Edición Nº 1601

La Ultima Tentación
Desesperado intento de Jamil Mahuad para encarar la crisis económica de Ecuador con pronóstico reservado.

De primera impresión la dolarización no es más que el sinceramiento de precios.

Puntual, sobrio, pulcro como siempre -a pesar de la tormenta social que abate a su país-, el mandatario ecuatoriano Jamil Mahuad sobresaltó a su país y a buena parte del mundo anunciando el domingo pasado una propuesta económica de sabor radical (en términos cambiarios): dolarizar la economía ecuatoriana, hasta las últimas consecuencias.
En medio de la renuncia de todo su gabinete y del estado de emergencia que ha decretado debido a los estallidos de protesta, dicha medida lo ha ubicado, dramáticamente, en el umbral del peligro. Si le da resultado puede remontar la bajísima aprobación que tiene, si no, podríamos ser testigos de una nueva defenestración presidencioal en la mitad del mundo.
De acuerdo al diario "Hoy", este salto al reino del dólar ya le habría reportado a Mahuad un alza notable de popularidad (habría subido de 7 a cerca del 20 por ciento). Pero a la vez han explotado furias chauvinistas, mezcladas con reclamos sociales legítimos, todo lo cual amenaza con convertir a Quito, Guayaquil y otras ciudades en verdaderos campos de batalla.
De primera impresión, dolarizar la economía no significa nada espectacular; simplemente implica sincerar algo que, como en el Perú, viene ocurriendo en el Ecuador: que la mayoría de precios se fijan en dólares. Con ello, además, según el economista Jorge Chávez Alvarez, se evita el riesgo de devaluación, se bajan las tasas de interés y se atraen más inversiones.
Chávez aclara, no obstante, que tiene que haber ciertas condiciones. Una de ellas es el equilibrio fiscal, de modo que la dolarización no tenga punto de retorno. No es el caso de Ecuador, con el añadido de que la medida tiene que pasar por el Congreso, lo cual puede generar, hasta que se concrete, una especulación tan grande como la lava del volcán Guagua Pichincha.
Otro riesgo, esta vez señalado por el economista Javier Iguíñiz, es que, una vez dolarizada la economía ecuatoriana, si por distintos motivos empieza a entrar en crisis las empresas, no existirá el recurso de subir los precios y mantener las planillas, aunque sean magras. La opción será reducir personal, como al parecer ha ocurrido en la Argentina (país con paridad cambiaria).
La confirmación de estos riesgos y posibilidades parece venir de afuera. El FMI -y aún el propio presidente Clinton- apoyan la medida, mientras que la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) ha mostrado sus reservas. Dentro del país, igualmente, un sector empresarial y de clase media apoya la medida, en tanto que los grupos indígenas, los gremios y el denominado Frente Patriótico muestran una oposición casi feroz.
¿El libre mercado frente a la demanda de un Estado de Bienestar? No es tan fácil. Por un lado, las reformas que se hicieron en América Latina no cuajaron en Ecuador, entre otras cosas porque el poder de sus militares hizo difícil vender varias empresas públicas que ellos manejan. Un Mahuad cauteloso prefirió invertir sus energías en solucionar el diferendo limítrofe con nuestro país antes de embarcarse en rumbos económicos que le complicarían el frente interno.
Logrado el Acuerdo de Paz, el huaico le cayó encima. Una inflación de más del 60 % (ahora inusual en América Latina) y su incapacidad para ejecutar ciertas medidas (recuérdese que tuvo que retroceder en su intento de subir los combustibles, debido a la presión de los transportistas) lo fueron poniendo contra la pared y su recurso ahora ha sido ampararse bajo la sombra de una moneda fuerte.
En el fondo de esta especie de ópera político-social de tono dramático lo que aparece es una ingobernabilidad consuetuidinaria que persigue al Ecuador desde agosto de 1996. Sube Bucaram, cae a los 7 meses. Entra Fabián Alarcón, casi un desconocido, sale y es procesado e incluso purga prisión durante un tiempo. Llega Mahuad y a los 17 meses vive en medio de protestas de envergadura mayor.
El Frente Patriótico amenaza con paros y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (agruparía a un 30 % de la población) con un "levantamiento general". El objetivo final: la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y del propio Mahuad. Nada menos. (Ramiro Escobar)

La propuesta de Mahuad tiene que pasar por el Congreso. Si es que la convulsión social lo permite.

38.700 hectáreas de hoja de coca -24 % menos que en 1998, cuando fueron 51.000- fue la extensión de los cultivos de hoja de coca en el Perú el año pasado, según un informe preparado por el Centro Antinarcóticos (Counter Narcotic Center o CNC) del gobierno de Estados unidos a partir de un muestreo de las tierras de cultivo dedicadas a este producto. El documento señala que si bien ha habido una disminución de 13.800 hectáreas de cultivos, al mismo tiempo se ha registrado la existencia de 1.500 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca. En términos de producción de cocaína, las 38.700 hectáreas representan 175 toneladas métricas.

5 %, según el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Manuel Celi, cayeron las ventas en las pasadas navidades respecto a las de 1998, y 20 %, según CAPECO, en el acumulado del año. De otro lado, según cifras preliminares del Jockey Plaza Shopping Center citadas por el último número de Semana Económica, señalan que las ventas de diciembre habrían sido entre 0,6 % a 1 % mayores que las de diciembre de 1998, aunque a lo largo del año las ventas (US$ 217 millones) habrían sido 4 % menores que 1998.

MADRUGADORA CAMPAÑA

Mientras en la alianza Perú 2000 aún no se confirma si, como señalan versiones de fuentes vinculadas al oficialismo, Víctor Joy Way, Carlos Torres y Torres Lara, María Jesús Espinoza, Luz Salgado, Miguel Velit, Luis Delgado Aparicio, Martha Chávez de Ocampo, Daniel Espichán y César Larrabure serán los únicos congresistas de la mayoría que van a la reelección, hay ya un candidato de esa lista en campaña. Se trata del ex viceministro del Interior, Edgar Solís Cano, y ex empleado del asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, quien renunció al cargo tras ser vinculado al caso de la banda de narcotricantes de los hermanos López Paredes (CARETAS 1346, 1347 y 1359). Solís Cano ha elegido su natal Casma como el punto de partida de su campaña, cuyas calles ha llenado de pintas, eso sí, dejando en blanco el espacio para el número de su ubicación en la lista.

DE LOS MALES EL MENOR

Al cierre de esta edición venían siendo expulgados los contratos de suministro de gas take or pay, cuya firma -según el presidente del Comité Especial del proyecto Camisea, Luis Ortigas Cúneo- se definirá la próxima semana. De hecho, el asunto ha convocado al mismo presidente Fujimori que el lunes 10 por más de dos horas se reunió a puerta cerrada con el ministro Jorge Chamot y el asesor Gustavo Caillaux. Se supo que estarían considerando seriamente la propuesta formulada por las generadoras consistente en la reducción de 60 % a 25 % del mínimo facturable de los contratos de suministro de gas, a cambio, entre otras cosas, de que las generadoras se comprometerían a una reconversión de turbinas a gas natural. El asunto es que Edegel y Etevensa, las potenciales consumidoras no quieren arriesgarse a comprar un gas que puede no ser utilizado. A decir del analista César Gutiérrez, sería preferible que el gobierno acepte esta propuesta -pese a que el Estado perdería casi el 50 % de las expectativas de regalías-, ya que con ello se evitaría comprometer al Estado, vía Electroperú, a arriesgar cerca de US$ 35 millones anuales en la compra del gas bajo una premisa de regalías virtuales.

50
Años

La primera edición de CARETAS apareció en octubre de 1950 y a partir de este número, en las condiciones más difíciles y en un país con miles de empresas al borde de la quiebra, la revista comienza a conmemorar su prolongada lucha en defensa de la democracia. Lo hace en homenaje a las renovadas generaciones de periodistas aguerridos, sacrificados e independientes que han convertido a CARETAS en un símbolo de la libertad de prensa.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

 

Renunciante Michel Camdessus: críticas que obvian el tema de la deuda externa, en el que alguna responsabilidad le toca.

Con declaraciones detonadas en pólvora mojada, arrancó el año el director general del FMI, Michel Camdesuss, quien deja el cargo "por razones personales" en febrero próximo, un año antes de concluir su mandato. Camdessus denunció las promesas incumplidas de los países más industrializados con los más pobres y criticó que la ayuda pública al desarrollo ha pasado en la última década de 0,35 % del PBI al 0,22 %, en lugar de aumentar a 7 % como habían prometido los países más desarrollados.
Al respecto, el ex secretario permanente del SELA, embajador Carlos Alzamora, quien hace unas semanas participó en Italia en el coloquio "Deuda externa y derechos humanos" organizado por el Instituto Italo-Latinoamericano, señala que mientras la "ayuda al desarrollo" se redujo a la mitad en los últimos 15 años, sólo América Latina ha transferido a los países industrializados acreedores la colosal suma de US$ 850 mil millones por el servicio de una deuda que en su orígen era de US$ 300 mil millones, restando además otros US$ 800 mil millones por pagar.
Según Alzamora, el valor de los US$ 850 mil millones ajustado a la época equivale nada menos que a once Planes Marshall. Y con sólo uno de éstos EE.UU. puso de pie en 1947 a la devastada Europa de la posguerra y la devolvió a la prosperidad y al desarrollo.
Si, como sucedió con la anterior, esta nueva deuda pendiente debiera finalmente triplicarse por las inevitables refinanciaciones y la acumulación de intereses respectivos, América Latina terminaría pagando más de US$ 3 millones de millones: más que el producto conjunto de todos los países latinoamericanos, que no llega a US$ 2 millones de millones.