Edición Nº 1607

¿No hay nada sospechoso en el proceso electoral? El oficialismo ha calificado de "infundadas y mañosas" las denuncias sobre los vicios suscitados. Pero las liebres de la irregularidad habrían saltado desde mucho antes. Daniel Rodríguez, personero de Perú 2000 es también funcionario de COFOPRI, con lo que vuelven a crecer las presunciones sobre la ecuación invasiones-reelección. Más aún, Roberto Tronco, ex funcionario de esta institución, denuncia que con este personaje comienza el hilo de la madeja que conduce a asuntos tan graves como el probable trasvase de la base de datos de COFOPRI a los planillones de Perú 2000, que muy poca gente recuerda haber firmado.

 

Rodríguez en el tumulto de la inscripción. Roberto Tronco, regidor limeño (Centro) lo emplaza.Derecha, Primera oleada de chozas en Pamplona, a comienzos de enero. La estrategia invasora habría comenzado en las oficinas de COFOPRI.

Escribe
RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ

ESE miércoles 9 de febrero, en medio del tumulto, todo el mundo se fijó en su lista, en los nombres que leyó primero a cuentagotas y luego del 1 al 120. Daniel Rodríguez no llamaba entonces la atención. Se le tuvo como un desconocido y novel partidario fujimorista, ungido como personero nacional cuando todo el mundo esperaba a alguien de la talla y el verbo de Martha Chávez (que fue personera un tiempo en 1995).
Pero en los predios del oficialismo -o por lo menos en el entorno de Absalón Vásquez- Rodríguez no era un desconocido. De acuerdo a Roberto Tronco, ex funcionario de COFOPRI y actual regidor de Somos Perú, este delfín absalonista trabaja en dicha institución desde 1997. En ese año, una orden de Palacio habría dispuesto que se le nombre asesor de la entidad.
Junto con él habrían también entrado a COFOPRI Carlos Ramírez Aparcana, Carlos Cruzado, Luis Iparraguirre, César Sandoval y Juan Estela, la mayoría de ellos del entorno de María Jesús Espinoza. Siempre según Tronco, la virtud de estos nuevos funcionarios era su antigua militancia aprista o izquierdista -Iparraguirre, fue dirigente del PUM-, lo que los hacía duchos en invasiones.
Todo esto nada tendría de extraño (peores casos se han visto en el cotarro gobiernista). Pero ocurre que tener a un funcionario de COFOPRI, en medio de la ola de invasiones aún latente, como personero legal de la agrupación gobiernista es una humorada política de mal gusto. Es como para que se diga que los inscritos en la lista también eran bien COFOPRI.
Tronco incluso va más allá y hace una denuncia gravísima. Según él, parte de la labor de Rodríguez y otros funcionarios de COFOPRI habría consistido en hacer una operación electorera de marca mayor: usar la base de datos de los empadronados por esta institución hasta el año pasado (que desde 1996 suman más o menos 1 millón) para llenar los planillones de Perú 2000.
Esto lo habrían hecho en alianza con las oficinas de rentas de los municipios de Vamos Vecino. El asunto cobra cuerpo si se tiene en cuenta que, en efecto, un proyecto puesto en marcha en 1996 con el apoyo de 100 millones de dólares del Banco Mundial -inicialmente impulsado, de manera correcta, por el ILD- hizo que COFOPRI manejara el Registro Predial Urbano, en donde se registró a cientos de personas con nombre, libreta electoral y otros datos.
Cerca de 1 millón de personas se habrían inscrito desde 1996. La hipótesis, sombría, de Tronco es que toda esa información sirvió para llenar planillones de Perú 2000, gracias a la operación de una especie de comando formado especialmente para eso. ¿Fue así como se consiguió esa especie de aluvión de firmas oficialistas?
Tronco sostiene que fue así. En apoyo de su afirmación va el artículo aparecido en CARETAS 1598, en el cual el doctor Daniel Chuan -hoy candidato de la lista de Perú 2000- no supo explicar satisfactoriamente cómo consiguió el cerca de medio millón de firmas con las que inscribió a la lista oficialista.
¿Alguien recuerda profusos planillones de Perú 2000 corriendo, tal como ocurrió, casi con desesperación, en el caso de otros grupos políticos, cuya inscripción incluso quedó frustrada? Chuan hablaba de campañas de salud gratuitas realizadas por COCIPE (Comunidad Cívica Peruana), un nombre que hoy por hoy no explica nada.
Pero volvamos al señor Daniel Rodríguez y su doble función de personero legal de la alianza oficialista y asesor de COFOPRI. CARETAS comprobó que, en efecto, trabaja en la Gerencia de Campo de esta institución y al parecer es asesor de Jorge Arévalo, el máximo directivo de esa dependencia. ¿Está vulnerando la ley al fungir como promotor de títulos de propiedad y personero político a la vez?

Asesor Absalón Vásquez y congresista María Jesús Espinoza. Dúo dinámico.Seguido, Martha Moyano y Adolfo Ocampo, alcalde de San Juan de Miraflores. Parte del engranaje invasor, según Tronco.

La Ley Electoral vigente dispone, en su artículo 346, que las autoridades políticas o públicas están prohibidas de "practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato". Rodríguez no es autoridad, por lo que no podría caerle el jalón de orejas que en estos momentos se merecen algunos prefectos, generales o alcaldes.
Sin embargo, el inciso "a" del artículo 385 de la misma ley afirma que los "funcionarios o empleados públicos que, abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político o para la presentación de una candidatura...." serán reprimidos con penas privativas de la libertad de no menos de dos años ni más de seis
La frase "abusando de sus cargos" podría crear la controversia, aunque siguiendo la hipótesis de Tronco habría más de una razón para, por lo menos, disponer una investigación en torno a la presunta participación de los funcionarios de COFOPRI en un aluviónico trasvase de firmas. De hecho, ya resulta un abuso del sentido común que quienes reparten títulos sean los mismos que presentan listas de candidatos.
Podía tratarse de un elogio más a la frescura. O de un acto de soberbia superlativa. En todo caso, resulta indignante observar cómo, a medida que se acerca el día de los comicios, salen y salen más hechos que evidencian que la "mano negra" proviene de quienes ahora se rasgan las vestiduras.
El plan, al parecer, empezó a considerarse desde 1996. Tronco señala que parte del mismo también serían Martha Moyano, el alcalde de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo, y el incomparable Ricardo Chiroque (ver nota aparte). La idea central: promover las invasiones, culpar a otros y luego salir con el PROFAM.
El recurso sirve para lavar los fallos del régimen en el plano de la vivienda, uno de los puntos flacos de los últimos 10 años. Cuando en el '96 se crea el COFOPRI, quizás pocos se imaginaron que, 4 años después, éste sería el principal caballo de batalla electoral. Con un nuevo corcel llamado PROFAM y un jinete de apellido Rodríguez.

Deudas en Seco

El Proyecto Pachacútec tiene un arenoso pasado financiero

Primeros planes en Pachacútec. La primera etapa reportó deudas qu nunca se pagaron.

EN CARETAS 1327 se calificó al Proyecto Pachacútec como un elefante blanco. Motivos no faltaban: cuatro ex funcionarios fueron denunciados por irregularidades encontradas en febrero de 1992.
La arenosa historia de este proyecto habitacional comenzó el 31 de enero de 1991, cuando el ex ministro de Vivienda y Construcción, Guillermo del Solar, nombró a Enrique Alegre Salazar director del Proyecto en reemplazo del ingeniero Jorge Aparicio Mosselli. El proyecto contaba con un presupuesto de US$ 7 500 000.
Al año de haber asumido Enrique Alegre la dirección del Proyecto Pachacútec, se formó una comisión interventora presidida por el ingeniero César Muñoz Mathews. El 5 de febrero de 1992, el mismo día de creada la comisión, Enrique Alegre dejó la administración del proyecto.
Las obras quedaron paralizadas y las deudas sin pagar. Proveedores de materiales eléctricos, contratistas de obras, contratistas de equipo, instrumentos topográficos, todo quedó sin ser cancelado. El deudor: Ministerio de Vivienda y Construcción.
La deuda ascendía a 686. 440,5 dólares al cambio de la época cuando fusionaron, en mayo de 1992, el Ministerio de Vivienda y Construcción y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nadie quiso encargarse del muerto. La deuda quedó flotando sin un deudor existente.
Luego de más de un año y medio de paralizada la obra, y de estar bajo la lupa de la Comisión Interventora, cuatro funcionarios fueron denunciados. Mediante Resolución Suprema 404-93-JUS, la procuradora adjunta de asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Yolanda García Ureta denunció por peculado y concusión a cuatro funcionarios del Proyecto Pachacútec: Enrique Alegre, Jorge Aparicio Mosselli, Juan Vargas Dávila, Otto Cabrera Manrique y Aldo Salazar Samillán.
En noviembre de 1993 el 35 Juzgado de Instrucción abrió proceso con mandato de detención contra los cuatro funcionarios, pero éstos apelaron. El mandato de detención fue revocado, se cambió por el de comparecencia. La fiscal Julia Eguía archivó el caso un año después.
Este terreno de propiedad de Cordelica está siendo usado ahora para reubicar a los invasores de Villa El Salvador. Actualmente la deuda es de 1'068.407,6 soles, es decir 312.399,8 dólares, pero aún así, Cordelica está empeñada en ubicar en la ciudadela a los invasores.
Lo cierto es que la suspensión de este proyecto ha generado muchas deudas que pese a que fueron contraídas por el fusionado Ministerio de Vivienda, deben ser asumidas por el organismo que ahora posee el terreno: Cordelica. (Patricia Caycho)