Edición Nº 1596

Parto de Gobernabilidad
El Acuerdo irritó a geishas y afines, señal de que es un paso adelante. Ahora viene el segundo.

Andrade se jugó entero por un documento que demuestra que, pese a la coerción y la injuria, los peruanos pueden apostar por la recuperación de la democracia. Derecha: Beatriz Merino y Javier Silva Ruete: un debate que prosigue..

DENTRO de seis semanas -el 9 de enero- se cierra la inscripción de candidaturas presidenciales. Antes, a fines de diciembre, sabremos si el presidente Fujimori busca una segunda reelección.
Si anuncia que, en acatamiento del mandato constitucional, no se lanza, será un buen motivo para entonar "Noche de paz". En caso contrario, es imprevisible lo que puede suceder. No sólo porque calentará al rojo vivo la campaña electoral, sino porque probablemente pondrá en tela de juicio, nacional e internacionalmente, la gobernabilidad del país, incluso antes de las elecciones.
Buen motivo, entonces, para felicitarse de que catorce organizaciones políticas se pusieran de acuerdo, el 25 de noviembre, en el Acuerdo de Gobernabilidad cuyo punto primero expresa la decisión de "apoyar la Constitución y el ejercicio de un gobierno democrático de Unidad Nacional".
Se sabe que el Acuerdo fue exactamente eso. No fue imposición de nadie, ni expresó hegemonía alguna. Tanto es así que hubo temas en que no se arribó a consenso, por lo cual se los excluyó del texto. Tal fue el caso de la propuesta de crear una "Comisión de la Verdad" que deslindara responsabilidades en algunos casos de abuso contra los derechos humanos. (Ver recuadro).
Un punto en el que hubo concordancia virtual fue el referente a señalar la inconstitucionalidad de una candidatura re-reeleccionista de Fujimori, y el emprender acciones contra ella. Sin embargo, el punto no aparece en el Acuerdo porque se decidió consagrarle un documento especial. En el momento en que cerramos estas líneas, ya circula un borrador de tal texto.

¿POR QUE PITEAN?

Tal como está, el acuerdo despertó la ira del oficialismo. Expreso le dedicó este sorprendente titular de primera página: "Regreso de los muertos vivientes". Si eran vivientes, no estaban muertos. Como dijera Mark Twain ante una crónica falsa sobre su defunción: "La noticia es ligeramente exagerada".

Mohme impulsó la unidad. Puede pactar lista unitaria con UPP o con Frente Amplio de la CGTP.

Martha Chávez fue sincera al decir: "una ensalada donde hay desde rojos hasta verdes y blancos no nos da muchas garantías". Es decir, el Acuerdo no garantiza nada al oficialismo.
Ante la afirmación del congresista de la mayoría Carlos Ferrero de que el Acuerdo es "muestra de madurez política", la congresista exclamó: "Ferrero no pertenece a nuestra organización y no puede representarnos".
Lo curioso es que el documento no había molestado al propio Fujimori, quien lo consideró muestra de la libertad de expresión que reina en el país y precisó, respecto a lo expresado por la doctora Chávez: "Ninguna discrepancia interna es razón suficiente para declarar la expulsión o separación de alguien".
Pero la campaña contra el Acuerdo prosiguió con tonos de escándalo en políticos y medios del oficialismo, señal de que el régimen había acusado el golpe. Y forma involuntaria de reconocerle importancia.
Al cabo de una semana se podía advertir tres líneas en la estrategia gubernamental sobre el Acuerdo: una de enconado rechazo; otra de aparente indiferencia y taimado ninguneo; y una, en fin, de confusionismo y desfiguración.
El ex ministro Carlos Boloña se alineó en el primer regimiento. Lo hizo con inusual violencia acusando al Acuerdo de ser obra del aprocomunismo y "un caballo de Troya porque nos expone a temas de estatismo y populismo con frases que suenan bien".
De paso, Boloña anunció que no aceptaba ser candidato a la presidencia a nombre de Renovación, de Rafael Rey, y de Convergencia Democrática (Code), de José Barba. Esto dejó con tres palmos de narices a Rey, quien lo hizo notar. Para muchos, el desestimiento de Boloña tenía dos consecuencias políticas:
1. Elimina una candidatura que podía arrebatar votos al oficialismo; y 2. Pasaba a la disponibilidad para disparar contra la oposición desde el ángulo de la economía.
Como ya lo apuntaba CARETAS en su edición anterior, el Acuerdo no es un compromiso estrictamente electoral. No es ni dice ser una alianza para marchar en pos de un solo candidato presidencial o de un programa común.
Es una pauta de acción para el próximo período político, en el que, con toda probabilidad, va a haber un Congreso muy heterogéneo, por lo cual se requiere acuerdos básicos mínimos, más allá de partidos, ideologías y listas de candidatos.
Suponer que el Apra e Izquierda Unida manipularon el Acuerdo y sorprendieron a la gran mayoría de los firmantes, es atribuir excesivas dotes de persuasión o muñeca a ambas fuerzas. Y de paso, menospreciar a partidos y personajes políticos de peso electoral propio, que de lejos supera al de IU y el Apra juntos.
Tal apreciación ignora, además, que aunque Alberto Masías, personero legal de Somos Perú, participó desde el comienzo en el esfuerzo unitario, Alberto Andrade fue muy cauteloso en cuanto a los pasos dados, y midió cada uno.
Luis Castañeda resultó, según lo definió uno de los participantes en las deliberaciones, "el más retrechero". Fue el que más observaciones hizo al proyecto del texto y el que más modificaciones logró introducir en él, con la aceptación colectiva. Por lo demás, después de la firma, el jefe de Solidaridad Nacional declaró que "se debería llamar a la gente de la mayoría" a firmar el Acuerdo. Exceso de apertura. La unidad y sus acuerdos se forja precisamente contra la imposición gobiernista y contra su afán re-reeleccionista.
En cuanto a Acción Popular, pese al entusiasmo de su secretario general, el Dr. Valentín Paniagua, Fernando Belaunde se mostraba en cierta medida escéptico. Con gran penetración, fue él quien primero había planteado que la cuestión previa de esta etapa era oponerse a una candidatura anticonstitucional de Fujimori. Pues bien: dos días antes de la suscripción del Acuerdo, se declaró partidario de sus términos y llamó a esforzarse por llevar más adelante la unidad. La acción contra la candidatura ilegítima está en la agenda.

Del Castillo y Diez Canseco saben que una candidatura única no depende de ninguno de ellos.

Alejandro Toledo se sumó a la convergencia, y ha sido quien después de la firma la ha defendido con mayor empeño, además de consistencia.
José Barba no contaba entre los adherentes hasta el último día. Estampó su firma la noche del 25, después que los demás. Un día antes, como ya vimos, se había quedado sin candidato presidencial.
Más allá de los ataques de gobiernistas y aún de opositores al oficialismo, un hombre que ha impulsado desde hace meses el esfuerzo unitario ha sido Gustavo Mohme, director de La República y presidente de Democracia y Solidaridad (Demos).
Frente a las críticas sobre supuesto filoaprismo del Acuerdo, y una vez desechado ese endeble argumento, lo que debe resaltarse más bien es que políticos como Belaunde, Andrade y el propio Castañeda no rehúsen juntarse con el Apra, no para propiciar ningún "alanismo" o diablo que se parezca, sino para garantizar una vuelta ordenada, y remozada, sin estatismos ni populismos, a la democracia y la institucionalidad democrática.

CANDIDATURA UNICA

¿Puede el acuerdo, más allá de su letra, conducir a una candidatura presidencial única? Puede, a condición de que así lo deseen Andrade y Castañeda, cosa improbable o más bien imposible.
¿Convendría a la oposición tal candidatura única? Por nada del mundo. Allí sí se lanzarían el oficialismo y sus compañeros de viaje a satanizar el movimiento. Algo peor que eso: a muchos electores que simpatizan con la oposición, ese pacto multicolor los impulsaría al voto en blanco o viciado. Al gobierno le conviene una candidatura única de oposición, que polarizaría votos y a lo mejor le permitirá llegar al 51,1% en primera vuelta.
No faltan quienes desestiman el Acuerdo y descalifican a sus firmantes; pero al mismo tiempo exigen que éstos se unifiquen en torno a una candidatura presidencial única. Estupenda incoherencia: los malos de la película se convertirían en buenos si uno de ellos aspira a presidente.
Por allí asoma también la cola de quienes exigen lista única porque también tienen su corazoncito: sueñan con una lista única arrasadora que les asegure una cómoda curul.
Lo que sí sería legítimo son acuerdos para la presidencia y la lista parlamentaria entre fuerzas afines. Una alianza Andrade-Toledo, a diferencia de una más ancha, sumaría en lugar de restar.
Caben también alianzas sólo para listas parlamentarias, con cargo de apoyar alguna de las candidaturas presidenciales más fuertes. Se sabe que hay conversaciones preliminares entre Fuerza Perú, agrupación propiciada por el Demos de Mohme, y la Unión por el Perú (UPP), la organización fundada por Javier Pérez de Cuéllar.
En todo caso, las coaliciones puramente parlamentarias tienen más tiempo para plasmar candidaturas. Para ellas, el plazo de inscripción vence el 9 de febrero. Es ya una tarea para el próximo milenio.

Lo Que Dice y No Dice
Los cinco puntos claves del Acuerdo revelan, en efecto, madurez política de sus firmantes.

Toledo salió al frente con bríos. Se especula sobre alianza con Andrade para plancha presidencial.

PRIMERO
Apoyar la Constitución y el ejercicio de un gobierno democrático de Unidad Nacional, que reconstituya el Estado de Derecho y sienta las bases de un régimen estable.

Palabras claves: Restituir el Estado de derecho, régimen estable.
• Los firmantes se comprometen a no postular a la reelección presidencial inmediata en caso de llegar al Poder - "aun cuando la actual Constitución lo permita". Se trata no sólo de un acto de desprendimiento sino de un pronunciamiento claro en contra del caudillismo.
• A ello se suman compromisos de cajón: reincorporación a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, cese de las Comisiones Interventoras en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, recuperación de la capacidad de fiscalización del Congreso, establecimiento de una política pluralista con los medios de comunicación y los gastos publicitarios del Estado.

SEGUNDO
Aplicación de una política económica global que otorgue prioridad a la generación de empleo y la reactivación de la producción, del consumo y las exportaciones, sobre la base de la consolidación de un Estado promotor del desarrollo y el sostenimiento de una economía social de mercado puesta al servicio del ser humano, mediante el establecimiento de políticas sectoriales que se sustenten tanto en el respeto a los derechos de propiedad como a los del consumidor.
Palabras claves: "reactivación", "Estado promotor", "economía social del mercado".
• Párrafo interminable, apto para locutores de largo aliento, pero en el que se asumen compromisos concretos, más allá de lo obvio: mantener el equilibrio fiscal. Elocuentemente, los firmantes se comprometen a respetar las privatizaciones ejecutadas.
Esto, firmado por Javier Diez Canseco, suena más a concesión que a imposición de su parte. El explicó a CARETAS: "Es un tema en el que expresé posición distinta. No porque crea que hay que reestatizar, sino porque ha habido privatizaciones irregulares. En una economía dominada por monopolios y oligopolios, el Estado tiene que intervenir para regularizar".
• El Acuerdo se compromete también a promover un sistema de pensiones mixto y pluralista (léase: que incluye a las AFP), pero se coincide en que el Estado debe jugar un rol más activo en una serie de otras áreas:
• Las tasas de interés deben y pueden ser más bajas "en concordancia con las necesidades de reactivación productiva del país".
• El proceso de privatización debe redefinirse "con el objeto de promover la participación del capital nacional" y garantizar la adecuada y eficiente prestación de servicios públicos "a tarifas razonables".
• La deuda externa debe ser renegociada "en forma tal que permita financiar tanto el desarrollo productivo como el cumplimiento de nuestras obligaciones externas e internas".
• La concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores como instrumento para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo. En suma, un Consejo Nacional de Concertación Laboral y Productivo que lleva el sello de Alfonso Grados Bertorini.

Castañeda: se puso de perfil. Derecha, Boloña no quiso restar votos al fujimorismo.

TERCERO
Vigencia de una política social que privilegie la inversión en capital humano y tienda a asegurar la igualdad de oportunidades. Así como el aumento de las capacidades, el bienestar y la seguridad integrales de la población, su acceso al empleo y la consiguiente disminución de la pobreza, así como la integración social.

Palabras claves : "inversión en capital humano", "igualdad de oportunidades", "bienestar y seguridad integrales de la población", "disminución de la pobreza".
• Originalmente el texto planteaba la vigencia de una política social orientada al bien común, pero eso fue considerado muy vago. Se coincidió en que la política social debe estar orientada a la inversión en capital humano, es decir, en educación y salud.
• Se rescata también el derecho al pataleo y negociación de los trabajadores, "restituyendo la plena vigencia del marco regulatorio señalado por la OIT". El Dr. Roberto Gordillo, del PPC, acotó: "No se puede elevar el nivel de la demanda con cierre de empresas y reducción de salarios, sin negociación colectiva y sin jornada legal de trabajo".

CUARTO
Impulsar la reforma del Estado y el proceso de descentralización del país como medio para democratizar la gestión pública y lograr el desarrollo integral de todo el territorio.

Palabras claves : "democratizar la gestión pública", "desarrollo integral de todo el territorio".
• En suma, instauración de gobiernos regionales autónomos mediante elecciones democráticas, y el respeto a la autonomía de las municipalidades, así como el incremento de sus funciones y recursos.

QUINTO
Modernización, institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, sujetas al poder constitucional.

• No hubo consenso para la creación de una "Comisión de la Verdad" que deslinde responsabilidades en los casos de abusos de derechos humanos, ni sobre los criterios que determinen la permanencia en el cargo de los comandantes generales. Salomónicamente se estableció, en este último punto: "la Ley fijará" . Por lo demás, se subrayó el hecho de que las FF.AA. "no serán deliberantes", los ascensos se regirán "de acuerdo a un estricto orden de méritos", y el Servicio de Inteligencia Nacional se "redimensionará" y será fiscalizado por una Comisión Especial del Congreso de la República.