadie, porque si no se está mostrando favoritismos.
–Le parece que el electorado está recibiendo la información que necesita para ejercer su voto?
–Pienso que no hay limitaciones en el acceso a la información. Lo que hay que ver es que cualquier acción del Estado o del Gobierno en relación a las elecciones se desarrolle con neutralidad. Ese es uno de los rompecabezas más grandes para quienes pretendemos velar por la limpieza de las elecciones del 2000. -Vayamos a otro tema. El primer ministro ha dicho que el caso Ivcher no es un asunto de nacionalidad sino de propietarios. ¿Cómo califica este cambio?
–Mientras Ivcher tenga un pasaporte peruano todo el mundo lo reconocerá como peruano. Pero el pasaporte identifica a las personas fuera del país. Si llega al Perú y está vigente la resolución que le retiró la nacionalidad, entonces pende una espada de Damocles sobre él. Coincido con el doctor Bustamente y lo menos que puedo decir es que Ivcher es parcialmente peruano. Pero si se quiere esclarecer lo de su nacionalidad, habría que derogar la resolución que se la quitó. Así podrá ejercer con plenitud su derecho.

–¿Cómo se ve el tema de la libertad de expresión fuera del país?
–A veces la gente se extraña muchísimo y quiere saber cómo un régimen autoritario puede convivir con un Defensor del Pueblo autónomo. Inmediatamente viene el tema de la prensa. Lamentablemente, mientras haya casos como el de Ivcher, o de periodistas que se han asilado en el exterior, la imagen es la de un país con serias restricciones a la libertad de expresión.
–¿Qué opina sobre iniciativas como la de la SIP, que propone solicitar a organismos como el BID que tomen en cuenta esta situación cuando evalúen donaciones, finaciamientos y créditos?
–Es duro decirlo, pero en un mundo globalizado el escrutinio que se nos hace influye en fuerzas que manejan la cooperación técnica y financiera. No me extrañaría que, dentro de algunos años, los países en donde no se cumplen las sentencias internacionales o se violan los Derechos Humanos comiencen a tener problemas a este nivel. Por supuesto yo no abogo por ello.

Baruch Ivcher, todavía parcialmente peruano.

–Existe un vínculo entre las campañas de difamación contra políticos y periodistas, la absolución judicial del señor Faisal y los "diarios chicha" vinculados a los servicios de inteligencia. ¿Cómo interpreta estos hechos?
–Hay un intento muy sofisticado de usar la libertad de expresión contra la libertad de expresión. Estas campañas a coro nos indican que hay algo que no es correcto. Lo lógico sería investigar si se trata de delitos o de patrones de conducta que deberíamos obviar. Pero no hay voluntad de investigar ni de rectificar. Mientras el Poder Judicial mantenga muchos jueces provisionales no va a dar muestras de la autonomía que todos reclamamos.
–¿Entonces hay un vínculo entre estos diarios, el Poder Judicial y el Servicio de Inteligencia?
–No tengo la capacidad de afirmarlo, pero sí me gustaría que se investigue. –La Defensoría ha acogido una denuncia de Radio Marañón de Jaén sobre actos de amedrentamiento, e incluso sobre un intento de asesinato al periodista José Luis Linares. Luego se detectó la presencia de un ex miembro del Grupo Colina, justo cuando se intensificó la violencia. ¿No es éste un indicio de acciones de los servicios de inteligencia contra la prensa?
–Lo último está sujeto a la respectiva corroboración. Pero sí podemos decir que en Jaén hay una situación preocupante. Hay un enfrentamiento entre autoridades militares y religiosas. Afectar la libertad de expresión de radio Marañón es afectar a la población misma.
–¿Por qué ha demorado la presentación del informe sobre Libertad de Prensa que la Defensoría anunció hace meses?
–No hemos querido que el informe sustente posiciones de organismos que representan a los dueños de los medios o a los periodistas. Hemos dejado que fluya la discusión. Tenemos que sacarlo antes de diciembre, antes que se convoquen las elecciones, sino será una suerte de tejido de Penélope que se va postergando.

EL Ejecutivo sólo ha invitado a la OEA, pero el Centro Carter y el National Democratic Institute for International Affairs estarían dispuestos a venir en diciembre.
No es campanada de alerta, sino repique a badajo batiente. En las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo, Transparencia y la congresista Anel Townsend (CARETAS 1590), entre otros organismos, instituciones y personas, han venido señalando la conveniencia de que no sólo sea una misión de la OEA la que participe en calidad de observador en las próximas elecciones.
“Como se sabe, los informes de las misiones de la OEA tienen que ser aprobados por el Consejo de la Organización, y, por tanto, con intervención del gobierno peruano. Por eso es indispensable invitar a otras misiones internacionales cuyos informes no requieran la aprobación de parte del gobierno observado”, ha precisado Santiago Pedraglio, director de informaciones de Transparencia.
De hecho, el JNE ya remitió al Ejecutivo una nutrida lista de instituciones (Naciones Unidas y Comunidad Europea incluidas) y personalidades que deben ser invitadas sin costo alguno para el Estado. A ella, a su vez, Transparencia ha añadido, entre otros, The Carter Center, los parlamentos de Italia y Bélgica y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL). "Quien invita oficialmente es el Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tengo entendido que solamente se ha invitado, hasta el momento, a la OEA", dice Rómulo Muñoz, miembro titular del JNE.
Se sabe, sin embargo, que el Centro Carter y el National Democratic Institute for International Affairs (NDI) estarían dispuestos a venir a fines de diciembre. "Naturalmente los observadores tienen que venir antes del proceso para conocer bien cómo se va desarrollando el proceso electoral", reconoce Muñoz.
Todo parece indicar, sin embargo, que el Ejecutivo no tiene intención de cursar más invitaciones. No se sabe si porque en este caso, a diferencia de lo que sucede con el sistema interamericano de derechos humanos, sí cree en la competencia de la OEA. La participación de los observadores.
Entre tanto, la Defensoría, Transparencia y el Consejo por la Paz se aprestan a participar como observadores nacionales. El único acreditado, según Muñoz, es este último. (S.C./G.G.A.).

Chatas Intenciones

Ex agente Zanatta y periodistas de diario El Chato coinciden en denunciar estrategia de prensa amarilla.

ESTA semana, dos testimonios se sumaron a anteriores denuncias sobre la activa participación de los servicios de inteligencia en las campanãs de difamación contra periodistas y políticos de oposición en la prensa amarilla.
Liderados por el ex editor general de la publicación, Richard Molinares y, según ellos, impulsados por la falta de pago y maltratos, los periodistas del diario El Chato, denunciaron que el propietario de El Chato, Rafael Documet, recibe 6.000 soles diarios por titular en portada .Una vez más el autoproclamado asesor de inteligencia Augusto Bresani aparece como nefasto intermediario. Documet ha negado tales acusaciones y ha asumido la autoría de titulares como "Castañeda Lossio propone crear día del tuco" y "Chancho Andrade rabioso con la prensa". También ha amenazado con denunciar a Gustavo Mohme por acoger las denuncias de sus ex empleados en La República.
Este diario demostró el año pasado que los textos difamatorios publicados por el tabloide El Tío fueron enviados por fax desde las oficinas de Bresani en Miraflores. Dichas calumnias también encontraron eco en los diarios El Chino, La Chuchi, El Mañanero y El Diario Más, así como en la página web de APRODEV, del argentino Faisal.
Asimismo, la ex agente de Inteligencia Luisa Zanatta ha declarado al referido diario que, en efecto, dichos diarios trabajan con información proporcionada por los servicios de Inteligencia, sobre la base de las escuchas telefónicas. Identificó además a ex jefe del SIE, general EP Enrique Oliveros Pérez, al general EP Juan Yanqui Cervantes, ex jefe del DINTE como los oficiales encargados de vigilar los interrogatorios y las acciones que efectuaron las fuerzas armadas tanto en los casos de agresión contra periodistas, como contra agentes que sospechaban mantenían vínculos con la prensa.